En Diputados se votó a favor del proyecto de Participación Público Privada (PPP). Cambiemos obtuvo el apoyo del massismo, el bloque justicialista y tres diputados del FPV-PJ.
El gobierno logró ayer aprobar el proyecto de Participación Público Privada (PPP), luego del rechazo de la semana pasada que hizo volver a debatir y negociar con la oposición algunos cambios. Fue la primera en ser tratada en la sesión de ayer, obtuvo 151 votos positivos contra 77 en contra y 6 abstenciones.
Además de Cambiemos votaron el proyecto, el massismo, el bloque Justicialista y tres diputados del Frente para la Victoria-PJ. La izquierda, el bloque Progresista y el kirchnerismo votaron en contra. En tanto, se abstuvieron dos diputados sanjuaninos del FpV, Héctor Daer, Facundo Moyano, Omar Plaini y Jorge Taboada. Los ausentes fueron José Luis Gioja, Maurice Clossi y Felipe Solá, entre otros.
La PPP pretende regular la participación del sector privado en la obra pública y se extiende a otras contrataciones del Estado. El corazón del proyecto pone el eje en el inversor privado, minimizando sus riesgos y garantizando su rentabilidad.
Cambiemos modificó algunos puntos del proyecto que le solicitaron desde el massismo y del bloque justicialista, pero el eje central del proyecto se mantiene intacto.
La exposición en el recinto estuvo a cargo del macrista Daniel Lipovetzky, quien afirmó que el proyecto “es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país”, y agregó que “Brasil, Chile y Colombia han utilizado este régimen, y han avanzado mucho” en cuestiones de infraestructura, recordó, y destacó las modificaciones introducidas en la Cámara baja “para cuidar al trabajo argentino, a las Pymes, y al medio ambiente”.
Uno de los cambios realizados fue que los contratos deberán contemplar un 33 % de participación de bienes y servicios de origen nacional. Según Lipovetzky, este cambio, “va a generar un impulso sobre la industria nacional y la pequeña y mediana empresa”.
Además, resaltó la creación de una comisión bicameral de seguimiento con facultades para monitorear los procesos de PPP y establecer que las partes concurran a la bicameral a informar al menos una vez al año.
Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda PTS, quien al inicio de la sesión exigió que se anule el escandaloso aumento de dietas de diputados y senadores, sostuvo que “se ha conformado una nueva mayoría que cogobierna la Argentina”, y aseguró que “ahora seguramente los gobernadores también estarán llamando a los diputados para que apoyen esta ley en el recinto”.
Además, denunció que “es tan escandalosa la ley que hasta se la ha comparado con la Ley Dromi”, y afirmó que “esto no se salva con los controles que se han establecido, porque no pueden controlar los que votan la entrega”.
El diputado del Frente de Izquierda-PO Pablo López, quien presentó dictamen por minoría declaró que el dictamen con modificaciones fue solo un “maquillaje”. También agregó que “esta es una ley (planteada) ante la desesperación de que no vienen inversiones, para entregar los manejos a los extranjeros”, y afirmó que “los privados no van a poner un peso” y van a ser los que disfruten de la realización de esas obras.
Por su parte, el diputado Axel Kicillof, quien presentó también dictamen por minoría, se pronunció en contra, porque sostuvo que la PPP es “de interés para el proyecto neoliberal que está implementando” el gobierno, “de manera solapada”.
El diputado del FpV señaló que la iniciativa intenta “tercerizar el proceso de contratación de la obra pública del país”. Además criticó que la ley plantee la jurisdicción de tribunales extranjeros en los litigios que puedan existir. El ex ministro debería recordar la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros que concedieron en los canjes de deuda Néstor Kirchner, Roberto Lavagna y Amado Boudou, que habilitaron al juez Thomas Griesa a interceder por los fondos buitres.
El radical Luis Pastori apoyó el proyecto oficial afirmando que “es un régimen de contrataciones alternativo a los distintos regímenes que ya existen; no estamos derogando ningún régimen de los que actualmente tenemos”, sino que “estamos agregando un nuevo régimen a la pléyade de regímenes que existen en el derecho administrativo argentino”.
Francisco Furlán (FpV), quien fue el que solicitó el pedido de votación que la semana pasada generó el envío del proyecto a comisión, ayer sostuvo que mantiene sus reparos respecto de la iniciativa.
Juan Brügge, interbloque UNA, quien votó a favor, elogió las modificaciones realizadas como “un aspecto no menor el agregado de los componentes nacionales en los bienes y servicios que deben obligatoriamente estar presentes en este tipo de contratos”, y afirmó que “esto es diametralmente diferente a lo que pasó en la década menemista”.
Eduardo Conesa, diputado del Pro, señaló algunas contradicciones a la ley, en relación a la adjudicación “más conveniente” de la obra, por lo había propuesto que en el artículo 15 aclare que en las licitaciones las ofertas se presenten en dos sobres; en uno, explicando las características del proyecto, y en el segundo el factor de adjudicación. El diputado dijo que “tiene que ser una adjudicación indubitable, donde no haya dudas de quién es el ganador”.
Los empresarios pueden celebrar, han obtenido un primer paso de lo que prometió Macri en el mini Davos, una ley hecha a medida: alta rentabilidad y bajo riesgo.
