La obra pública volvió al centro de la escena política. Dirigentes y empresarios K pasan por tribunales mientras Macri lanza un plan de infraestructura. Todos embarrados en la corrupción.

Mediante un spot difundido ampliamente en televisión por estos días, el presidente Macri anuncia que empezó “el plan de infraestructura más ambicioso de la historia”.

Según promete la propaganda, mediante el mismo mejorarán la situación del transporte y la vivienda, se acabarán las inundaciones, se incrementará la producción de energía y avanzará la competitividad de las economías regionales, entre muchos otros beneficios.

Detrás del marketing electoral, hay sin embargo urgencias económicas, electorales e importantes negociados.

La obra pública frente a la recesión económica

La economía argentina está recibiendo por estas semanas una lluvia de dólares que llegan por la vía del endeudamiento, el ingreso de capitales especulativos y el blanqueo que premia a fugadores y evasores.

Si bien el gobierno logra con estos ingresos un cierto margen para manejar los tiempos del ajuste económico, pensando en el año electoral que se avecina, lo cierto es que dichos dólares, dado su carácter especulativo, no redundan hasta el momento en la ansiada reactivación económica. Los “brotes verdes”, siguen muy verdes.

Es por ese motivo que el gobierno nacional apuesta al relanzamiento de la obra pública para el reanimamiento de la actividad hacia 2017. Una apuesta electoral, pero también una nueva fuente de negociados.

Mauricio Macri lanza de este modo un plan en el cual su familia tiene una larga experiencia. Su padre Franco desde hace décadas sabe hacer negocios millonarios como contratista del Estado, modalidad de enriquecimiento que continuó con los distintos gobiernos, hasta el día de hoy. Si en 1973 el grupo Macri era dueño de 7 empresas, para 1983, tras la última dictadura militar -durante la cual se benefició de múltiples licitaciones- ese número se elevaba ya a 47. Por si fuera poco, en el año 1982 Domingo Cavallo, como funcionario del gobierno de facto, benefició al clan Macri con la estatización de una deuda privada de 170 millones de dólares.

El oscuro manejo de la obra pública de los dos lados de la “grieta”

Por estos días el desfile por los tribunales de Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido, a quienes seguirán José López y Lázaro Báez, vuelve a poner en el centro de la agenda mediática la corrupción en la obra pública durante el ciclo de gobiernos kirchneristas. Pocos meses atrás los bolsos con millones de dólares de José López en el convento de General Rodríguez dejaron sin argumentos hasta a los más fervientes defensores del gobierno anterior. Esa vez las evidencias fueron irrefutables.

Que el caso no era un hecho aislado lo había sintetizado en su momento el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, cuando reconoció que entre los empresarios se le llamaba “Movicom” a la obra pública, “porque va con el 15 adelante”. El significado era claro, el número hacía referencia a la coima que los privados pagan a los funcionarios públicos para obtener las licitaciones. El dirigente industrial confesaba de esa forma el carácter estructural de la corrupción en la obra pública.

Si el macrismo se benefició en su momento de la crisis del kirchnerismo por el escándalo de corrupción, su alegría en este terreno tuvo patas cortas. No sólo porque su efecto distractivo no logró ocultar por mucho tiempo el malestar con el ajuste, sino porque en el terreno de la corrupción en la obra pública todos los partidos del régimen capitalista están embarrados, y pronto el dedo acusador señaló también hacia el lado de Cambiemos.

Esto último lo sabe bien la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por eso su línea de defensa ante las acusaciones que pesan sobre ella es el planteo de una auditoría de toda la obra pública. Este lunes insistió en reclamar ante el juez Julián Ercolini que se investiguen todas las licitaciones y contratos ganados por el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. Sabe que el pariente del presidente es socio de Lázaro Báez en al menos cinco grandes licitaciones: si verdaderamente se investigara la obra pública, todos los partidos del régimen y empresarios enriquecidos caerían bajo el manto de la corrupción. Nadie estará dispuesto entonces a ir a fondo en el asunto.

