Fueron 24 días enteros, 576 horas, en las que Franco estuvo desaparecido. En realidad, fallecido, asesinado, ocultado en el Río Paraná. Ni Bonfatti, ni Lamberto ni ninguno de los funcionarios del gobierno se tomaron ni uno solo de esos 34.560 minutos que pasaron desde que Franco fue visto por última vez golpeado en la Comisaría Séptima, para levantar un teléfono, ponerse a disposición y solidarizarse con la familia del joven, que viajó a Rosario para buscar a su hijo. El único funcionario que sí habló fue el supuesto encargado de controlar a las fuerzas de seguridad, Del Vecchio, que solamente se manifestó para dar veracidad a la versión de que habían visto a Franco pidiendo ropa en una parroquia, rumor falso generado por la propia Policía para despistar la causa y para disolver la movilización que se realizó hacia el lugar donde desaparecieron a Franco: la Comisaría. Bonfatti ahora salió a decir que habría que investigar hacia las últimas consecuencias, pero la realidad decreta que fueron cómplices y encubridores de un, de otro, crimen brutal. No hay atenuante: es nefasto.
El asesinato de Franco, un verdadero Luciano Arruga en Santa Fe, es una crisis (o debería serlo) demasiado grande aún para la enorme capacidad de gatopardismo del gobierno provincial. Las huestes de Bonfatti y Binner han escapado a asumir responsabilidades en el crecimiento del narcotráfico bajo el amparo de comisarios promovidos por ellos; han eludido toda culpabilidad ante la explosión provocada por Litoral Gas, empresa privatizada sostenida desde el Estado desde el 2007; han esquivado pagar costos por el escándalo de prostitución bancado por un allegado al poder como Trigueros. El gobierno del Frente Progresista, expresión provincial del FA-UNEN, ha evitado todas las responsabilidades ante hechos degradantes, brutales, verdaderas afrentas para el pueblo trabajador, aun cuando sus referentes fueron encontrados llanamente con las manos en la masa. Pero el caso de Franco Casco es la gota que rebalsa un vaso lleno de agua podrida. Es demasiado. El Estado provincial, el gobierno, jugó un rol central para que la Policía engrose su registro de pibes asesinados por ser trabajadores y vivir en barrios populares.
A la Justicia se le corre la venda hacia la derecha
La actuación de la Fiscalía en la causa de Franco Casco le dio un contenido concreto a eso de que “la Justicia es de clase”. Durante toda su actuación, la intencionalidad casi explícita fue la de encubrir a la policía, permitir que se pierdan pruebas y focalizar la duda en el joven, que estaba ya asesinado mientras crecía el expediente de mentiras y confusiones. La primera audiencia convocada para “abordar” el caso es muy gráfica: se realizó justo al momento en que comenzaba la primera movilización exigiendo la aparición de Franco. En ese mismo momento aparecía en los medios la noticia de que un cuerpo había sido encontrado en el Paraná. Era Franco, que estaba sin vida hacia varios días. La audiencia primera para discutir dónde estaba Franco se desarrolló cuando el joven trabajador ya había sido encontrado muerto. Una radiografía de una Justicia para ricos. ¿Pero qué se puede esperar de una institución en la que jueces como Vienna van a ver box a Las Vegas con familias de traficantes? ¿Qué se puede esperar de la institución que no condenó a los responsables de las muertes de Salta y Oroño?
La muerte de Casco fue todo un debut para el nuevo encargado de dirigir y militarizar el estilo de las fuerzas de seguridad santafesinas, Gerardo Chaumont. La llegada de este ex gendarme con experiencia en la ocupación de Haití es la culminación de una estrategia para el control social de las barriadas populares. Policías narcos, fiscales racistas y pro-policía, Gendarmería Nacional “aportada” por Berni ocupando los barrios, y ahora un jefe con experiencia militar: todo ese combo represivo es la contratapa del libro de la precarización laboral, de las villas miseria, de la desocupación que llega al 10%. No hay una cosa sin la otra. Todo un Estado cuidando al zorro, mientras culpabiliza a los que se hacinan en el gallinero.
Tras llovido, mojado: suspensiones masivas y prepotencia antisindical
Otro tipo de impunidad circula por la misma ruta santafesina, aunque por diferente carril: la de los empresarios. Cuatro noticias van de la mano para ilustrar esto: la empresa COTO suspendió a 200 empleados de Rosario y de Santa Fe. Según fuentes sindicales, el motivo es que no pueden aceptar el descanso dominical que exige el Sindicato. En la Fundición Martínez, en Baigorria, la empresa anunció algo similar, la suspensión de 150 trabajadores metalúrgicos. El día anterior, frente a esta empresa, otra metalúrgica, Liliana SRL, despreciaba a una delegación de concejales, referentes de DDHH y figuras sindicales, que fueron a expresar la preocupación porque la empresa no cumple con la resolución judicial que impone la reinstalación del activista Lucas Castillo. Actitud similar tiene la empresa Servicios Portuarios, que hostiga al dirigente Raúl Mamani, echado por expresar la voluntad de sus compañeros. Los Ministerios de Trabajo en Santa Fe no parecen funcionar. O sí: son organismos encargados de aceptar, tolerar e institucionalizar las arbitrariedades, prepotencia y actitud antisindical de las empresas, contra los trabajadores. El Estado garantiza la “paz” de empresas voraces, que echan a todo aquel que reclama algo justo o que se organiza. En los barrios se satura de milicos, para que el descontento tampoco estalle allí. Bienvenido al fortín “socialista” de Binner y Bonfatti. |
