Miles de docentes, estudiantes y familias rechazan las evaluaciones estandarizadas que impulsa el gobierno de Macri. El martes hubo paro activo en varias provincias y en las seccionales combativas del Suteba y boicot en el resto del país.
El Gobierno nacional intentó implementar una evaluación estandarizada a estudiantes de sexto grado de la escuela primaria y quinto o sexto año de la escuela secundaria (y en algunos casos de tercer grado y segundo/tercer año), siguiendo las recomendaciones para educación del Banco Mundial (BM).
Esta evaluación busca responsabilizar a los docentes de la crisis educativa y generar una competencia o ranking de escuelas favoreciendo a aquellas que tengan mejor resultado o rendimiento con estímulos económicos, como ya se ha hecho en otros países donde se utilizan las pruebas estandarizadas, como en Estados Unidos o México, y este modelo del BM.
La respuesta de docentes con paro activo en seis provincias, tomas de colegios secundarios, ausentismo y tachaduras en los cuestionarios, el rechazo de docentes, estudiantes y familias fue la respuesta más escuchada.
A pesar de la pasividad cómplice de la conducción de Ctera, que se limitó a emitir pronunciamientos por la suspensión del operativo, el rechazo se extendió por todo el país. En Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro hubo paro activo, al que también convocaron Amsafe Rosario y los Suteba opositores en sus provincias. En el resto de las provincias los docentes impusieron por abajo el boicot con renuncias a ser aplicadores y desarrollando una profunda campaña para que las familias y los estudiantes se sumen al rechazo. En el caso de las familias el rechazo también fue masivo. No enviaron a sus hijos o escribieron notas para no autorizarlos a responder los cuestionarios.
Por su parte, los estudiantes también han dado la nota. Por medio de charlas, asambleas y tomas de colegio se han pronunciado contra estos exámenes y se negaron a ser cómplices de esta farsa de evaluación educativa. La modalidad más extendida ha sido la de romper o tachar los cuestionarios, dado que los límites de asistencia dificultaban las otras modalidades de boicot.
La magnitud del rechazo y boicot de docentes, estudiantes y familias, sumado a las filtraciones de los cuestionarios, impiden que el Gobierno pueda utilizar seriamente estas evaluaciones para justificar ataques a la educación pública. Sin embargo, sólo redoblando las campañas y superando la pasividad cómplice de la conducción de Ctera se podrá terminar de derrotar estas reformas vía evaluación estandarizada. | 
