Fotografía:elintransigente
La polémica generada por el proyecto oficialista de reforma de los mecanismos de conducción y funcionamiento del organismo que nuclea a los fiscales de todo el país, se agudizó ayer cuando la dirigente de la Coalición Cívica aseguró que, a pesar de sus cuestionamientos al proyecto de ley, “los integrantes de Cambiemos optaron por acordar con Massa”.
La acusación, lanzada a tan sólo dos días del relanzamiento de la Mesa Nacional de Cambiemos, puso en jaque los planes del macrismo y es un golpe al Gobierno por parte del “fuego amigo”.
Es que el proyecto había logrado obtener dictamen favorable en las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda gracias al acuerdo logrado con el Frente Renovador de Sergio Massa, con el peronismo disidente del Bloque Justicialista y con el GEN de Margarita Stolbizer.
Así es como, a pesar del arduo “trabajo” del lobby parlamentario para lograr el dictamen favorable, el proyecto será retirado del orden del día de la sesión de hoy y será “rediscutido” para incorporar una serie de modificaciones.
Parece ser que el sueño de Cambiemos de lograr una Justicia propia y reemplazar a Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación quedó expuesto por la frágil unidad de la alianza gobernante.
El frágil equilibrio de Cambiemos y el 2017
Carrió se encargó de objetar dos puntos fundamentales. Por un lado, que la duración del mandato para estar al frente de la Procuración, establecida en cinco años, tendría como único objetivo desplazar a Gils Carbó de su cargo ya que vencería en agosto de 2017, sin la necesidad de atravesar un juicio político. Esta última es la única alternativa para removerla que consideran desde el riñón de la diputada chaqueña, ya que insisten en la “probada comisión de delitos” y “excesos en sus funciones” de la jefa de los fiscales.
El otro punto señalado son las atribuciones que tendría la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, que estaría presidida por la diputada massista Graciela Camaño. Las mismas establecerían un “control excesivo” sobre la Procuración, lo que es visto como una subordinación a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
En defensa de una supuesta “independencia de poderes”, el ataque de “republicanismo” de Carrió esconde también otros motivos: de fondo, y mucho más allá de las modificaciones para lograr una Justicia aún más adicta, está en juego el equilibrio de poder que Cambiemos logró conquistar durante todo este año y que se pondrá en juego en las elecciones del año que viene.
Es por ese mismo motivo que la designación de Camaño para presidir la comisión bicameral y que por allí pasen todas las designaciones de fiscales, procuradurías especializadas y las once direcciones generales del Ministerio Público Fiscal encendió la alarma en las filas de la Coalición Cívica.
De esta forma, la interna de la alianza gobernante plantea un nueva pelea en este inestable equilibrio. “No quiero cambiar una mafia por otra”, sostuvo de manera tajante la líder de la Coalición Cívica, aunque es difícil a esta altura asegurar a cuál de todas se refiere.
Las críticas de la izquierda
La diputada nacional Myriam Bregman aseguró sobre el proyecto que “Cambiemos llegó al Gobierno hablando contra la intromisión del poder político en la Justicia y cuestionando el enrolamiento político de jueces y fiscales, pero esta reforma va claramente en el sentido opuesto a lo dicho en la campaña electoral”.
La intención, según planteó la dirigente del Frente de Izquierda, es “reforzar los mecanismos de sujeción a los gobiernos de turno y mantener una justicia adicta y un Ministerio Público Fiscal domesticado” y es para ello que cuenta con el Frente Renovador como aliado principal, a cambio de dirigir la Comisión Bicameral.
Pese a los cruces, las idas y venidas, ni Cambiemos, ni el Frente Renovador ni el peronismo (incluyendo a su ala kirchnerista) plantean siquiera cuestiones básicas que podrían permitir pensar en pasos concretos hacia una “democratización de la Justicia”. Ninguno plantea, por ejemplo, la elección directa, por voto universal, de jueces y fiscales, la revocabilidad de sus mandatos y la implementación de juicios por jurados. Sólo así se comenzaría a terminar con los beneficios de esta casta privilegiada que es completamente ajena a los intereses populares. | 
