Este órgano, meramente consultivo, es el máximo órgano de participación de la comunidad educativa. En él está representado el profesorado de enseñanza pública y privada concertada, los padres y madres, los alumnos; el personal de administración y servicios de la enseñanza pública y privada concertada; los centros privados y los sindicatos. También están presentes las organizaciones empresariales; la Universidad de Zaragoza; la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP); la Administración de la Comunidad Autónoma, así como las personas destacadas en el ámbito de la investigación educativa.
El denominado "Pacto social por la Educación" fue entregado ayer a la Consejera de Educación, Mayte Pérez, para que pase a ser debatido en las Cortes. El mismo se compone de 250 medidas, destinadas, según los firmantes, a mejorar y dar estabilidad al sistema educativo.
Sin embargo, para las 3 organizaciones sindicales del profesorado que no se han sumado al acuerdo, la realidad es bien distinta. Desde CGT y STEA critican que: "el texto equipare la escuela pública con la privada y concertada”. Medida, afirman que “sigue avanzando en la mercantilización de un servicio público esencial como es la educación”. Por otra parte desde CCOO, echan en falta más concreción en cuanto a la financiación, "ya que no hay ni un solo compromiso, al menos en esta legislatura”.
Hay que recordar que estas tres organizaciones son respectivamente la segunda, tercera y cuarta fuerza sindical en la enseñanza pública no universitaria, con lo que el pacto está apoyado solo por la primera fuerza (CSIF) y la quinta (UGT).
Pacto al servicio de la escuela privada
No les falta razón a estas organizaciones sindicales. En todo el pacto no se recoge ni una sola medida "de calado" que apuesta decididamente por la mejora de la escuela pública. Se queda en una "declaraciones de intenciones", llena de medidas generales, sin concreción ninguna, y lo que es peor, sin financiación clara para llevarlas a cabo.
Sin embargo, como decíamos lo más grave del pacto es la equiparación que hace entre la red pública y la privada. Para las organizaciones firmantes, es lo mismo la escuela pública, entendida, aunque cada vez se cumple menos, como un derecho fundamental del ser humano, que la escuela privada. La escuela está basada en la rentabilidad económica, en el "puro negocio" y en la mayoría de ocasiones, en manos de organizaciones ultra católicas.
Esta igualación de ambas redes educativas, lleva a que el trasvasé de dinero público a la escuela privada (concertada) no haga más que aumentar. El Gobierno de Aragón sigue cerrando aulas en la pública para abrirlas ("concertarlas") en la privada.
Nada de esto nos debe de extrañar. Desde su llegada al poder el gobierno de coalición PSOE-CHA, apoyado por PODEMOS y hasta la semana pasada por IU, no ha hecho más que incumplir las promesas de mejora de la enseñanza pública hechas en campaña.
Salvo cuestiones menores, su política educativa es muy parecida a la de sus antecesores del PP en el gobierno. Eso lo vemos diariamente, en las aulas los que trabajamos en ellas. El despido de miles de profesores, la masificación en las aulas y la falta de inversión en la educación pública, producidas por los brutales recorte del anterior gobiernos, siguen muy presente y este gobierno no ha hecho nada, ni parece intención de hacerlo para revertirlos.
Este pacto no se podía firmar. No podemos dar un "balón de oxígeno" a este gobierno, que en materia educativa solo busca "hacerse la foto" y crear una falsa imagen de unidad y de apoyo de toda la comunidad educativa. Por ello todo nuestro apoyo a las organizaciones que no se han sumado al pacto. | 
