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Definitivamente, se han iniciado las hostilidades entre el Ayuntamiento de Ahora Madrid y el nuevo gobierno central del PP a propósito de los presupuestos de Madrid para 2017 y el Plan Económico Financiero (PEF).
Un enfrentamiento en el que, haciendo un símil pugilístico, un contendiente está dispuesto a tumbar en la lona sin miramientos a su contrario, mientras que al otro le tiemblan los puños y solo desea terminar el combate haciendo un nulo en el mejor de los casos. Hablamos de el Ministerio de Hacienda con Cristóbal Montoro a la cabeza y el gobierno municipal de Manuela Carmena respectivamente.
A pesar de que el Ayuntamiento de Madrid ha intentado ser un alumno aventajado en la reducción del déficit municipal y en el respeto a la legalidad presupuestaria, la tensión ha ido aumentando dado el estrecho margen que deja la Ley de Estabilidad Presupuestaria para llevar adelante un programa que atienda mínimamente las necesidades más urgentes. Una ley que pone por delante el pago de la deuda a cualquier otra necesidad, aunque sea atender a las carencias sociales más perentorias, básicas y extremas de la población más necesitada.
La tensión se inició cuando el Ministerio de Hacienda requirió por escrito al Ayuntamiento de Madrid que remitiera el PEF ajustándose de manera escrupulosa a los parámetros que facilita la plataforma informática ministerial y que impiden cualquier mínima desobediencia. Dicho programa rechaza cualquier introducción de datos que supere el techo de gasto fijado. Advirtió que el incumplimiento de esta obligación resultaría en una “infracción grave”, llegando incluso al extremo de poder ordenar la disolución de la corporación municipal.
Por su parte, las cuentas del Ayuntamiento de Madrid previstas para 2017, estarían superando el techo, al contar con un incremento del gasto muy próximo al 5%. La Ley de Estabilidad Presupuestaria impone, entre otras lindezas, la imposibilidad de aumentar el gasto por encima del PIB de medio plazo previsto por el gobierno. En el caso del 2017 esta cifra sería el 2,5% aproximadamente. Una imposibilidad que se mantiene incluso aunque exista superávit en las cuentas públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid. Obliga que lo que exceda del gasto se debe destinar a reducir deuda pública. Y de la misma forma que le ocurre al Gobierno central con Bruselas, el Ayuntamiento tiene que contar con el visto buena del Ministerio de Hacienda.
Los presupuestos para 2017 del Ayuntamiento de Madrid prevén incrementar el gasto con respecto a 2016 en 215 millones de euros, alcanzando un gasto total de 4,702 millones de euros. Un incremento presupuestario que se quiere destinar al aumento del gasto social en torno a cuatro ejes: facilitar un “sistema social más equitativo y justo”; abordar una “perspectiva de género” que evalúe el “impacto” de los presupuestos en ese sentido; más recursos para los distritos y la cesión de 60 millones de euros para presupuestos que irán destinados a fines establecidos a través de la participación de los propios ciudadanos. En total, unos 800 millones destinados a políticas sociales. Un 53% más que lo que gastó el gobierno de Ana Botella en cualquiera de sus ejercicios.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Manuela Carmena siempre se ha mostrado absolutamente respetuoso con el pago la deuda. De hecho, sus planes consisten en alcanzar en 2019 una reducción de la deuda en un 52% respecto a la que dejaron los gobiernos del PP. Carmena pretende seguir un camino ajustado y de cumplimiento de la reducción de esa deuda, a pesar de la existencia de necesidades sociales básicas de las clases populares sin resolver, como por ejemplo, la insuficiente vivienda pública y el fin de los desahucios. Además de otras promesas electorales incumplidas hasta el día de hoy como la remunicipalización de determinados servicios públicos municipales, o no digamos, de la auditoria pública de la deuda y el no pago de la deuda ilegítima que se desprendiera de esa auditoria.
Para justificar los Presupuestos elaborados por Ahora Madrid, Carmena pretende convencer al Ministerio de Hacienda de la bondad de sus planes. Destacando como rasgos característicos su sentido de “honradez”, su “sentido común”, manifestando incluso su confianza en que el PSOE los apruebe.
No obstante, la portavoz en el Ayuntamiento del PSOE, calificó la propuesta de “deficiente” y detalló que el documento “precisa de muchos cambios” para que su grupo pueda apoyarlos. No hace falta mucha imaginación para saber que tipo de cambios están pidiendo.
Si realmente el Ayuntamiento de Manuela Carmena quisiera hacer frente a estas imposiciones antidemocráticas y antisociales del Ministerio de Hacienda, debería apoyarse en la movilización social en lugar de aceptar las limitaciones tan estrictas que hacen imposible acometer las acciones sociales necesarias para paliar la situación de los más desfavorecidos. Ofreciendo soluciones reales a mujeres, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad, desempleados, etc... para mejorar sus condiciones de vida.
Por todo ello, es necesario aprobar y ejecutar un presupuesto que aborde al menos: la creación de un parque público de viviendas, la remunicipalización de los servicios públicos que además pudiera facilitar empleo a los parados más necesitados; la puesta en marcha de una política de inversión pública municipal que también incida en la creación de empleo, el desarrollo de una política urbanística en favor de la cultura y los espacios de ocio y esparcimiento para las clases populares y los trabajadores, etc.
Es decir, políticas en favor de la clase trabajadora que no pueden originarse a partir de procesos de negociación bajo cuerda, ni acuerdos secretos complacientes con el gobierno neoliberal del PP y las élites económicas que dan sustento a esas políticas antisociales. | 
