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Una mala tarde de toros. Ese fue el detonante de la primera revuelta popular en Barcelona de la edad contemporánea. Fue el 25 de julio de 1835 y ese día, en la plaza de toros de madera instalada en el barrio de la Barceloneta, los diestros decepcionaron al público. Los altercados sucedidos a la salida de la plaza se radicalizaron y se politizaron rápido al llegar noticias de la muerte de varios jóvenes en choques con los carlistas. Así comenzó un levantamiento que se llevó por delante al gobernador, varias fábricas y los primeros conventos que arderían en la ciudad.
Más de un siglo y medio después, la tauromaquia puede volver a ser el detonante de un nuevo choque, esta vez entre el Estado central y la Generalitat. Eso sí, con un sentido diametralmente opuesto. Con el pasar de los años la lidia ya no es el símbolo de los liberales -frente a los rejones, lidia a caballo, con la que se asociaba a la nobleza y el absolutismo-, si no el símbolo del atraso cultural y una tradición con cada día más rechazo social por estar basada en una terrible tortura animal.
Pero además, sobre todo si nos referimos a Catalunya, las corridas de toros son también consideradas el símbolo del españolismo más rancio, por lo que su prohibición en esta comunidad el 28 de julio de 2010 (vigente desde enero de 2012) no puede entenderse ni interpretarse si no es al calor de la emergencia de la cuestión catalana. Ese mismo mes de julio tuvo lugar la masiva manifestación contra la sentencia del Constitucional contra el Estatut, que es considerada como el antecedente directo de la Diada del 2012.
Ayer se conocía la decisión de este Tribunal, convertido en los últimos años en la punta de lanza de la ofensiva españolista contra el proceso catalán, de anular la prohibición de las corridas de toros en Catalunya. Según dicta la sentencia, la ley catalana aprobada a instancias de una Iniciativa legislativa Popular, invadiría competencias estatales referidas a cultura, al haber el Estado declarado la tauromaquía, con dos leyes en 2013 y 2015, patrimonio cultural inmaterial, y por lo tanto competencia central.
Esta nueva decisión es sin duda una nueva injerencia centralista y una auténtica provocación del bloque españolista -encabezado por el PP, dos de cuyos senadores presentaron en su día el recurso, Cs y el PSOE, junto al Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- contra el llamado “procés”. Y justo por ello las reacciones de parte de los partidos catalanes no se han hecho esperar.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, anunció que "no volverá a haber corridas de toros en Catalunya diga lo que diga el TC" y aseguró que se harán usos de todos los mecanismos normativos del govern para que prevalezca "la voluntad del pueblo de Catalunya". El diputado de JxSí Ferran Civit se ha pronunciado en el mismo sentido dejando claro que "iremos a la nuestra, porque lo primero es la democracia y no las sentencias que dicte el TC" y, como de tradiciones va el asunto, lamentando que el Constitucional pretenda "imponer la tradición de que, cualquier ley aprobada en el Parlament y que signifique un avance democrático y social, se tumbe".
El secretario de Hacienda y dirigente de ERC, Lluís Salvadó, no se ha mostrado muy sorprendido por la decisión declarando que "es obvio que el TC nunca pierde una oportunidad para agredir la legitimidad del Parlament".
Desde la CUP, por medio de su diputada Mireia Boya se ha pedido al govern que se desobedezca esta nueva sentencia del Alto Tribunal: "Estamos hartos de que el TC toree este país. Estamos hartos de las estocadas que la justicia española politizada hace al Parlament (…) Si este Parlament es soberano, ahora nadie se puede plantear que los toros puedan volver. Estamos hartos de estocadas".
Desde el espacio de los “comunes” también se ha rechazado la sentencia. Catalunya Sí Que Es Pot ha emitido un comunicado en el que aseguran que "no se detendrá" ni dará "ni un paso atrás" en la defensa de la prohibición de los toros. Eso sí, en la línea de rechazar cualquier acción de desobediencia o unilateralidad, ha instado a acudir a instancias y tribunales internacionales "para mantener la ley en vigor".
La Alcaldesa de Barcelona ha realizado una comparecencia pública, acompañada del portavoz de CiU, Xavier Trias; el del PSC, Jaume Collboni; el de ERC, Alfred Bosch, y la concejal de la CUP Maria Rovira. Allí ha anunciado que trabajarán para dejar sin efectos la sentencia del Constitucional, recordando que Barcelona se declaró como ciudad antitaurina ya en el año 2004.
Hasta el PSC de Iceta, tal vez en un intento por separarse del “nuevo” PSOE de la gestora que se prepara para entregarle el gobierno a Rajoy, se ha tenido que sumar a su manera al rechazo a la decisión del TC. El socio de gobierno de Colau en el Ayuntamiento, Collboni, se ha mostrado más condescendiente con la actitud a tomar ante la sentencia. Ha dejado claro que ésta deberá cumplirse, aunque puntualizando que se buscarán las maneras legales para evitar que vuelva a haber corridas en la ciudad. Una actitud similar a la del diputado del PSC en el Parlament, Jordi Terrades, que ha asegurado que acompañarán al Govern en su búsqueda de vías legales para oponerse a la sentencia.
Estará por verse si será otra vez por una mala tarde de toros (pero ¿acaso puede haber una buena?, para el toro nunca) la que encienda de nuevo la ira y la movilización social contra la ofensiva españolista. Seguramente desde la Generalitat y los ayuntamientos se buscarán los mecanismos normativos para evitar que se vuelva a lidiar en suelo catalán. Pero si finalmente la sentencia del TC logra imponerse es probable que se termine acatando, como ha sucedido hasta ahora con todas las sentencias del Alto Tribunal. Tal vez sería un buen, y bonito, comienzo para desatar la movilización social postergada sine die por el “procesisme” y sin la cual ni la ley contra las corridas, ni contra la pobreza energética, ni mucho menos el referéndum, se podrán conseguir. |
