La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) no fue sorpresa para nadie, ya se daba por contado que no se realizarían este año independientemente que el organismo electoral se hubiese pronunciado. Por el lado del chavismo se trataba de una decisión que el chavismo había justificado anticipadamente por la crisis económica del país, y la oposición concentrada en lo del revocatorio.
"Las elecciones regionales quedan establecidas para finales del primer semestre del 2017", dijo Lucena, presidenta del CNE, en una declaración televisada, sin ofrecer una justificación de la decisión. La Constitución estipula un período de cuatro años para las autoridades de los estados, que se cumple en enero del 2017.
Es más que obvio que, dada la baja popularidad del presidente Nicolás Maduro y de su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), golpeados por la aguda crisis que vive el país, estaría por detrás del aplazamiento los comicios que tendrían que realizarse a fin de año.
En las últimas elecciones regionales, celebradas en diciembre del 2012, los partidarios del "chavismo" ganaron 20 de las 23 gobernaciones en disputa. Pero según la mayoría de las encuestas, el panorama no sería el mismo si los votantes acudieran a las urnas en un clima de recesión económica, escasez de alimentos y una inflación galopante.
La presidenta del CNE también anunció además se fijaron elecciones municipales para el segundo semestre del próximo año, pero con estas elecciones no habría problemas pues se darían en las fechas estipuladas de acuerdo al vencimiento de los mandatos de los alcaldes en todo el país.
La respuesta de la oposición derechista era cantada. "Denunciamos ante el país y el mundo que esta decisión del CNE se inscribe en el peligroso marco de un régimen colocado claramente fuera de la Constitución", dijo la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en un comunicado. "El tardío cronograma anunciado revela la gravísima irresponsabilidad institucional que caracteriza el accionar de la mayoría pro oficialista del directorio del CNE", agregó.
Pero hay que destacar que estas declaraciones de la MUD es pura pose, pues en verdad en ningún momento han mostrado el más mínimo interés en que las elecciones regionales se realizaran este año, pues la llevaría a someterse a una serie de disputas internas habida cuenta de las fuertes divisiones que haría peligrar su frágil unidad.
A sabiendas desde hace mucho tiempo, como todo mundo en Venezuela, que los mandatos de los gobernadores vencían este año al cumplirse sus cuatro años, en ninguna circunstancia la oposición pujó para que se realizaran en la fecha prevista. Todo lo contrario, en una cuestión de conveniencias, los partidarios de la derecha venían haciendo la vista gorda con respecto a estos comicios.
Como se ve, así como al chavismo le conviene patear para adelante unas elecciones a gobernadores que en nada le favorecen, a la oposición también le convenía y de allí su gran silencio para venir hacerlo ahora en pose de “demócratas”. Como vemos, en cuestiones de “democracia” tanto el chavismo como la oposición de la MUD se pisan la cola.
Se trata de una medida bonapartista de modificar los calendarios electorales a conveniencias, que bajo la discrecionalidad del gobierno realiza el CNE, y frente a cualquier demanda ante la justicia electoral, allí estará el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para darle “constitucionalidad” a la decisión del organismo electoral. Una medida, que dicho sea de paso, le conviene a la oposición, más allá de que haya salido a “chillar” demagógicamente, en el marco de la consulta por el revocatorio.
¿Y el revocatorio?
Pero en sus declaraciones, la presidenta del CNE en ningún momento hizo algún comentario sobre el eventual revocatorio contra el Presidente Maduro. Si bien, ya hace más de un mes había indicado que por los tiempos que corrían, y que si la MUD cumpliese todos los requisitos y plazos legales, la consulta se llevaría a cabo el primer trimestre del próximo año.
Como es claro y notorio, tanto por las declaraciones del chavismo y del propio CNE, la no realización del revocatorio este año se ha sostenido con argumentos más que leguleyos, de tiempos y de trámites. La dilatación intencional de la realización de un referéndum para revocar el mandato de Maduro obedece a los mismos cálculos del gran peligro de perderlo, tal cual con la decisión que se ha hecho con la de los gobernadores para los que incluso no existe la mínima traba. Sólo que en el primer caso podría implicar la pérdida completa del gobierno si el chavismo saliese derrotado, y en el segundo, al serle desfavorable, una inestabilidad política mayor.
Pero tanto el revocatorio como las elecciones a las gobernaciones en los tiempos estipulados, son un derecho establecidos en la propia constitución. Aunque la oposición solo ha venido presionando para la realización del revocatorio este año con su objetivo de sacar a Maduro, y en este camino las elecciones a gobernadores se le transformaban en una traba en el camino.
Para el próximo 26, 27 y 28 de octubre está convocada oficialmente por el CNE la recolección del piso del 20% del padrón electoral (alrededor de 4 millones de firmas), por lo que la oposición se ha unificado, incluso con los que veían que el revocatorio no era el camino sino un forzamiento mayor en las calles por la renuncia de Maduro, encontrándose en plena campaña faltando apenas pocos días para la juntada de firmas.
La decisión de la oposición en volcarse con fuerza respondiendo con una ofensiva buscando transformar ahora la recolección de firmas de los últimos días de octubre en un plebiscito nacional, donde ya el 20% de las firmas no sería un fin en sí mismo sino de ir por más.
La MUD buscaría juntar más de las 4 millones de firmas, y no hay quien diga que el objetivo pueda estar en los 7 millones tomando en cuenta que de realizarse el revocatorio para ganarlo la oposición tiene que sacar un poco más de 7,5 millones de votos por el sí, número con el que fue electo Maduro en las presidenciales de 2013. Aunque alcanzar un número de esta magnitud se le transforma muy cuesta arriba a la oposición.
Este lunes por la noche, el Tribunal Supremo de Justicia anunció el dictamen que la recolección del 20% de las firmas debía hacerse por estados, y no tomando el país como distrito único tal como una elección presidencial, y que exigen la oposición. Un requisito no previsto en la Constitución, ni fue exigencia en el revocatorio del 2004 cuando se lo hicieron al entonces Presidente Chávez, así como tampoco en ninguna norma electoral vigente hasta el momento.
Es decir, si existiese un tan solo estado, aunque fuese el de menor población del país, y que allí no se alcanzase el piso del 20%, y aunque en todos los demás y a nivel nacional se superase de lejos los 4 millones de votos, no habría revocatorio ni en este ni en el año entrante. Como se ve, el chavismo busca incluso que el revocatorio no se realice ni en 2017; siendo que ya se está haciendo público las fuertes pujas internas en el PSUV por el cargo de la vicepresidencia, caso que el revocatorio se termine realizando el próximo año.
En Venezuela el cargo de Vicepresidente ejecutivo no es electo en la fórmula presidencial durante las elecciones sino que es colocado por el presidente de la misma forma que se designa a un ministro. Si el revocatorio se realiza el año entrante, y de perderlo el chavismo, el período presidencial lo completa el vicepresidente en ejercicio en el momento.
Aún hay mucho por verse en el país, y los próximos días vienen cargados de tensión. En toda esta situación, los invitados de piedra siguen siendo los trabajadores y el pueblo pobre, mientras los de arriba deciden unos destinos que lejos están en favorecerlos en medio de la agobiante crisis económica que recae sobre sus espaldas.
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