Foto: EFE
La Comisión Europea anunció ayer que no se congelarán los fondos al Estado español, pese a incumplirse el objetivo de déficit que había anunciado el Gobierno de Rajoy . Estaba previsto que el déficit no superara el 4,5 pero acabará siendo de 5,08%.
No obstante, para el próximo curso 2017, Bruselas ha indicado que las proyecciones de crecimiento no son realistas y que no alcanza con las medidas que se prevén adoptar: un recorte del déficit del 2’5% según el propio Gobierno. Es decir, el Gobierno se apresta ahora a aprobar unos presupuestos que buscan recortar de 10.000 millones del gasto público como ya anunció la Comisión Europea. La intención es que el déficit se quede en el 3,1% comprometido.
La reducción presupuestaria que ahora se plantea por lo tanto es nada más y nada menos que la mitad del recorte que se realizó entre 2011 y 2015 (algo más de cuatro puntos del PIB, al pasar del 9,3% al 5,1%). Es decir, después de los recortes soportados por los trabajadores queda por recorrer, al menos, otro 50% del camino.
La tesitura que se le plantea por delante al gobierno de Rajoy para la realización del ajuste es el incremento de los impuestos o la realización de más recortes. En ambos casos, sin duda, siempre en favor de las élites económicas y en contra de los trabajadores y las clases populares.
Con toda probabilidad será una combinación de ambas. Eso sí, serán impuestos de carácter indirecto como el IVA o similares. Porque éstos golpean con mayor brutalidad a los que menos tienen, puesto que se pagan sin tener en cuenta la renta del que paga el impuesto. Por eso cuando haban de incrementos fiscales hay que alejar la idea de que se pudiera tratar de ningún tipo de veleidad de reparto social de la carga, o de revitalizar y desarrollar un sistema impositivo con un marcado carácter redistributivo en el que los más ricos tributaran más a través del IRPF.
Además, el sistema impositivo, para que fuera creíble, debería sellar los agujeros por los que se escapa un volumen importante de recursos gracias al fraude fiscal que se ha llegado a cifrar en unos 40.000 millones. Solo con esa medida se hubiera evitado prácticamente la totalidad de los recortes.
Pero en realidad, la falta de recursos públicos no es la única causa de los recortes. Lo que subyace a todo esto es una contrarreforma fiscal que lleva ya años implantándose y ahogando el llamado Estado del Bienestar y las políticas de redistribución de la renta social. Previo a la crisis económica de 2007 ya se venían practicando políticas de reducción del ingreso fiscal y de abandono de la redistribución de la riqueza a través de impuestos progresivos. Lo que ha sucedido es que esta tendencia se aceleró durante la crisis. Una detracción masiva de recursos a los trabajadores para que éstos paguen la factura de la crisis, salvando, además, los grandes negocios capitalistas “demasiado grandes para caer”.
Las cifras dejan bastante clara la evidencia de que gran parte del problema de la quiebra financiera pública ha sido la reducción de los ingresos públicos, además de un importante aumento de los gastos consecuencia de la elevación geométrica de la deuda pública, dado que las políticas sociales se han visto reducidas. También los elevados niveles de corrupción han detraído renta de las clases populares. Todos ellos han sido factores importante para entender de la quiebra financiera pública.
Si analizamos los datos por la tipología de los impuestos que soportan la carga de costes del Estado nos queda claramente evidenciado que grupos de población son los que contribuyen al sostenimiento de los gastos anuales. Mientras el impuesto de sociedades, el que pagan las empresas con forma societaria, se ha reducido en más de un 50% entre 2007 y 2015 - con un bajón recaudatorio en 2010 y 2011 con respecto a 2007 de hasta casi un 65% - la cuantía recaudada por el IRPF apenas ha bajado un 0,37% en ese mismo periodo de tiempo. De modo que según estos datos la clase trabajadora ha visto reducir sus ingresos en un 12%.
Esto refleja claramente la deformación del sistema impositivo que gravita sobre las espaldas de los trabajadores y las clases populares. Otro factor a tener en cuenta, que también marca la situación de completa asimetría es que el IVA ha sufrido un incremento entre 2007 y 2015, con un aumento de este último año de casi un 8% sobre lo recaudado en 2007.
El gobierno de Rajoy va a tener dificultad para lograr los compromisos necesarios para sacar adelante las cuentas. Un apoyo del PSOE, que no es ni mucho menos descartable, tampoco será sencillo ya que puede avivar aún más la crisis interna que lo está fracturando. No resultaría nada sencillo explicar a sus bases y votantes cómo es posible dar el visto bueno a unos recortes de 10.000 millones de euros, algo que sin duda va a generar más empobrecimiento y miseria para la clase trabajadora y las clases populares. Aunque de el partido del IBEX35 y el grupo PRISA todo puede esperarse.
Aún así, esta incertidumbre explica los esfuerzos de Rajoy y su equipo para acercarse al PNV para lograr su apoyo. Sin embargo, esto también le puede traer complicaciones. En función de las concesiones, sobre todo la mejora del cupo vasco, el apoyo del PNV pondría en compromiso el apoyo de Ciudadanos.
Un escenario nada cómodo en principio para Rajoy, que se suma al hecho de que el nuevo Gobierno de Rajoy, con el apoyo de PSOE y C’s, ha nacido socialmente deslegitimado. Un Gobierno formado para acatar los dictados de Bruselas con miles de millones en recortes puede reabrir nuevamente el ciclo de movilizaciones callejeras, como ya pasara en 2011-2012. Una etapa en la que si la clase trabajadora se pone a la cabeza de las movilizaciones para enfrentar los nuevos ajustes que se vienen encima, podría poner en un verdadero aprieto al nuevo Gobierno “del IBEX 35”. | 
