¿“Nada más que 83 mil pesos”? preguntó el periodista, como dando a entender que le parecía poco. “Sí”, contestó el funcionario y agregó que “con una inflación del 35 % es difícil. Muchos vivimos de eso”.
El que pregunta es el periodista Luis Novaresio. El que responde, Federico Pinedo, jefe de bancada de Cambiemos en el Senado. En un país donde el salario promedio entre la clase trabajadora no alcanza los $ 9.000, el diálogo muestran una impunidad a prueba de balas.
Ayer Pinedo volvió a poner en el centro de la discusión política nacional el valor de las dietas que cobran los legisladores nacionales. Como resulta evidente, el funcionario defendió el aumento que habían resuelto, hace dos semanas, las presidencias de ambas cámaras, en manos de Emilio Monzó y la vicepresidenta Gabriela Michetti.
El “dietazo”, como pasó a ser conocido, implicaba una suba global del 47% de los ingresos de los legisladores de ambas cámaras. De conjunto, sumando las “actualizaciones” por desarraigo y representación, el aumento permitía que todo legislador pudiera alcanzar la suma sideral de $ 141.000.
La decisión causó un justo y extendido rechazo social. Los medios afines al Gobierno no pudieron dejar de criticar la medida. Hasta el mismo presidente Mauricio Macri tuvo que pedir “no pasarse de largo”.
En la Cámara de Diputados y en los medios de comunicación, el rechazo vino desde el Frente de Izquierda. La denuncia de Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Pablo López y Nicolás del Caño alcanzó una enorme repercusión, dando cuenta del extendido descontento a nivel social.
Recalculando
Como producto del rechazo general, el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, se vio obligado a anunciar la marcha atrás de la medida. La resolución oficial se conoció este jueves. En su artículo 1° indica que se suspende “a partir del día 1° de noviembre de 2016, en el ámbito de esta H. Cámara de Diputados de la Nación, los efectos de la Resolución Conjunta del H. Senado de la Nación y de la H. Cámara de Diputados de la Nación RC N° 10/2016”.
El solo hecho de que la medida sólo se “suspenda” indica que los funcionarios esperan un momento más propicio políticamente para avanzar en una medida que fortalezca sus privilegios de casta.
En el Senado, mientras tanto, se mantuvo la impunidad a pesar del cuestionamiento al aumento. Esta semana debía realizarse una reunión de Michetti con los presidentes de los bloques de la Cámara. Sin embargo, por la ausencia de muchos, la misma no tuvo lugar. En la Cámara Alta, el dietazo sigue vigente.
Comparaciones de casta
Pinedo volvió a defender el aumento bajo el argumento de que “no tiene lógica” que un senador gane menos que los directores del Senado.
El mismo argumento había utilizado Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque del Frente para la Victoria en esa cámara. El legislador peronista defiende sus intereses de casta con la misma pasión y convicciones con las que ataca a los trabajadores inmigrantes desde hace años.
Otro argumento que habían señalado los legisladores cuando se hizo conocido el aumento fue que se buscaba “recomponer un poco porque estaban atrasados respecto de los otros poderes, y de acercarse a lo que perciben los ministros”.
El diputado Daniel Lipovetzky había afirmado “que los diputados no cobramos aguinaldo, como sí lo perciben otros poderes del Estado”. Su compañera de bancada, la empresaria del vino Susana Balbo, había incluso sostenido que la función legislativa “está alcanzada por el impuesto a las Ganancias” a diferencia de lo que ocurre con los jueces.
Los argumentos buscan igualar los privilegios de casta de otros sectores que, efectivamente, existen. Como lo mostró esta semana La Izquierda Diario, un juez de la Corte Suprema cobra 19 veces más que el salario promedio en Argentina. En esa medición, el ingreso actual de un legislador supera las 15 veces.
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Privilegios y más privilegios
Las sumas siderales que diputados y senadores cobran no parecen ni siquiera implicar una dedicatoria tan exclusiva a sus tareas.
Lo dejó en evidencia la semana que pasó, donde una importante cantidad de legisladores decidieron ausentarse, produciendo una paralización de las tareas legislativas, en pos de actuar como “veedores” en las elecciones de Estados Unidos. Lo que se dice un verdadero paseo por el país del norte. Una cuestión que, a pesar de los pedidos elevados por Myriam Bregman (PTS- Frente de Izquierda), aún no ha sido explicada de forma alguna.
Pero si se realiza un análisis más global se verá que los legisladores incumplen parámetros que, en cualquier trabajo común y corriente, implicarían fuertes sanciones y hasta el despido.
A inicios de este año se conoció un informe que daba cuenta de las ausencias en las sesiones de Diputados en 2015. De un total de 12 reuniones (9 sesiones normales y 3 Asambleas Legislativas), hubo legisladores que faltaron en todas las ocasiones y otros en cantidad no menor. Por señalar algunos ejemplos, Francisco De Narváez, faltó en seis ocasiones; el actual gobernador de Córdoba Juan Schiaretti lo hizo en 7; Sergio Massa en 6 ocasiones. Es decir, hasta medidos con su propia vara, no cumplen los requisitos de la tarea.
Terminar con los privilegios
Ayer, desde el FIT, Myriam Bregman salió al cruce de las declaraciones de Pinedo, señalando que “defiende los privilegios de la casta política que representa los intereses capitalistas. Son una vergüenza sus afirmaciones, ya que su sueldo es diez veces superior a un salario mínimo. No le da ningún pudor decirlo en pleno ajuste, con tarifazos, salarios planchados, despidos e inflación”.
Bregman recordó que “los legisladores del Frente de Izquierda cobramos como un docente y el resto lo donamos a luchas y causas populares”.
La bronca contra la casta que gobierna para los empresarios agrega un motivo más para participar del acto del sábado próximo en el estadio de Atlanta, con los que pelean todos los días contra estos privilevios.
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El rechazo a los privilegios de estos funcionarios y políticos tiene que ir íntimamente relacionado de una serie de reclamos democráticos elementales: que cobren como cualquier trabajador y que sean revocables por sus electores. Esto debe incluir a la casta judicial con la exigencia de que también cobren como un trabajador y que se elijan por el voto popular. | 
