Foto: Campaña #Donemlacara
Desde las direcciones policiales se intentó justificar la creación de esta web como una herramienta útil para identificar a quienes habían generado incidentes en el transcurso de la huelga general del 29M contra la reforma laboral de PP, de ese mismo año.
El contenido de la web mostraba 231 fotografías y tres vídeos donde aparecían otras 68 personas, incluidos menores de edad. Mediante un formulario se instaba a cualquier usuario a aportar información sobre identidades, eso si, de forma anónima.
“Iremos hasta allí donde permite la ley y un poco más” fueron palabras de Felip Puig en el 2011, cuando fue elegido por Artur Mas como persona de confianza para llevar a cabo la neutralización de la creciente protesta social, como consecuencia de los recortes y privatizaciones llevadas a cabo por el gobierno de Convergencia i Unió.
Un divide y vencerás, toda una declaración de intenciones, la creación de listas negras y por supuesto convertir a cualquier persona en sospechosa, vulnerar nuestros derechos y la presunción de inocencia y lo que es peor hacer creer a los usuarios, convertidos en jueces y verdugos, que están actuando de forma correcta, y que dio lugar a una oleada de críticas por parte de entidades como: Jueces por la Democracia, Asociación Catalana para la defensa de los Derechos Humanos, Colegio de Abogados y el de Periodistas, Sindic de Greugues (Defensor del Pueblo en Catalunya), e incluso la Fiscalía de Menores.
La presión popular obligó al Conseller de Interior a cerrar de forma temporal la web, en abril de 2012, solo un mes después de su creación, aunque el cierre se convirtió en definitivo.
Ahora, cuatro años después del cierre de la web, algunos militantes de la izquierda independentista y que aparecen en la que se conoció popularmente como #LaLListadePuig, pese a que la Audiencia de Barcelona aceptó un recurso en contra de la web, siguen recibiendo notificaciones judiciales y tres de ellos pertenecientes a la COS (Coordinadora Obrera Sindical y Arran) están en busca y captura para ser sometidos a reconocimientos biométricos y pesa sobre ellos una orden de detención, acusados de desórdenes públicos, que pueden acarrear penas de entre 6 meses y tres años de condena.
Estos hechos se han hecho públicos mediante una campaña titulada “Al margen de vuestra ley continuamos dando la cara” y se ha difundido en las redes sociales bajo la etiqueta #DonemLaCara, donde se denuncia que el verdadero objetivo de la web era criminalizar y señalar los rostros de cualquier activista en una manifestación en defensa de los derechos de todos.
La campaña exige la absolución de todos los encausados y encausadas por las huelgas generales, la reparación del daño de todos aquellos que aparecieron en la web y que se asuman responsabilidades políticas. | 
