En la tarde del jueves 20 se realizó la última jornada dedicada a los alegatos en el juicio a los siete policías involucrados en el abuso sexual a una joven trans, Celeste, ocurrido en noviembre de 2013. El tribunal de la sala III –Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto, Fabián Fradejas– escuchó durante un lapso de cuatro horas a las defensas de los policías Rubén Ernesto Aguirre, Walter Francisco Trejo, Aldo Omar Quiroga, José Luis Décima y Roberto Antonio Gallardo. En el día previo lo habían hecho las defensas de Miguel Antonio Concha y Ramón Julio César Ledesma.
La fiscal Estela Giffoniello solicitó diferentes penas de prisión: 15 años para Ledesma, 10 años para Aguirre y Trejo, 8 años para Concha, 6 años para Quiroga y Décima. En el caso del oficial Gallardo se pidió una inhabilitación de un año y una multa.
De acuerdo a lo dispuesto por el presidente del tribunal la próxima audiencia será el jueves 27 a las 9. Allí se espera que dos imputados dirijan al tribunal sus últimas palabras (cinco de ellos ya lo hicieron) para luego pasar a deliberar el fallo. “La deliberación va a ser larga”, adelantó Ibáñez.
Culpar a Celeste
Como era de esperar, los abogados solicitaron la absolución de sus defendidos. Sin escatimar en laberintos verbales, los letrados plantearon que “el hecho no existió” y subieron la hostilidad de sus palabras con respecto a Celeste.
Roberto Flores, defensor de Aguirre, recurrió a la provocación al decir en presencia de Celeste que su madre “temía por su hija discapacitada”, cuando en diferentes tramos del debate se hizo clara mención a un hermano menor de la joven. Además de una exposición meramente doctrinaria, Flores recurrió a un caso en Alemania para afirmar que “si no hay lesiones de resistencia, no hay violación”. Un argumento similar empleó el abogado Gangarrossa, defensor de Quiroga.
Bernardo Enrique Torti, defensor de Trejo, volvió a culpabilizar a Celeste. Torti definió a Celeste como “adicta, manipuladora, agresiva, atrevida” y le achacó el hecho de ignorar el nombre de los presos que la violaron. Además planteó, “¿acaso no pudo decir ‘socorro’, ‘auxilio’, alguna palabra?”.
En un tramo de su alegato, Julieta Jorrat, abogada de Gallardo, también apuntó contra Celeste. Con vehemencia, sostuvo que Celeste “pudo aplicar resistencia” ante los abusos sexuales “porque tiene más fuerza que cualquiera de nosotras primero, porque consume droga” (¡!). “Debería haber gritado”, insistió.
Defender la violencia policial
La mayoría de los abogados de los policías –Cergio Morfil, Roberto Flores, Bernardo Enrique Torti, Julieta Jorrat– son reconocidos por asumir la defensa de policías involucrados en diferentes delitos, narcotraficantes y personas vinculadas a las redes de trata. Entre los últimos defendidos de Morfil estuvo Mondino Becero, policía condenado a cadena perpetua por el asesinato de Ismael Lucena. Flores defendió al “Chenga” Gómez, condenado por la desaparición de Marita Verón. Actualmente, Jorrat participa del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia como defensora de José Luis Figueroa. Jorrat fue concejala del bussismo en Las Talitas, cuando su madre Teresa le cedió su banca en 2003, pero en 2011 se candidateó por la intendencia respaldando la candidatura a gobernador de José Alperovich.
De conjunto, en los alegatos pronunciados por estos abogados se dedican varios párrafos en defensa del accionar de las fuerzas policiales. Esta vez, los alegatos partieron de una defensa de las contravenciones, una herramienta policial para realizar detenciones arbitrarias heredada de la dictadura.
En la audiencia del 12 de octubre, el oficial José Luis Sánchez admitió que la detención de Celeste en el interior de su domicilio fue “blanqueada” con una contravención por desorden en la vía pública. Aunque la fiscalía de instrucción le ordenó no tomar medidas privativas, Sánchez y sus superiores acordaron en aplicar una contravención. Los testigos de la supuesta infracción fueron los mismos policías que la detuvieron ilegalmente a Celeste desde su domicilio.
En su alegato, Flores sostuvo que “es una práctica a diario de la prevención policial” realizar detenciones por infracciones arbitrarias como el “desorden en la vía pública” donde la policía queda como juez y parte. Reconociendo que era “una mala práctica”, sostuvo que hay pleno conocimiento del Poder Judicial y el Ejecutivo de lo que sucede con las contravenciones.
Por su parte, Jorrat defendió a las contravenciones “a pesar” de haber sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. “Es el único medio para mantener la orden y la seguridad. Son los márgenes legales que tiene la policía, ¿por qué vamos a atacar una contravención?”, planteó.
Mensualmente un aproximado de 500 personas son detenidas por contravenciones y la mitad de ellas cumple el arresto de siete días. Muchas de las detenciones son realizadas en el marco de procedimientos mediáticos para mostrar “un combate contra el delito” y estadísticas “eficaces”. Además, las detenciones por contravenciones también sirven como “margen legal”, parafraseando a Jorrat, para las razias en las barriadas populares, como parte del control territorial policial.
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