Esta semana Bolivia se vio sacudida con una ráfaga de noticias que daban cuenta de un aumento alarmante en los feminicidios y diversas formas de violencia a mujeres y niñas. Según la Diputada del MAS, Marianela Paco, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia (más de dos tercios).

El impacto en la opinión pública, por los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de María Isabel Pillco, de 28 años, reflejan que murió por una hemorragia interna, laceraciones en el hígado y un trauma abdominal como resultado de la brutal golpiza perpetrada por su pareja que la tuvo agonizando desde la semana pasada . Otra noticia confirmaba que después de dos años de raptada, hallaron a una adolescente de 14 años con cuyo raptor (hoy su concubino) tiene una niña de un año . Esta semana también se conocía la violenta agresión por parte de un Diputado del MAS que dejó con tres días de impedimento a su esposa.

A estos casos se suman muchos más, sólo en la ciudad de La Paz –de los casos que son reportados- hasta la fecha son 11 las mujeres que fueron víctimas de feminicidio. En el país, durante el periodo enero-septiembre son 157 la cantidad de mujeres que fueron asesinadas (32 más en comparación al mismo periodo del año pasado), de los cuáles 97 son considerados feminicidios . Con relación a las denuncias por violencia, las instancias de atención a la mujer como ser los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs) así como la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) no sólo que no dan abasto, sino que por su profunda concepción machista sobre la familia y el rol de las mujeres, terminan siendo instancias que antes de ayudar a las mujeres que deciden hacer una denuncia optan por “resolver” el problema abogando por la conciliación con el agresor .

Esta situación contrasta con las disposiciones y normativas del país, ya que mientras se afirma proteger a la mujer, sólo se ve una creciente tendencia al aumento de la violencia de género. No sólo que se cuenta con una ley supuestamente destinada a garantizar una vida libre de violencia a las mujeres (Ley 348), sino que finalmente, luego de las elecciones que por amplia mayoría consolidan al gobierno de Evo Morales en un tercer mandato, se anunció que se dispondrá de presupuesto para su reglamentación (30% del presupuesto de seguridad ciudadana proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH) destinado principalmente para la implementación de Casas de Acogida. Es decir, aunque se aprueban diversas normativas que protegerían a la mujer, la práctica sostenida por altos funcionarios del Estado, cotidianamente, no sólo que desmiente estas disposiciones, sino que incluso alientan prácticas machistas: diputados golpeadores, policías que violan a mujeres, declaraciones machistas y misóginas que a tono de broma refuerzan la naturalización de la violencia hacia la mujer, como la reciente declaración del presidente expresando que le gustaría secuestrar a su pareja en helicóptero y no a caballo como en otras épocas.

La ola de violencia de la cual somos testigos y víctimas las mujeres bolivianas va en aumento. Entrevistadas, las mujeres de la agrupación Pan y Rosas denunciaron: "Son las mujeres trabajadoras, estudiantes, indígenas y las mujeres más humildes quienes ni siquiera pueden optar por recibir algún paliativo del Estado que se jacta de avanzar en la equidad de género. Está claro que lo único que ofrece este Estado es un discurso de igualdad pero que en los hechos las brechas siguen creciendo y el pueblo pobre es quién siempre termina cargando con los costos. Después de las elecciones ya no hay promesas que engañen, las mujeres cada vez tenemos más claro que la única forma de garantizar nuestros derechos, desde los más básicos, es organizándonos."