El domingo 6 de noviembre se realizarán las elecciones generales en Nicaragua. Según el padrón electoral, están habilitadas para votar 3,4 millones de personas. El voto no es obligatorio. Se elegirán para un período de cinco años al presidente y vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Se presentan 6 fuerzas políticas: El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Además, el Partido Liberal Independiente (PLI); el Partido Liberal Constitucionalista (PLC); la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); el Partido Conservador (PC); y la Alianza por la República (Apre). En la región de la costa Caribe se presenta el partido indígena Yatama.
La principal fracción del opositor PLI, el MRS (Movimiento Renovador Sandinista, de centroizquierda) y otros sectores promueven la abstención electoral.
La reelección de Ortega y el contexto latinoamericano
Las elecciones nicaragüenses revisten especial importancia no sólo por el significado del proyecto político sandinista y que van, con toda probabilidad, a consagrar mediante la re-reelección de Daniel Ortega, sino porque se inscriben en un cuadro de situación política latinoamericana caracterizada por el giro a la derecha y la crisis de los gobiernos nacionalistas y progresistas.
Ante un panorama económico desfavorable, y aprovechando la decadencia de los gobiernos progresistas, las burguesías latinoamericanas presionan por llevar hasta el final un programa de ajustes y apertura al capital extranjero. Los gobiernos de corte nacionalista y centroizquierdista, que respondieron a la crisis endureciéndose contra las demandas de los trabajadores y el pueblo pobre e iniciando medidas de ajuste, no resultan confiables ni eficaces para la burguesía que pretende gobiernos que le sean “orgánicos”, dispuestos a ir hasta el final en el programa neoliberal. Esta es la clave del giro político a derecha regional, que se refleja, por un lado, en el ascenso de gobiernos de derecha como en Argentina, con el triunfo electoral de Macri, o en Brasil, apelando a un golpe parlamentario-judicial para imponer a Temer, desplazando a gobiernos de centroizquierda como el de CFK y el PT.
En otros países, el giro a derecha se expresa al interior de los proyectos nacionalistas y progresistas, como un curso crecientemente bonapartista, como forma de arbitrar ante las crecientes tensiones económicas y sociales. Es el caso del MAS en Bolivia (pese a que el rechazo a la posibilidad de una nueva reelección de Evo le pone un límite de cara a las elecciones de 2019). También del chavismo en Venezuela, donde en medio de una profunda crisis económica y política, el enfrentamiento entre el gobierno de Maduro y la oposición derechista intenta ser canalizado mediante negociaciones en las que media el Vaticano para acordar alguna forma de “transición” poschavista. También en Nicaragua, donde la continuidad del régimen sandinista buscará plebiscitarse en la urnas este domingo.
El bonapartismo sandinista
El presidente Daniel Ortega busca un tercer mandato acompañado en la fórmula del FLSN por su esposa Rosario Murillo como candidata a vice. Esta fórmula matrimonial simboliza en sí misma el poder acumulado por el clan familiar en la vida económica y política del país. Y también, al rumbo bonapartizante del régimen que en los últimos años profundizó Ortega, ya que Rosario se consagra como segunda dirigente del FSLN y eventual sucesora presidencial. Este es el proyecto político que el sandismo espera consagrar en las urnas en un momento favorable por la bonanza económica, con buenos niveles de popularidad del presidente y ante una oposición de derecha dividida y debilitada.
Ortega combinó la concentración de poder político, las restricciones democráticas y los métodos autoritarios, con medidas de corte neoliberal, beneficios a las empresas y dureza ante las demandas y luchas de los trabajadores y campesinos. Fueron reprimidas movilizaciones campesinas en protesta por el trazo del proyectado canal, así como de trabajadores mineros y otros sectores.
Hace poco, el gobierno impuso la posibilidad de una nueva reelección anteriormente vedada por la Constitución. Luego, logró asestarle un duro golpe al opositor PLI maniobrando desde el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la justicia. Utilizó una reforma constitucional dirigida contra el llamado “transfuguismo” de los representantes electos para sustituir a dos docenas de diputados y suplentes del sector más duro (dirigido por Eduardo Montealegre), entregándole los puestos y la legalidad electoral a otra corriente interna del PLI más proclive al gobierno. Si bien mantiene fricciones con el imperialismo, al mismo tiempo buscó la colaboración con el capital extranjero y negocia sin apoyarse en las masas ni adoptar ninguna medida antiimperialista.
Han quedado muy atrás los tiempos en que el FSLN, luego de dirigir la revolución de 1979 que derrocó a la dictadura de Somoza, la frenó y desvió para mantener en pie el capitalismo en el país (en acuerdo con Fidel Castro que aconsejaba que “Nicaragua no debía ser una nueva Cuba”). Tras enfrentar a la guerrilla “contra” impulsada por Estados Unidos a principios de los 80, el sandinismo encabezado por Ortega pactó con el imperialismo y la oposición burguesa y en 1990 entregó el poder a la derecha vencedora en las elecciones.
El FSLN se consolidó como un pilar del régimen, la retórica de izquierda fue diluyéndose y desde que retornó al gobierno, en 2006, profundizó aún más sus acuerdos con los empresarios y su distanciamiento del movimiento de masas. El FSLN es una fuerza aburguesada, que se beneficia del papel de árbitro bonapartista ante las clases nacionales, las distintas alas burguesas y en la negociación con el imperialismo, para acumular poder económico y político en favor de sus camarillas dirigentes, en especial, del clan Ortega-Murillo.