Mauricio Macri parece decidido a continuar durante su presidencia la tradición familiar. Mediante un decreto le asignó hace algunas semanas un presupuesto de 45 mil millones de pesos a las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Uno de los grandes beneficiados del negocio será, por supuesto, su primo Calcaterra. Otra ganadora del negociado será la constructora brasileña Odebretch, implicada de lleno en los escándalos de corrupción de la operación Lava-Jato en Brasil.

Como jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri había seguido criterios parecidos: su primera gran obra pública en este cargo, el entubamiento del arroyo Maldonado, había sido adjudicada a la mayor empresa del grupo familiar del presidente, Iecsa. Son solo algunos ejemplos, entre muchos que se podrían mencionar. Quien también se benefició de contratos millonarios gracias al gobierno de la ciudad fue el amigo personal y socio empresarial del ahora presidente, Nicolás Caputo.

Si a estos antecedentes se le suman los escándalos de los “Panama Papers” o los del ministro Aranguren que dispuso tarifazos que lo beneficiaban a sí mismo como accionista de Shell, el discurso macrista de combate contra la corrupción se devela como lo que fue, una bandera demagógica de campaña electoral que nada tiene que ver con la realidad, al igual que sus promesas vacías de “pobreza cero”.

La herramienta para nuevos negociados: el Proyecto de Participación Público-Privada

Con el plan de relanzar la economía y abrir otros fabulosos negocios, el gobierno nacional presentó un proyecto de ley que propone un nuevo régimen de Participación Público Privada (PPP), que tuvo media sanción el 21 de septiembre en el Senado con el apoyo del peronismo. Consiste en regular la participación del sector privado en la obra pública y es extensible a otras contrataciones del Estado.

Si bien el proyecto fue rechazado en Diputados la semana pasada, luego al volver a comisión Cambiemos consiguió dictamen aceptando algunos cambios cosméticos propuestos por el Frente Renovador, como una garantía de participación del 33% para el capital nacional (lo cual devela que las empresas extranjeras son uno de los principales sujetos a los que está orientada la ley), mayor control estatal y bicameral, como así también ambiental.

Según el gobierno, el Proyecto brindaría seguridad jurídica y previsibilidad para atraer inversiones. Sin embargo, en realidad el proyecto prioriza los intereses del inversor privado, minimiza sus riesgos y garantiza la rentabilidad al capital. La Izquierda Diario lo denunció detalladamente en su edición de ayer.

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman denunció que "este proyecto que viene del Senado con los votos del Frente para la Victoria/PJ es directamente la privatización del régimen de contrataciones del Estado, plantea la prórroga de jurisdicción para que tribunales extranjeros sean los que resuelvan eventuales pleitos entre el Estado y los grupos económicos y deja abierto el pago en moneda extranjera a los contratistas, por eso su aprobación significaba un salto en la entrega nacional. Eso sí, el tratamiento de los posibles desastres ambientales sigue quedando a cargo del Estado".

Un programa anticapitalista

Solo desde una perspectiva anticapitalista se pueden plantear las únicas medidas que pueden acabar con la corrupción: terminar con el secreto bancario; abrir los libros de contabilidad de todas las empresas vinculadas a la obra pública para que sean investigadas por representantes elegidos por los trabajadores y especialistas de las universidades públicas nacionales; control obrero de la obra pública y expropiación de las empresas implicadas en casos de corrupción; auditar a las empresas de servicios públicos para saber qué hicieron con los subsidios millonarios que recibieron del Estado; reestatizar los puertos donde se hacen maniobras para evadir impuestos; nacionalizar el comercio exterior para evitar negociados con exportaciones e importaciones; crear una banca estatal única para evitar la fuga de capitales; elección por sufragio universal de todos los jueces; y juicios por jurados elegidos por el pueblo.

Para llevar adelante este programa es necesario poner en pie una gran fuerza social de los trabajadores, las mujeres y la juventud que pelee por él. El 19 de noviembre el Frente de Izquierda llenará el estadio de Atlanta para plantar con fuerza una alternativa política que luche por esta perspectiva.