En la Ferrominera Orinoco (FMO) los trabajadores se encuentran en protesta, y desde el martes de la semana pasada decidieron mantenerse de “brazos caídos” dentro de la planta. Se mantienen pese la “medida cautelar innominada” del tribunal V de Primera Instancia del Trabajo en Puerto Ordaz, que admitió el recurso de amparo que introdujo la gerencia de la productora de mineral de hierro en vista de lo que llaman “paralización ilegal” de los trabajadores.
La acción judicial establece que queda prohibido el ingreso a las instalaciones de la empresa a los representantes del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera). La medida cautelar establece “la prohibición del ingreso de los mismos a las instalaciones de la empresa, a fin de evitar acciones de protestas escalonadas y/o intercaladas y/o continuadas que impidan el cierre total o parcial de los accesos y/o portones de las instalaciones de trabajo, con el propósito de evitar la realización de paros o protestas denominadas ‘brazos caídos’ u ‘operación morrocoy’, hasta que dure el presente proceso de amparo”. Además la amenaza viene incorporada en la medida del tribunal, pues pide “a los trabajadores y trabajadoras a incorporarse a sus labores habituales, a fin de mantener la operatividad de la empresa y evitar la aplicación de medidas disciplinarias”.
Se trata de una medida aberrante que se lleva a cabo por parte del gobierno recurriendo a sus tribunales, esta vez, ya no solo restringiendo el derecho a la protesta, sino que hasta impedir el ingreso de los propios representantes sindicales de los obreros.
Los trabajadores protestan por la inconformidad con la hoja de cálculo, deficiencias con el seguro médico, el bono de 300.000 bolívares por utilidades, el servicio de transporte y de ambulancias, la entrega de juguetes, el retraso en el inicio de las viviendas prometidas a parte de la nómina, entre otras demandas. El secretario general del sindicato Sintraferrominera, Rubén González, ha declarado que estas razones mantienen la decisión de lucha, como comenzaron el martes de esta semana. “Nos declaramos en rebeldía, en desacato, porque no nos van a intimidar”, reiteró González, quien en fue enjuiciado y condenado hace cinco años también por ejercer el derecho a la huelga, [como puede leerse en este artículo-http://www.lts.org.ve/El-gobierno-condena-al-dirigente-obrero-Ruben-Gonzalez-a-7-anos-y-medio-de-carcel].
La intromisión judicial en las empresas básicas no es nueva: en enero de 2015, el TSJ suspendió los comicios en el Sindicato Único donde Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), de Sidor, como puede leerse en este artículo Golpe a la autonomía sindical en Sidor.
En la Ferrominera del Orinoco se avanza en restringir un derecho, el de la protesta, el de la huelga. De por sí el derecho a huelga en nuestro país es cercenado de múltiples maneras que pareciera que tal derecho como medida de presión y lucha prácticamente la lleva a carecer de la efectividad buscada por los obreros para doblarle el brazo al patrono.
En la actual Ley del Trabajo el derecho a huelga está sujeto a decisiones de funcionarios públicos y jueces del trabajo, y hasta sujeto a la intervención de jueces penales, que limitan cuando no niegan directamente el libre ejercicio de tal derecho. Pero si dentro de Ley Orgánica del Trabajo existen grandes restricciones, muchas otras leyes externas a la misma de existencia de vieja data o nuevas que han sido decretadas bajo el gobierno de Chávez como de Maduro, cercenan el derecho a huelga a tal punto que lo que restaría de la misma como medida de fuerza, si nos regimos por lo estrictamente legal, es prácticamente de efectividad inocua.
Basta mencionar el Art. 56 Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación que afecta el derecho a huelga de los trabajadores petroleros, eléctricos, siderúrgicos, del hierro, aluminio, gas, las hidrológicas, el transporte público, profesores, maestras/os, enfermaras/os, médicos, empleados públicos, y el derecho a movilizarse hacia los centros del poder y cualquier lucha obrera o popular que “afecte la vida económica y social”; el Art. 139 que afecta el derecho a movilización y huelga de todos los/as trabajadores/as de la alimentación, de los supermercados, de las cadenas de distribución, del transporte, del gas doméstico, el agua, la electricidad, etc.; el Art. 24 de la Ley especial para la defensa popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios que afecta el derecho a movilización y huelga de los/as trabajadores/as de la alimentación, de los supermercados, de las cadenas de distribución, del transporte, etc.; todo esto sin dejar de mencionar los artículos 286 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Antiterrorista decretada en junio del 2012, donde las huelgas, paros, trancas de calle, etc., podrán ser considerados “actos terroristas”.
Desde el Estado siempre se pretende controlar los sindicatos. Lo hace mediante sus Leyes, y sobre todo con las referentes al ordenamiento jurídico obrero-patronal y aquellas leyes circundantes que cercenan la actividad y derechos sindicales. Esta injerencia estatal se expresa en la Ley del Trabajo con una serie de articulados y enunciados directos sobre cuáles son los fines de los sindicatos, sus objetivos y obligaciones, qué es lo que pueden o no pueden hacer, y cuáles serían sus atribuciones, cuando son los propios trabajadores y las trabajadoras los únicos que pueden y deben decidir sobre sus organizaciones sindicales.
Hay que repudiar esta acciones del gobierno, luchar por tirar abajo todas estas leyes que van contra los derechos más elementales de los trabajadores. Los trabajadores de la Ferrominera no deben dejarse amedrentar y mantener su lucha hasta alcanzar sus demandas, siendo imprescindible rodearlos de toda la solidaridad activa para que no los aíslen y puedan triunfar. |