No deja de ser simbólico que el proyecto bonapartista esté ligado a la ambición sandinista de materializar un antiguo sueño de las élites nicaragüenses desde hace más de un siglo: el canal, que bien vale una re-relección...
La economía y el proyecto del canal
Ortega se apoya en una situación económica favorable, que permitió durante los últimos 5 años un crecimiento del orden del 5% anual. La economía “nica” se benefició del ciclo de buenos precios para las materias primas, de los acuerdos con Venezuela como parte del ALBA y Petrocaribe que le permitieron contar con petróleo barato, pero también de la relativa recuperación de la economía norteamericana, su principal mercado como destino del 24 % de las exportaciones (seguido por Venezuela con un 16% y Canadá con un 12%) pero también origen de la mayor parte de las remesas familiares que envían los emigrantes “nicas”, a razón de unos mil millones de dólares anuales. La crisis venezolana, acotando la provisión de petróleo y sus condiciones de venta, así como la baja de precio de materias primas y otros que exporta Nicaragua (carne, café, oro, azúcar, además de textiles) podrían comenzar a comprometer las perspectivas económicas.
Hay altas expectativas, pero también sombras en el proyecto de Canal transoceánico que impulsan capitales chinos, y que insumiría enormes inversiones de ese origen y que si avanza en su construcción (que podría insumir cerca de una década) permitiría duplicar el movimiento económico del país y competir con el Canal de Panamá. El megaproyecto, con un trazo de 278 kilómetros de largo que unirá Puerto Brito en el Pacífico con Puerto Punta Águila en el Caribe atravesando el lago Managua, incluye el canal mismo, los puertos terminales, zonas francas e industriales, exige inversores adicionales en los distintos sectores, hasta acumular aportes por unos 50.000 millones de dólares en conjunto. Un objetivo dudoso dada la crisis económica mundial y los recelos del capital financiero internacional. Por ahora, el proyecto a cargo de la empresa china HKND acumula retrasos y aún está en estudios y tareas preliminares. Ortega había anunciado el comienzo de obras a fines de 2016. Pero recién se estarían iniciando la apertura de caminos y eventualmente la construcción de un puerto temporal en Brito, y la propia HKND parece renuente a precisar tiempos, desembolsos y fechas de ejecución.
La situación social: pobreza, bajos salarios, emigración y planes sociales
Siendo Nicaragua uno de los países más pobres del continente (con un PBI per cápita de apenas 2000 dólares), este ciclo permitió reducir algunos de los peores indicadores sociales, como el índice de subalimentación, que en los 90 afectaba a un 50,5% de los nicaragüenses y se redujo a un 16%. A ello hay que sumar el efecto de la emigración y sus remesas (unos 40.000 nicas dejan el país cada año, en su mayor parte a EE.UU. y en segundo lugar a la vecina Costa Rica). Según CEPAL, la pobreza se redujo entre 2009 y 2014 de 29,6 % a 26,2 %, y la indigencia, de 14% a 8,3%. Un tercio de los habitantes sigue estando por debajo de la línea de pobreza en medio del ciclo de mayor crecimiento y pese al gasto en planes sociales! Aún así, el país sigue mostrando, junto a Honduras, los peores indicadores de pobreza en Centroamérica, sin hablar de los bajos salarios y los niveles de explotación y precarización laboral en contraste con las capas privilegiadas de la polarizada sociedad nicaragüense. Según datos de CEPAL, el gasto público social alcanza a un 10,5% del PBI en 2014, financiando programas de tipo asistencialista tales como Hambre Cero, Merienda Escolar, Bono Productivo, Casas para el Pueblo, etc., que actúan como paliativo de las penurias populares y le permiten mantener base social al sandinismo, sin atacar sus causas estructurales enraizadas en el atrasado capitalismo dependiente nicaragüense.
Elecciones sin alternativa
No se esperan sorpresas el domingo, donde según proyecciones, los Ortega tienen una intención de voto del orden del 60 a 70% y podrían imponerse con cómoda mayoría parlamentaria, si bien resta ver los resultados concretos de las urnas y los indicadores de abstención.
Debe ser rechazada la demagogia democrática de la oposición conservadora, apoyada por la derecha continental y Estados Unidos, donde el Congreso adoptó sanciones económicas a Nicaragua que están pendientes de ratificación presidencial, mientras la OEA presiona también. Los voceros de Washington reclaman por el “reducido espacio democrático y la falta del Estado de Derecho en Nicaragua”; pero no les interesan lo más mínimo los derechos del pueblo nicaragüense, sino presionar y desgastar al sandinismo en pos de mayores ventajas para la burguesía y un realineamiento proyanqui.
Los nacionalistas y progresistas del continente miran para otro lado ante el curso bonapartista del FSLN, que es la otra cara de sus medidas a favor de la empresa privada y los capitales extranjeros, pero un nuevo triunfo electoral sandinista no representará más que la profundización del curso actual, que ninguna solución puede aportar a los problemas estructurales que afronta el pueblo nicaragüense.
La antidemocrática legislación restringe gravemente la posibilidad de participar en las elecciones para cualquier fuerza de izquierda independiente del gobierno y de la patronal. No hay ninguna alternativa de los trabajadores y la izquierda que represente en estas elecciones los intereses obreros y campesinos, por lo que no hay otras opciones que el voto en blanco o nulo. |
