La policía brasilera arrestó este miércoles (19) por corrupción a Eduardo Cunha (PMDB-RJ), el ex presidente de la Cámara de Diputados que impulsó el impeachment contra la mandataria Dilma Rousseff.
Eduardo Cunha, cuyo mandato fue anulado el pasado 12 de septiembre, responderá por siete supuestos crímenes vinculados a los esquemas de corrupción en Petrobras. Son imputaciones por corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión de divisas, involucrando sobornos en el caso de la compra de derechos para la exploración de los campos de petróleo, en Benin, en África, y el descubrimiento de cuentas del exparlamentario en Suiza.
La principal acusación contra Cunha se refiere a que, entre 2010 y 2011, habría cobrado y recibido para él y terceros 5,2 millones de reales y más de 1,2 millones de francos suizos por su “actuación indebida” en la compra de derechos para la exploración del campo de petróleo de Benin. Las otras seis imputaciones criminales son por lavado de dinero (3) y evasión de divisas (3), por el ocultamiento de valores en cuentas de trust y offshores y el envío de valores de forma ilegal a Suiza.
La denuncia criminal contra Cunha fue originalmente presentada por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot el 3 de marzo, cuando aún era diputado y presidente de la Cámara. Fue presentado al Supremo Tribunal Federal (STF), corte responsable por juzgar personal con fueros privilegiados. La denuncia fue recibida por el ministro Zavascki, relator de la Operación Lava Jato en el Supremo Tribunal, el pasado 22 de junio. Cuando el 12 de septiembre Cunha pierde sus fueros parlamentarios, Zavascki decidió inmediatamente delegar los informes del proceso a Sérgio Moro.
Moro perdona los crímenes electorales de Cunha
La denuncia original del Procurador General de la República Janot contra Cunha lo imputaba por un octavo crimen: el de falsedad ideológica para fines electorales. En el registro de sus candidaturas como diputado, en 2009 y 2013, habría omitido al Tribunal Superior Electoral (TSE) los valores guardados en tres cuentas del banco Julius Baer, en Suiza. Sin embargo, el juez pro imperialista Sérgio Moro “perdonó” los crímenes electorales de Cunha, afirmando que son competencia del TSE.
Nada más falso. El intervencionismo del Ministerio Público Federal y del Supremo Tribunal Federal en las elecciones fue enorme. En todos los casos, se otorgaron privilegios a corruptos confesos y algunos ya condenados. Caso ejemplar fue el del diputado federal del PRB, Celso Russomanno, candidato a intendente por San Pablo. Con pruebas evidentes, el Supremo Tribunal Federal lo absolvió para que pudiera participar libremente del proceso electoral. Esta decisión no se modificó ni cuando la Operación Alba Branca – que investiga las mafias vinculadas a las meriendas escolares en San Pablo – dio a conocer grabaciones telefónicas en la que los involucrados mencionan literalmente el nombre de Russomanno como “el socio más joven” de los mafiosos.
Todo el proceder de los fiscales del Ministerio Público y de la Operación Lava Jato en Curitiba, dejan en claro que el objetivo de la Operación es sustituir un esquema de corrupción con rostro petista por otro con rostro de la derecha, fortaleciendo el poder judicial como árbitro autoritario de la política nacional para implementar los ataques que el gobierno golpista de Temer no logra realizar solo, como la reforma laboral. | 
