El documento presentado este miércoles por la Defensoría del Pueblo, ordena la apertura de una investigación en un plazo de 30 días, y confirma lo que ya era vox populi. El presidente y varios ministros y cargos públicos sudafricanos garantizaron a la familia de empresarios Gupta el acceso a lucrativos contratos en minería, armamento o transportes. La compañía eléctrica nacional Eskom, la armamentística Denel y la de transportes Transnet son algunas de las empresas públicas implicadas en lo que los medios de Sudáfrica llaman la "captura del Estado" por parte de los Gupta.
La Defensora del Pueblo saliente y autora de este documento, Thuli Madonsela, recopiló información brindada por miembros del gobierno, como el viceministro de Finanzas Mcebisi Jonas. Madonsela había denunciado con anterioridad a Zuma por los gastos indebidos en la reforma de su residencia privada, de la que el presidente tuvo que devolver medio millón de euros al Estado al declarar el Constitucional vinculante la petición de la Defensora del Pueblo en este sentido.
La denuncia revela como, funcionarios y miembros del CNA, han utilizado su posición en el gobierno para beneficio personal y de empresarios amigos. Pero el caso del presidente Zuma no es el único.
La transformación de luchadores contra el Apartheid a casta política al servicio de los empresarios.
El resonante caso de corrupción que involucra directamente al presidente Zuma no es el único que se ha conocido en estos últimos años. Pero viene a confirmar como las principales figuras y dirigentes del Congreso Nacional Africano (CNA) se transformaron, luego de la caída del Apartheid, en una casta de políticos que beneficiándose del gobierno han acumulado negocios y fortuna en muchos casos poniéndose al servicio de las grandes multinacionales.
Un caso paradigmático ha sido el del Presidente Adjunto Cyril Ramaphosa, un reconocido dirigente minero durante los años de lucha contra el Apartheid y que hoy es accionista de una de las principales empresas mineras del país, Lonmin. Ramaphosa estuvo implicado directamente en la represión contra la huelga minera en Marikana donde la policía asesino a 34 trabajadores en 2012, según la Comisión que investigó los asesinatos.
La ausencia de derechos básicos y acceso a la salud, educación o condiciones de vida digna para millones, que había prometido resolver el CNA tras la caída del régimen racista, contrasta brutalmente con la transformación en empresarios y políticos millonarios en base a la corrupción y los negocios estatales, de los principales dirigentes de este partido, que la actual investigación contra el Presidente Zuma viene a confirmar.
Es esta situación la que está acelerando el descontento contra el gobierno y el propio CNA y que se expreso en un importante retroceso de este partido en las últimas elecciones municipales.
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Un gobierno cuestionado por miles en las calles
El miércoles, mientras se daba a conocer el informe contra el Presidente, miles se manifestaban en Pretoria reclamando la renuncia de Zuma. La movilización más importante convocada por el partido Combatientes por la Libertad Económica (EFF según su sigla en ingles) llego a agrupar unas 50000 personas, según informaron los organizadores.
No deja de ser significativo que esta organización fundada hace solo tres años, por Julius Malema un ex dirigente de la juventud del CNA, con un discurso de izquierda y anti gubernamental, haya logrado movilizar masivamente en una de las ciudades más importantes del país.
El otro hecho significativo fue un acto contra el presidente Zuma, convocado en la catedral de Pretoria por miembros del CNA junto a referentes religiosos, sindicales y hasta importantes empresarios, como el presidente de la minera AngloGold Ashanti, bajo el nombre de #SaveSouthAfrica (salvemos Sudáfrica). Los organizadores de este acto aseguraron, al sitio de noticias Times Lives, que no estaban pidiendo la renuncia del presidente sudafricano sino que se reunían con el objetivo de "hacer frente a la aguda crisis social que ha sido provocada por la corrupción, la mala administración y la intriga política". Pero más allá de los intentos por ocultarlo, el acto mostró que la interna en el CNA se agudiza día a día, en especial ante la falta de crecimiento económico en el país y el aumento de las protestas sociales que tienen como principal exponente a la lucha de los estudiantes universitarios.
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Si el cuestionamiento al gobierno del CNA no se ha profundizado aún más es producto del rol de las direcciones sindicales y políticas que mantienen las distintas luchas, por salario o derechos elementales, divididas y aisladas. Miembros del gobierno y empresarios de la industria minera celebraban la firma del acuerdo salarial, por debajo de las demandas iniciales, entre el sindicato del sector (AMCU) y las multinacionales que explotan las minas de platino. El festejo no era para menos, una huelga en la estratégica industria minera se podía ver potenciada por la solidaridad del movimiento estudiantil que ha salido a las calles.
En lo inmediato la posibilidad de una crisis mayor y la caída del gobierno producto de las movilizaciones en su contra, parece lejana. Aunque la continuidad de la lucha estudiantil por la educación universitaria gratuita muestra el surgimiento de una juventud movilizada por sus derechos que llego para quedarse.
Pero la combinación de una situación económica que no mejora y el creciente desprestigio del gobierno y el CNA por la falta de transformación en las condiciones de vida a favor de la mayoría negra del país, continúan motorizando la ruptura de la mayoría oprimida con sus direcciones históricas y es la fuente del surgimiento de nuevo fenómenos políticos. |