En su enfrentamiento con el grupo Clarín, el gobierno publicó un proyecto de ley "Argentina Digital" que busca actualizar el marco legal para las nuevas Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TICs). El proyecto permite a las telefónicas, brindar televisión y obliga a compartir las redes digitales (el cable o el "caño" digital que llega a los hogares). Al mencionar los alcances del proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado, Liliana Fellner, la senadora kirchnerista que preside la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación resaltó que “el negocio se abre para todos”.

Convergencia digital

Uno de los puntos más destacados es que se declara a las TIC como un servicio público esencial y estratégico. De esta manera se amplía la definición de servicio público, que ya existía con respecto a la telefonía fija, para el resto de la información digital. Se avanza en la separación de "infraestructura" de "contenidos". Es decir, se define lo que es una realidad dentro de las importantes transformaciones de las telecomunicaciones que están en pleno proceso de transformación, hacia la llamada convergencia digital, todo viaja de las misma manera (datos, teléfono, televisión) y por un único "caño digital".

El teléfono ya era servicio público (privatizado), esto ahora se extiende a las TICs. Lo que se hace es ampliar esta definición al actual universo del sistema de telecomunicaciones. Sin embargo estos servicios públicos esenciales y estratégicos siguen en manos privadas. El proyecto de ley introduce una mayor regulación del Estado pero le abre las puertas de un enorme negocio a las multinacionales telefónicas, que dieron sobradas muestras de brindar pésimos servicios, durante todos estos años producto de la baja inversión y la permisividad del gobierno con estas empresas.

Esto es como tener tres caños de agua para tu casa, uno por cada empresa. El manejo de las comunicaciones en manos del mercado y la famosa competencia, continuados por el actual gobierno llevaron al desastre de tener superposiciones de tendidos de cables en las áreas más rentables, falta de servicio en las menos rentables, enorme ganancias y baja inversión o vaciamiento. Lo que resultó en servicios deficientes y un enorme derroche de recursos.

La nueva ley establece que se compartan las redes (un único caño), la posibilidad de regular tarifas y fijar una velocidad mínima. Pero como lograrán que las privadas a cargo de servicios públicos, realicen inversiones sin esperar alta rentabilidad y pésimos servicios. No por nada las telefónicas son unas de las empresas más odiadas por la población.

¿Regulando al capital?

La infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país, es una de las más atrasadas del continente. Producto del saqueo y baja inversión realizado durante todos estos años. La banda ancha y la telefonía e internet móvil, sufren un enorme atraso con respecto a la región con las frecuencias 3G colapsadas y el nuevo negocio del 4G listo para ser aprovechado, etc. Resultando alta tarifas y pésimo servicio en un sector altamente rentable.

¿Será entonces la competencia regulada por el Estado motor de un salto en calidad y tarifas económicas? La misma promesa se enarbolaba con la privatizaciones primero y luego cuando se les permitió compartir las redes telefónicas a Telecom y Telefónica para "competir"... ¿y la Ley de Medios? Los resultados están a la vista. ¿Se puede confiar en que las telefónicas y el grupo Clarín brindarán el mejor servicio con tarifas populares?

Otro de los aspectos claves de la ley es determinar quien regula. Se le da un mayor poder de regulación a la llamada "Autoridad de Aplicación en materia de acceso e interconexión" , que según la ley será designada por el poder ejecutivo. Muchas de estas implicancias dependerán de la reglamentación de la ley y de las evasivas que intenten los distintos grupos ante cualquier intento de regulación, para seguir manteniendo sus respectivas ganancias como lo viene haciendo el grupo Clarín con la Ley de Medios. Manteniendo la infraestructura en manos privadas, todas las armas para defenderse ante intentos de regulación continúan en manos de las empresas. ¿puede esperarse a pesar de esto una regulación que cuestione sus ganancias de un gobierno que se define como pagador serial de la deuda y garante de que les telefónicas se la hayan llevado en pala llevando las telecomunicaciones a uno de los mayores atrasos del continente?

Servicios públicos esenciales... ¿en manos de quién?

Está más que claro que las TICs, son un servicio público esencial y estratégico. Se ha convertido en un bien de primera necesidad, es un bien necesario, afectando, el bolsillo de los trabajadores y sectores populares. Son uno de los sectores más rentables y claves para el desarrollo nacional, así como las autopistas o los ferrocarriles. Posibilitan mejoras en la economía, en la educación, en la cultura y en la seguridad de las comunicaciones. Justamente por todos esto, los servicios públicos esenciales y estratégicos como las telecomunicaciones no pueden estar en manos privadas.

Es posible un servicio público de alta calidad y tarifas populares, gratuitas para la mayor parte de la población, en base a la nacionalización de todo el sistema de telecomunicaciones que está en manos privadas y un plan de obras públicas que desarrolle una verdadera red de telecomunicaciones pública y gratuita para la población. El financiamiento, tiene que venir de estos grandes capitales como las telefónicas, que se llevaron enormes ganancias durante estos años. Los trabajadores de las telecomunicaciones junto a los usuarios de las redes pueden llevarlo adelante.