Como parte del dossier especial, especialistas consultados por La Izquierda Diario coincidieron en la enorme insuficiencia del bono salarial para compensar la pérdida salarial de los trabajadores en el 2016, la escasa garantía del mismo y su utilización con el objetivo de evadir la reapertura de paritarias. Desde distintos arcos, economistas, sociólogos y abogados denunciaron la maniobra del gobierno y la exigencia de una nueva mesa paritaria.
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Luis Campos (Observatorio del Derecho Social- CTA) señaló que “la persistencia de altos niveles de inflación se tradujo a lo largo del año en una caída del salario real que al mes de julio (última información oficial disponible) superaba el 10 % anual para los trabajadores registrados del sector privado y llegaba al 13 % en el caso del sector público. Si bien es posible que este retroceso se relativice parcialmente en la segunda mitad del año, lo cierto es que difícilmente los incrementos nominales pendientes reviertan significativamente esta retracción".
"La supuesta compensación a través de un bono (y decimos supuesta porque a la fecha todavía no hay siquiera un trabajador que tenga la certeza de percibirlo) no es más que una puesta en escena para limitar los reclamos de los trabajadores. Más aún, el hipotético monto de $ 2.000 constituye una suma fija por única vez, mientras que el deterioro salarial tiene un carácter de permanencia, e implica no solo una pérdida actual sino también un piso inferior para las negociaciones que tendrán lugar al vencimiento de los acuerdos salariales actualmente vigentes".
Y agregó: "La reapertura de las paritarias es, en este contexto, la única medida que permitiría no solo compensar el deterioro salarial experimentado a lo largo de este año, sino también contribuir a impulsar cambios en una estructura distributiva en la que más del 70 % de los ocupados perciben, de su ocupación principal, un ingreso inferior al costo de una canasta básica familiar de apenas $ 12.489".
Martín Kalos (Economistas de Base), señala que "es un bono que claramente no satisface a nadie. Por un lado porque hay muchas empresas no lo van a pagar amparándose en que no lo pueden pagar, sin que efectivamente los y las laburantes podamos saber si eso verdad o no. Porque así como todos sabemos cuánto es el salario en cada rama por convenio y cada empleador sabe cuánto ganan sus trabajadores, nadie sabe cual es el balance de las empresas, y sin embargo ese es el argumento a la hora de negarnos acuerdos salariales".
"También es cierto que el acuerdo salomónico entre la cúpula de la CGT con el gobierno, en verdad significa que los trabajadores que más salario tienen un aumento de 2 mil pesos le significa poco en relación a su ingreso. Y para los trabajadores más pobres tampoco es relevante porque son los casos en que las empresas se van a negar a pagarlo. La pérdida real está en el 10% en el sector público y 7 % en el sector privado. Para recuperar eso deberíamos tener, según el sector, entre 6 mil y 15 mil pesos, lo que significa que estos 2 mil pesos no llegan a compensar a nadie. Para los que no están en convenio o registrados, esto obviamente no tiene impacto, entonces la mayor parte de la población trabajadora argentina siguen perdiendo contra la inflación", concluyó Kalos.
Por su parte, Gastón Caligaris (Centro para la Investigación como Crítica Práctica) afirmó que "es evidente que el bono que se acordó no alcanza para compensar la pérdida de poder adquisitivo del salario. Tan es así que incluso lo reconoce el propio gobierno. Otra cuestión es la del alcance del bono, porque hay que distinguir niveles salariales y tipos de contratación. En cuanto a cuál debiera ser el monto para llegar a la compensación, hay que considerar como mínimo las distintas paritarias, cuando las hubo; en realidad, hay que tomar los últimos aumentos del salario nominal que fue socavando la inflación de los últimos meses, sea cual fueran esos aumentos".
"Más ampliamente, y en términos de compensación, habría que poner en discusión el punto de partida de la caída del salario real. Porque es claro que no empieza a caer cuando asume el nuevo gobierno si no desde bastante antes. Más aún, hay que pensar que la suba salarial de los primeros años del gobierno anterior tampoco alcanzaba a compensar, ni por cerca, los niveles salariales históricos que se alcanzaron a mediados de la década de 1970, donde presumiblemente -y en verdad siendo muy generosos- se podía decir que la fuerza de trabajo se pagaba más o menos por su valor, o sea, por un valor que permitía su reproducción normal.
Hay que recordar que, en cuanto al salario promedio general, incluso durante los mejores años del kirchnerismo, nunca se alcanzó a superar realmente el nivel salarial de la década de 1990".
Agustín D´Atellis (La gran MaKro) consideró que “lo importante es que el gobierno comprenda que para crecer hay que estimular la demanda, y, siendo que el consumo representa alrededor de un 70% de ella, la recomposición del poder adquisitivo es la clave. El bono propuesto obviamente es muy bajo y no llega a compensar prácticamente en ningún caso”.
“Debería plantearse reapertura de paritarias para recomponer con el porcentaje indicado en cada caso. La pérdida de poder adquisitivo no fue igual para todos los sectores, sino que depende de cómo cada uno cerró a principio de este año. Mientras se interprete que el salario es un costo y que, como tal hay que bajarlo para ganar competitividad, seguiremos en esta situación de recesión y deterioro del entramado social. La concentración del ingreso profundizará la recesión cada vez más y afectará muy negativamente a la industria. El problema es que nos encontramos frente a una puja distributiva donde las grandes corporaciones tienen a sus ejecutivos al mando del poder ejecutivo, velando por sus intereses”.
Por último, Juan M. Graña (economista investigador del CEPED-UBA) analizó que "Aunque bienvenido, porque cualquier ingreso adicional sirve para paliar la mala situación del mercado laboral, la propuesta del bono mínimo de 2000 pesos, en los casos en que efectivamente se materialice, tiene dos graves problemas. En primer lugar, su monto es demasiado pequeño en relación a la caída del poder adquisitivo que se supone intenta remediar, al tiempo que no se incorpora al salario sino que es por única vez. En segundo lugar, ni siquiera es obligatorio y muchas cámaras y reparticiones estatales han señalado que no van a pagarlo. Por ambas cuestiones, no puede ser aceptado como argumento para discutir paritarias el año próximo simplemente con la inflación futura".
Graña concluyó así que "las paritarias del año próximo deberán tener como pauta mínima la pérdida de poder adquisitivo del año 2016 más la inflación de 2017. No puede ser de otra manera". | 
