Ayer se realizó la audiencia a pedido de la querella ante la apelación de la defensa por la denegatoria de kreplak. Fue realizada en la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Federales.
Frente a la negatoria del juez Kreplak en la causa Pozo de Banfield referida al pedido de prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz se realizó la audiencia en donde la querella de Justicia YA se pronunció con un fuerte rechazo. Expusieron María Victoria Moyano, Clara Petrakos y Alejandrina Barry hijas de desaparecidos, Nilda Eloy y María Laura Bretal, ex detenidas desaparecidas, y también María Luz Santos Morón de Justicia YA e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Victoria Moyano Artigas, hija de desaparecidos y nacida en cautiverio en el Pozo de Banfield planteó que “A nosotras esto nos preocupa y estamos acá después de 40 años para decir que nos parece inconcebible que Miguel Etchecolatz pueda contar con un privilegio de prisión domiciliaria”.
“Por el rol de dirección [fue mano derecha de Ramón Camps, quien estuvo a cargo de la Policía Bonaerense durante la dictadura] podría haber aportado en los distintos expedientes (…) él declaró públicamente en varias oportunidades que sabía el destino de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani que aún estamos buscando, y si esto no es obstruir las investigaciones al no querer aportar datos, no sé cómo se llama” sentenció Victoria quien fuera apropiada, a pocos días de nacer, por el comisario de la brigada de San Justo, un subordinado del comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Por su parte Clara Petrakos, hija de desaparecidas contó que el próximo 11 de noviembre se cumplen 40 años del secuestro de su madre, quien estaba embarazada de su hermana y que al día de hoy la siguen buscando.
La querella de Justicia YA se opuso a la apelación realizada por la defensa que insiste con el pedido de presión domiciliaria para Etchecolatz. Plantearon que los problemas de salud que dice padecer no son suficientes para el otorgamiento del beneficio de domiciliaria, y que puede atenderse en el servicio de salud de la unidad penitenciaria sin necesidad de ser trasladado a su casa.
Alegaron que “Miguel Etchecolatz no es un preso más sino uno de los máximos responsables del accionar represivo y del plan sistemático de exterminio llevado adelante durante la última dictadura militar en la provincia de Buenas Aires”.
“Que el genocida Etchecolatz vaya a su casa significaría un verdadero riesgo procesal al permitirle una mayor libertad de acción para uno de los responsables de la desaparición de Jorge Julio López, y que además está involucrado en la mayoría de los juicios de lesa humanidad en provincia de Buenos Aires” sentenciaron.
