“A la policía hay que enaltecerla, cuanto más prestigio tenga la institución policial y más prestigio tengan los policías individualmente, mas temor la va a dar a la delincuencia y más va entender este mensaje: no tiene costo cero delinquir. Todo este paquete de medidas es el que va disuadir al delincuente que no tiene costo cero delinquir, que da igual, que si delinque total después sale en libertad. Que si no sale en libertad y lo llevan a prisión, está mejor que en su casa”.
Estas fueron las palabras con las que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, promocionó a una nueva camada de policías provinciales hace algunos días, y luego fueron reproducidas por miles en las cuentas oficiales del gobierno en las redes sociales. El gobernador, consultado por la prensa, incluso fue más allá luego del acto oficial y lanzó la polémica propuesta de que sean las personas privadas de su libertad quienes se “paguen” su propia estadía en la cárcel, trabajando gratis para el estado.
Esto encendió la polémica y suscitó un fuerte cuestionamiento de diversas organizaciones.
Una propuesta ilegal
La propuesta del gobernador, que aún no estaría “muy elaborada” según el propio Cornejo, choca con la legislación vigente al respecto. Mientras que se pretende que las personas privadas de su libertad trabajen “gratis” para el estado, la Cámara Nacional de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, estableció que una persona detenida que trabaja debe tener todos los derechos que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir que imposibilita el trabajo gratuito que pretende el gobierno de Mendoza. “El trabajo constituye un derecho y un deber del interno”, establece la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que determina también que éste debe ser remunerado.
"Queremos que paguen un poco, con trabajos obligatorios, lo que se invierte en ellos", dijo el gobernador. Esta afirmación generó la indignación y bronca de muchos sectores que vienen denunciando las inhumanas condiciones en las que vive la población carcelaria de la provincia.
Solo a modo de ejemplo, a mediados de este año se dio a conocer que la cantidad de detenidos alojados en los penales de la provincia superaba en 500 personas a la capacidad e infraestructura disponible. Mendoza ha sufrido reiteradas condenas internacionales y observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de las cárceles locales.
Incluso la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), concluyó que la situación en la que viven las personas privadas de la libertad en Mendoza, es “constitutiva del delito de tortura”. Y para graficar la situación, señaló: “Celdas de ínfimas proporciones con humedad y una absoluta ausencia de luz (ni natural, ni artificial), conexiones eléctricas precarias, falta de camas y mobiliario, y sin provisión de agua –los internos mencionaron que debían suministrarse a sí mismos un balde de cinco a diez litros que debía alcanzar para los tres días de encierro- forman parte del alarmante cuadro registrado durante la inspección. A los detenidos, no se les provee ningún tipo de elemento de higiene o limpieza, además de no contar con abrigos que permitan mitigar el intenso frío, mientras que la escasa comida provista fue coincidentemente descripta como incomible o de mala calidad”. Sin embargo, para Cornejo, las personas detenidas están “mejor que en su casa”.
Demagogia punitiva
Al comienzo de su gestión, el gobierno provincial obtuvo su “emergencia en seguridad”, con el aval del PJ, con la que buscaban una mayor aplicación del poder punitivo del estado de forma inmediata; y avanzó en la modificación de los artículos 59, 60 y 61 del Código Procesal Penal, aumentando la tasa de encarcelamiento con prisiones preventivas.
En la misma sintonía, la semana pasada se votó en el Senado provincial, pese a las críticas de organizaciones de mujeres y organismos de Derechos Humanos, el pliego presentado por el gobierno, de José Valerio para la Suprema Corte provincial. Fuertemente respaldado por el oficialismo con un discurso de mano dura y “combate al delito”. Sin embargo, sin mencionar el cuestionable prontuario del Juez, a solo días de haberse votado su postulación, el propio Valerio dicto un fallo de impunidad para el policía asesino de Nicolás Barrera.
En Mendoza, en el período 1983-2014, se produjeron 231 casos de gatillo fácil, lo que ha llevado a la provincia del 4º al 3º lugar entre las provincias de mayor incidencia en esta temática en 2015.
Estas recetas impulsadas por Cornejo, no son ninguna novedad. Pese al discurso oficial para justificar más y más detenciones, ya desde el gobierno K de Paco Pérez, Mendoza superaba la media nacional de personas privadas de su libertad sobre habitantes. Durante el gobierno de Pérez, entre el 1ero de mayo de 2014 y el 1ero de mayo de 2015, se habían realizado alrededor de 250.000 detenciones, gran parte bajo la figura de “averiguación de antecedentes”.
Ahora, el gobernador busca profundizar este modelo, defendido tanto por peronistas como radicales, que solo termina en miles de pobres en las cárceles y una política represiva contra la juventud, alentando nuevos casos de gatillo fácil. |
