Fotografía: Producciones y Milagros Archivo Feminista.
En este marco se inscribe la tragedia del asesinato y desaparición de mujeres en México. Según cálculos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) entre 2012 y 2013 se cometieron aproximadamente 2.299 femicidios en México. Este no es un fenómeno reciente, se registran femicidios al menos desde 1985. Solo entre ese año y 2009 fueron asesinadas 34.000 mujeres en México.
El asesinato es solamente el último y más trágico eslabón de una cadena de violencia. En México, el 80% de las mujeres ha sufrido violencia laboral, familiar o institucional. A menudo no se realizan las denuncias por miedo, por vergüenza o porque la naturalización empuja a soportar maltratos y abusos. El 29% de las mujeres no denuncia porque no le parece algo significativo; el 18% teme por sus hijas e hijos, el 14% tiene vergüenza, y otro 14% por miedo a represalias.
El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Contra la Discriminación de las Mujeres señaló que en México (y podría replicarse en proporciones similares en América Latina) casi el 50% de las mujeres sufrió violencia de parte de sus familiares, pareja o expareja. El 42% de ellas fueron encerradas o amenazadas de muerte; el 24,5% no puede trabajar o estudiar por amenaza de padres, parejas o familiares varones; el 13,5% fueron golpeadas, atadas o agredidas físicamente por su pareja, y el 7,3% fueron obligadas a tener relaciones sexuales. Esto reproduce y refuerza la violencia y, sobre todo, la naturaliza. Salvo cuando se trata de casos con repercusión nacional, sus consecuencias son silenciadas.
Quizás el caso más emblemático es el de Ciudad Juárez, donde entre 2008 y 2012 fueron asesinadas 10 mil mujeres. En Juárez, la saña contra las mujeres (cuyos cuerpos aparecen desollados y mutilados) desnudó el carácter patriarcal de esa violencia. Y al mismo tiempo, puso en evidencia la relación estrecha entre ese fenómeno brutal y la violencia estatal. Mientras crecían los femicidios, aumentaban las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Otro emblema de la violencia (esta, en manos directas del Estado) fue la represión de Atenco en 2006, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Las autoridades emprendieron una represión salvaje contra el pueblo de San Salvador Atenco, que defendía sus tierras. El saldo fue: 2 personas muertas, 200 detenidas, no se pudo contabilizar la cantidad de heridos, doce personas pasaron cuatro años en la cárcel (hasta que la Corte Suprema los absolvió producto de denuncias y movilizaciones), y decenas de mujeres vejadas, humilladas y violadas por efectivos policiales.
La violencia contra las mujeres de Atenco y el hecho de que las violaciones fueran perpetradas por efectivos policiales hizo el mensaje de castigo y disciplinamiento explícito física y políticamente. La violencia no acabó cuando terminaron de violarlas, continuó en el silenciamiento de sus denuncias, las ignoraron y se llegó a decir que mentían. Ni un solo policía, ni un solo funcionario, nadie fue castigado. El crimen está impune, grabado en las mujeres, en el pueblo de Atenco y en la indignación de todo México.
El camino denunciado en Iguala ya fue transitado por el Estado mexicano, en primera persona o en sociedad con el narcotráfico (cuyas alianzas trepan hasta las esferas más altas del poder). Las mujeres conocen muy bien ese camino de violencia, muerte y silencio. Pero no se resignan a la barbarie y se organizan. Lo hacen en Juárez para buscar a las suyas, lo hicieron en Oaxaca cuando el pueblo entero se rebeló y puso en pie la Comuna, lo hacen hoy como parte del sindicato del magisterio que vuelve a enfrentar el autoritarismo del régimen. Y lo hacen al frente del grito que ya se volvió rebelión: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. |
