Carolina Stanley habría hecho un “pedido muy especial”. Viene circulando un audio donde la ministra de Desarrollo Social de la Nación convocaría a “hacerle el aguante” a la gobernadora María Eugenia Vidal. La cruzada es contra la presión de las partidarias por el derecho al aborto “que se le van a venir al humo” por la reciente decisión, tan polémica que llegó hasta las sedes de la ONU, de penalizar nuevamente el derecho al aborto no punible.
La presión es tal para la ministra que la situación ameritaría rezar por 10 días, o “al menos 9, como mínimo”, “ofrecer cositas” para que el “espíritu santo la ilumine y la fortalezca” (dixit) para “defender la vida”.
Fuentes del Gobierno salieron a desmentir que se trate de la voz de Stanley. No obstante es pública la filiación católica de la ministra de Desarrollo Social y su acérrima oposición al derecho al aborto seguro, legal y gratuito. De hecho en el equipo de Stanley aparecen figuras ligadas a la institución eclesiástica como Gabriel Castelli, secretario de Coordinación quien fuera presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), y miembro del Consejo de Administración de la Universidad Católica (UCA).
Otro de los nombres que resuena entre las personas de confianza de Stanley es Victoria Morales Gorleri, que se desempeña como Subsecretaria de Responsabilidad Social. Gorleri se desempeñó como secretaría de la Vicaría Episcopal de Educación por diez años y mantuvo vínculos muy fluidos con el entonces Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, actual papa Francisco.
La presunta convocatoria de la ministra vuelve a poner sobre el tapete los mil y un lazos que unen a la Iglesia Católica con los gabinetes de gobiernos y del Estado. Lazos que no sólo se materializan en subsidios millonarios que el Estado destina a sostener a esta institución, sino en la gran cantidad de personajes que salen de sus propias filas y que ocupan puestos de importancia en el Gobierno.
Mientras tanto la decisión de Vidal de desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2012 y no adecuar la legislación bonaerense penalizando el acceso al aborto no punible se mantiene firme a pesar de la gran cantidad de críticas que suscitó. Desde organizaciones de mujeres, políticas y de Derechos Humanos hasta organismos internacionales como la ONU pidieron explicaciones sobre el caso y manifestaron su abierta oposición. De hecho en la reciente convención de la Cedaw se exigieron explicaciones, sin respuestas, a Fabiana Tuñez sobre la resolución en cuestión y aconsejo legislar “para no penalizar a las mujeres que abortan”.
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Una nueva polémica que deja expuesto que luego de la tregua con el Vaticano el macrismo se apresta a atacar las conquistas más elementales del movimiento de mujeres como el derecho al acceso no punible. | 
