Concentración en Alsasu de familiares y amigos de los detenidos. Foto: EFE
La Audiencia Nacional ha procesado, en poco más de una semana, a nueve de los jóvenes detenidos el pasado 14 de noviembre tras ser identificados como supuestos agresores de un sargento y un guardia civil, ambos fuera de servicio, en un bar de la localidad navarra de Alsasua.
La jueza de la AN, Carmen Lamela, les atribuye, en un auto público desde este martes, un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio.
La magistrada ha señalado en un periodo de tiempo exprés que la agresión proviene del "hostigamiento" que el colectivo Ospa Mugimendua -plataforma a la que según la versión oficial pertenecen algunos de los detenidos- causa a los agentes de la Guardia Civil.
La construcción de la “versión oficial”
El pasado 16 de octubre tuvo lugar una gresca entre los clientes de un bar de Alsasua y dos guardias civiles y sus parejas. Según relatos de testigos presenciales, la pelea fue provocada por los propios agentes.
A partir de esos hechos, comienza a crearse una versión oficial de lo sucedido. En la prensa conservadora comienza a hablarse de un “linchamiento” por parte de 50 o 60 personas, mientras el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) acusa a los detenidos de “terrorismo” desde el primer momento. Desde el Ministerio de Interior se señala también un posible “delito de odio”. En este marco, la Guardia Civil envía diligencias ampliatorias en las que manifiesta indicios de delito de odio, basándose en la supuesta relación de alguna de las personas detenidas con Ospa Mugimendua.
De ahí, se pasa a la imputación de los implicados por “delito de terrorismo” y se lleva el caso a la Audiencia Nacional con unas medidas cautelares brutales: siete de los jóvenes llevan desde el miércoles pasado en prisión preventiva, mientras que los dos restantes tienen la obligación de comparecer en el juzgado dos veces por semana. La jueza ha impuesto, además, fianzas de 6.000 euros.
“No entendemos las detenciones cuando voluntariamente se habían personado a declarar en diversas ocasiones. Tampoco entendemos la aplicación de unas medidas cautelares que consideramos exageradamente desproporcionadas y fuera de lógica, como es el caso de prisión incondicional para 7 de ellos, puesto que la voluntad de nuestros hijos e hijas, así como la nuestra, es que estén en casa retomando su día a día forjándose un futuro", señalan los familiares de los detenidos en un comunicado.
Ante la aceptación del pedido de prisión incondicional del fiscal por parte de la jueza, Amaia Izko, abogada de los detenidos, ha declarado que las instituciones “convierten una bronca que ocurrió en un bar en hechos cometidos por personas integradas o que colaboran con una organización terrorista. En este caso esa referencia va hacia el movimiento Ospa y hacia la campaña Alde Hemendik (Que se vayan), como estrategia diseñada, ya sé que suena como una cosa algo marciana, por ETA y para ayudar a los fines de ETA, y que se lleva adelante hasta hoy en día para conseguir echar a las fuerzas policiales de Euskal Herria".
Toda una puesta en marcha del engranaje represivo por parte del Gobierno y las fuerzas represivas para seguir justificando su política represiva en el País Vasco en nombre de la unidad anti-terrorista. La petición de la Asociación Unificada de Guardias Civiles -AUGC- y los medios de comunicación reaccionarios como el Mundo al ayuntamiento de Iruñea y al Gobierno Foral de que retiren las subvenciones a Ahotsa.info, dan buena muestra de ello.
Aunque la versión oficial no se sostiene por ningún lado, eso no impide que nueve personas sean detenidas (seis de ellas en prisión preventiva) y pasen a ser juzgadas por delito de terrorismo. La reaccionaria Guardia Civil no puede ponerse en entredicho.
El caso de los nueve detenidos es un nuevo ejemplo de la campaña de persecución sistemática del Gobierno y las instituciones contra tantos que luchan por sus derechos o simplemente ponen de manifiesto lo retrogrado del sistema capitalista imperante. Euskal Herria sigue siendo aún hoy un laboratorio para posteriormente usar las mismas medidas represivas en el resto del Estado. Tras la formación de este nuevo Gobierno totalmente deslegitimado, es de esperarse que la represión vaya en aumento | 
