En el día de hoy, la diputada nacional Myriam Bregman (PTS-FIT), y Alejandrina Barry, ambas integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ser consideradas como “amicus curiae” en el trámite del recurso presentado por la Defensoría Pública de la Ciudad, contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que habilita a las fuerzas policiales de la Ciudad (específicamente a la Policía Federal Argentina) a detener personas para su identificación sin una razón válida que lo justifique.
La mencionada presentación tiene lugar mientras diariamente aumentan los casos de criminalización, hostigamiento, e incluso gatillo fácil y torturas contra los jóvenes de los barrios populares, como los de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva de La Garganta Poderosa en el Barrio Zavaleta.
La decisión del TSJ, de inicios de 2016, resulta alarmante, siendo conocidas las consecuencias de esas prácticas policiales que el fallo en cuestión legitima aún más. Ejemplo de esas prácticas, es el caso tristemente célebre de Walter Bulacio, levantado –y posteriormente molido a golpes en una celda hasta su muerte- por miembros de la Policía Federal en inmediaciones de un recital, habilitados por los llamados “edictos policiales” con que los represores llevaban a cabo razzias y detenciones a quienes no portaban documento de identidad.
Tal como sostuvo Bregman al conocerse la sentencia del TSJ “se le da vía libre a la Policía para detener por portación de cara”. Afirmación que resulta válida teniendo en cuenta que estos procedimientos, con la excusa de “prevenir el delito” se dirigen a los sectores sociales populares, especialmente a jóvenes varones, con empleo o desocupados, y habitantes de las barriadas obreras pobres.
Con la resolución del TSJ, que ya le ha aprobado al gobierno porteño el uso de verdaderas herramientas de tortura como las pistolas Táser, se refuerza la discrecionalidad policial en un terreno tan peligroso como lo es la detención de personas, dado que exime a las fuerzas represivas de orden judicial alguna para privar a individuos de su libertad, ampliando, de este modo, las facultades de los cuerpos policiales
El legislador porteño, Patricio Del Corro expresó en aquel momento que “se está creando una fuerza represiva con mayores poderes y atribuciones”. Son numerosos los rechazos de organismos de derechos humanos y amplios sectores políticos y sociales, a la decisión del TSJ, tribunal adicto al gobierno porteño del PRO, que acumula sentencias antipopulares en defensa de aquel.
El fallo que se cuestiona, está en armonía con la política del gobierno nacional de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad, tal como quedó plasmado en el proyecto de ley aprobado recientemente por el Congreso de la Nación (a instancias de todos los bloques a excepción del Frente de Izquierda) que amplía enormemente la aplicación de la figura de flagrancia, modificando el Código Procesal Penal. Esto implica un mayor poder de criminalización de las fuerzas represivas del Estado, teniendo incluso más poder que el Judicial, ya que entonces pasan a ser los agentes de aquellas los que determinan la existencia de delito o no, violando no sólo el principio básico de Defensa en juicio, sino también el de Inocencia.
Al ser aplicada esta figura particularmente contra la juventud y los sectores populares, este abanico de detenciones arbitrarias habilitadas a la policía, se convierte en todo un mecanismo de control social y territorial. En éste sentido se manifestó Bregman al oponerse al mencionado proyecto de ley en el debate parlamentario.
Los abogados, estudiantes, y referentes de los Derechos Humanos que formamos parte del CeProDH, peleamos firmemente contra esta nueva avanzada represiva e invitamos con esos fundamentos a ser parte masivamente del acto del Frente de Izquierda el próximo sábado 19 de noviembre en el estadio de Atlanta. Continuaremos dando esta lucha en todos los terrenos contra las fuerzas represivas del Estado. |
