El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó en 2014 10,943 niñas y niños no acompañados que fueron detenidos y en 2015 20,368, mientras que entre enero y agosto de 2016 se han reportado 9,698 migrantes de 12 a 17 años y 1,098 de cero a 11 años.
Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 70% de las detenciones se realizan en los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco, y 97.6% de las niñas, niños y adolescentes provienen de El Salvador, Honduras y Guatemala.
En este documento se reconoce que no hay registros certeros del número de menores no acompañados, y que se crean así las condiciones para que se violen sus derechos humanos y sean vulnerables a violencia y abusos, así como de ser captados por el crimen organizado.
Asimismo, se destaca que de los 36,174 niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados detenidos en 2015, sólo 12,414 “fueron canalizados a alguno de los albergues de los Sistemas de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), municipales o estatales, lo que significa que prácticamente en 68% de los casos son detenidos en los mismos espacios y bajo las mismas condiciones que los adultos”.
Como conclusión de su informe, la CNDH ha emitido una recomendación: que se modifique el Programa de la Frontera Sur, financiado por el gobierno de Estados Unidos a través del Plan Mérida y también propone diseñar un programa migratorio que “busque fortalecer la colaboración de los distintos gobiernos involucrados” de Centroamérica, México y Estados Unidos, “donde el tema central tiene que ser la dignidad de las personas”.
La realidad es que las recomendaciones de la CNDH -una institución cuestionada por la alineación con el gobierno ante graves violaciones a los derechos humanos, como la de Tlatlaya, y también por escándalos de corrupción- no son vinculantes, o sea, el organismo que reciba la recomendación no tiene obligación de aplicarlas.
La cuestión migrante y Estados Unidos
Los planes neoliberales aplicados en Centroamérica y México que hundieron en la miseria a parte importante de la población de la región, la militarización, la extensión de la violencia provocada por el crimen organizado y las fuerzas represivas son los principales factores que impulsan la migración de millones a un viaje desesperado y peligroso hacia el gigante del norte. Son los sucesivos gobiernos estadounidenses los responsables de las olas migratorias desde la región hacia el gigante del norte.
Republicanos y demócratas, que hoy disputan la presidencia de Estados Unidos, han mantenido una política dura hacia los migrantes, entre cuyas medidas se cuentan la criminalización, el encarcelamiento y la deportación de millones de personas. Por algo Barack Obama se ha ganado el nombre de “Deportador en jefe”.
Pero también, como decíamos arriba, el Plan Frontera Sur es parte de la función de México como “estado tapón” para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Un plan que pone en riesgo la vida y la libertad de hombres, mujeres, niños y niñas que transitan caminos escabrosos, expuestos a la violencia de los carteles del narco, así como de policías -como en el caso de Chiapa de Corzo-, militares, marinos y agentes migratorios.
Para poner un alto a la violencia contra los migrantes, es indispensable que la clase trabajadora multiétnica estadounidense, la de México y la de los países de Centroamérica, se una contra la militarización y por la libre circulación de personas a través de los países de la región. | 
