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Desde que la semana pasada el proyecto del Gobierno nacional para introducir cambios en la normativa que rige a los fiscales de todo el país obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados; se desataron innumerables discusiones.
Obviamente, casi todas esas discusiones se producen a espaldas de los millones de trabajadores y trabajadoras del país que día a día se ven atravesados por la inflación, el desempleo, la carestía de la vida y el ajuste.
Todos los analistas, sean macristas o antimacristas, identifican al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal como un intento de expulsar “por las buenas” a la jefa de los fiscales, la Procuradora General de la Nación aliada del kirchnerismo Alejandra Gils Carbó. Sin embargo las “buenas” no parecen ser tales, a juzgar por las crisis que generó el proyecto incluso dentro de la misma coalición de gobierno.
De todos modos, limitar la discusión a la pelea con Gils Carbó sería un error. En verdad el proyecto oficialista va un poco más allá y busca profundizar la injerencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la orientación y gestión del Poder Judicial. Como planteó en su dictamen de minoría la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman, la verdadera intención del macrismo es “reforzar los mecanismos de sujeción a los gobiernos de turno y mantener una justicia adicta y un MPF domesticado”.
“Cambio” y “renovación”
La discusión sobre cuánto está dispuesto a hacer el Gobierno para “sacarse de encima” cuanto antes a Gils Carbó es materia de debate en todos los medios masivos por estas horas. Sin dudas Macri quiere que la procuradora abandone su puesto. Pero en su proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, además de buscar limitar la gestión de Gils Carbó, se pretenden realizar una serie de modificaciones que cambiarían mucho más que un puesto de mando.
Por eso en las últimas horas fueron muchas las voces críticas que cuestionan gran parte del proyecto. Y de hecho el propio Gobierno debió salir a “aclarar” algunos puntos y hasta retrocedió en otros.
Por caso, según se supo, desde el PRO, la UCR, el Frente Renovador y el peronismo se analiza introducir modificaciones “sensibles” a la letra del proyecto que salió de las comisiones la semana pasada, a partir de diversas quejas presentadas por actores tan diversos como las Abuelas de Plaza de Mayo y la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió. Valer recordar que el acuerdo entre Cambiemos y el massismo fue esencial para que mañana el proyecto pueda votarse.
El oficialismo corregiría, por ejemplo, algunas “omisiones” del proyecto como la mención a las Unidades Fiscales de violencia de género (UFEM) y de la AMIA en la nómina de unidades especiales. Y también cambiaría el requisito de cinco años de antigüedad como fiscal para desempeñarse al frente de cada Procuraduría o unidad especializada, ya que si ese requisito se transforma en ley prácticamente todos los jefes de fiscalías especiales deberían renunciar.
Está en discusión qué pasará con Gils Carbó si se vota finalmente que quien esté al frente de la Procuración General debe hacerlo por un plazo de cinco años con posibilidad de prórroga por otros cinco años. La discusión es que la actual procuradora asumió el cargo con una normativa previa, por lo cual no debería caberle la “retroactividad” legal. Eso, entre otras cosas, según analistas de cuestiones legales será materia de disputas judiciales con alcances inimaginables.
Lo que sí parece que se hará ley (gracias al acuerdo entre el macrismo y el massismo) es la injerencia directa del Poder Lagislativo en cuanto a designaciones y manejo de fiscalías y fiscales. El dato sobresaliente en ese sentido es que, aún si haberse votado nada, ya se sabe que una Comisión Bicameral presidida por Graciela Caamaño (FR) será la encargada de ordenar las funciones y hasta revocar mandatos en el MPF.
Y el Poder Ejecutivo también tendrá una intervención directa en las fiscalías, mediante la actuación directa del Consejo de Seguridad Interior en el gobierno de la Procuración General. Incluso ese Consejo tendrá a su cargo la determinación de los lineamientos de la política de persecución penal del Ministerio Público Fiscal.
Así, como denuncia la diputada Bregman en su dictamen de minoría, “están creando un títere que con mayoría simple de Diputados lo pueden remover, además de que pueden mover los fiscales como quieran”.
Los cuestionamientos al proyecto son múltiples. Desde Página 12 a La Nación. Desde Abuelas de Plaza de Mayo a Carrió. Unos cuestionan el carácter autoritario y nada progresista de muchos de los artículos. Otros cuestionan la fachada poco “cívica” y “republicana” de un texto en pos de batallar contra los resabios kirchneristas que habitan en tribunales y fiscalías.
En las últimas horas Elisa Carrió hizo público su cuestionamiento al proyecto tal como salió de las comisiones. Para ella, según voceros de la Coalición Cívica, “el mecanismo constitucional para remover a la procuradora es la destitución por los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, y no un acuerdo corporativo y la redacción de una ley inconstitucional”. Estos “matices” entre referentes nacionales de Cambiemos no pueden más que debilitar el origen mismo de una norma pretendidamente transformadora.
Política de castas
Mañana en el recinto Myriam Bregman intervendrá defendiendo su dictamen de minoría, el cual anticipa su “rechazo total del proyecto” por considerar, entre otras cosas, que ni siquiera contó con discusiones mínimas “en las reuniones de asesores ni de Diputados”.
Para la diputada del PTS-FIT el dictamen de mayoría expresa “una clara intencionalidad de hacer pasar esta avanzada reformadora a cuentagotas y sin que se pueda apreciar de conjunto la profundidad de lo reaccionaria de la misma. Ante cada nuevo proyecto que se nos convoca a discutir señalamos el mismo alerta. Al ser parcial, no se puede debatir de conjunto este programa sino que se parcializan las discusiones quedando por lo general el debate enmarañado en cuestiones técnicas”.
Por eso, lejos de propuestas realmente progresivas como serían la elección por voto popular de jueces y fiscales y el juicio por jurados, Bregman denunciará la intención de los partidos mayoritarios de “reforzar los mecanismos de sujeción a los gobiernos de turno y mantener una justicia adicta y un Ministerio Público Fiscal domesticado”.
Pero la diputada va un poco más allá. “No sólo estamos ante la manifestación de una política reaccionaria sino que además estamos en presencia de una aberración jurídica”, dice Bregman. Y lo hace en referencia a que, mientras el proyecto macrista elimina unidades fiscales como la de violencia de género propone crear otras como la de “Terrorismo”. “Ni siquiera en el plano internacional hay una definición de terrorismo”, denuncia, y se pregunta “¿qué actos son los que el Estado busca criminalizar? ¿Terrorismo son los twits de dos jóvenes ingenuos que bromean por las redes?”.
Así las cosas, mañana en la Cámara Baja se escucharán justificaciones de las más insólitas por parte de diputadas y diputados del PRO, radicales, peronistas y "renovadores". Cada quien buscará convencer no se sabe a quién de que el proyecto en discusión es el mejor posible para avanzar en una justicia "independiente".
Pero a juzgar por el fuego cruzado y hasta el fuego amigo lanzado al aire por esta horas, no está dicho que las pretensiones macristas vayan a llegar a buen puerto. | 
