El operativo para que Cristina Fernández declarara este lunes en los Tribunales de Comodoro Py tuvo un cierto nivel de desmesura. La cantidad de integrantes de las fuerzas represivas y las medidas de seguridad adoptadas semejaron una enormidad para los cerca 5.000 manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del edificio. Muy lejos, en tiempo y cantidad, quedaron lo más de 40.000 manifestantes que se acercaron al mismo lugar, en abril pasado, cuando la citación fue hecha por Claudio Bonadio.
La causa que más complica a la expresidenta está atada al manejo de la obra pública y a la relación entre los Gobiernos kirchneristas y el empresario Lázaro Báez.
El juez Julián Ercolini lleva adelante la causa a raíz de la denuncia impulsada por los fiscales Gerardo Pollicita y Ignacio Mahiques. La acusación central radica en la asignación de una importante cantidad de obras a la empresa Austral, de Lázaro Báez.
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Este lunes CFK pidió la nulidad del proceso y denunció “persecución política”. “Buscan proscribirme, lo dicen claramente los dirigentes opositores; alguna denunciadora profesional de la oposición lo dice directamente… Yo creo que buscan la proscripción de un movimiento político”.
Fue una forma de dejar inaugurada la perspectiva de ser candidata en las elecciones de 2017, pregunta que gran parte del régimen político argentino viene haciéndose. Es, a la vez, una forma de sumar un cierto blindaje en el marco de la ofensiva judicial.
La patria contratista son todos
Ayer, además de denunciar persecución política, la ex presidenta volvió a reiterar la propuesta de una auditoría pública sobre la obra pública, que cubra los doce años kirchneristas. Hablando medidamente, se puede decir que la idea llega “un poco tarde”.
La propuesta –sigamos en tono amable- pone en evidencia que aquello que sobraron fueron los negociados entre empresarios y Gobiernos de todos los signos políticos y en todos los niveles.
También ayer, en la puerta de Comodoro Py, y en un evidente tono auto-inculpatorio, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, se preguntaba “¿Lázaro Báez fue el único beneficiado? ¿Y quién es el responsable de la obra pública en Santa Cruz? ¿El gobernador? ¿Hay algún gobernador citado? ¿Quién maneja el presupuesto de la obra pública? ¿El jefe de Gabinete? ¿Y hay algún jefe de Gabinete citado?”.
La afirmación evidencia que el régimen de la obra pública fue un negociado que no tuvo colores políticos en la llamada “década ganada”. Los ganadores tuvieron diversos nombres, desde Lázaro Báez hasta Ángelo Calcaterra, pasando por el gran capital nacional.
Eso es, precisamente, lo que impide llevar adelante la tan propagandizada auditoría. Si hubiera que enjuiciar a los y las beneficiadas de los negociados de la “patria contratista”, habría que hacerlo con el conjunto del personal político que dirigió el Estado en todos sus niveles.
En última instancia la formalidad del pedido de auditoría se sostiene sobre la imposibilidad de abrir una investigación que pondría en evidencia el carácter parasitario del capital argentino e imperialista, así como del conjunto de los funcionarios y partidos patronales ligados a sus intereses.
La “herencia” de la casta judicial
La denuncia de CFK contra la persecución política y el rol de determinados jueces, silencia la continuidad de una casta judicial que no fue cuestionada más que superficialmente durante los años kirchneristas.
Como se ha escrito en otras ocasiones, esa misma casta judicial -que hoy encabeza la ofensiva contra los funcionarios del anterior oficialismo- es un producto de la política de pactos desarrollada por el kirchnerismo durante más de una década.
Para ejemplificar la impunidad de la que goza esa casta sobran los ejemplos. Señalemos solo uno. La causa que se sustancia en estos momentos contra la expresidenta y gran cantidad de funcionarios arrancó con una denuncia de Carrió en 2008. Precisamente por la inacción del juez Ercolini, luego de 6 años, Elisa Carrió lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. En ese entonces –diciembre de 2014- la líder de la CC afirmaba que “si en la actualidad ninguno de ellos resultó siquiera indagado, es porque hubo una deliberada voluntad del magistrado que lleva la causa, de garantizarles impunidad”.
Paradójicamente, Ercolini también fue cuestionado en estos años por no avanzar en la causa Papel Prensa, causa donde todo sigue igual. Sería preciso reconocerle su completo desinterés por cualquier causa, independientemente del sector que la impulse.
Entre los fiscales acusadores de CFK está Gerardo Pollicita, que en 1996 colaboró con Raúl Pleé en una fiscalía especializada en delitos aduaneros. Pleé fue, en 2015, uno de los máximos abanderados de la causa Nisman, siendo parte de los convocantes a la movilización que tuvo lugar un mes después de la muerte del fiscal de la Unidad AMIA. No es el único detalle que lo pinta. Pleé tiene además el nada desdeñable antecedente de haber sido nombrado secretario de un juzgado nacional de primera instancia, nada más ni nada menos que en 1977.
El otro fiscal es el joven Ignacio Mahiques, quien es parte de la “familia judicial”, y cuyo padre es Carlos Mahiques, el ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que duró pocos meses en su cargo y recibió múltiples cuestionamientos por sus reaccionarias opiniones y fallos. Entre sus intervenciones más repudiables se encuentra aquella en la que se pronunció contra las leyes vigentes sobre abortos no punibles y, con su voto, se opuso al derecho a esa práctica a una joven con discapacidad mental que, producto de una violación, había quedado embarazada.
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Los funcionarios kirchneristas –y la misma expresidenta- sufren así las consecuencias del accionar de una casta llena de privilegios que gozó de casi total impunidad en los 12 años de la llamada “década ganada”. Casta que, verdaderamente, ganó. | 
