Carlos Fayt, fue abogado, escritor, militante del Partido Socialista en su juventud y ministro de la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina desde 1983 hasta el 2015, año en el que renuncia al cargo alegando problemas de salud.
En sus inicios como abogado defendió a perseguidos por la dictadura militar usando la presentación de habeas corpus. Primeramente, en los ’60, rechazó la propuesta de Arturo Illia para integrar la Corte Suprema para luego aceptar el ofrecimiento del radical Raúl Alfonsín en 1983. Desde entonces ejerció ininterrumpidamente esa función durante 32 años convirtiéndose en el juez con mayor tiempo en la Corte.
Dentro de sus 35 libros, los más conocidos son los que integran la saga Historia del Pensamiento Político que abarca desde la Antigua Grecia hasta el siglo XX.
Tuvo un rol nefasto en el fallo "Simón" que había sido clave para la reapertura de los juicios contra los participes de la dictadura militar, dicho fallo tiene origen en una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, en virtud del secuestro de un matrimonio y su hija por parte de las fuerzas armadas. La menor sufrió, además, la modificación de su identidad.
En este caso, por mayoría, los jueces de la CSJN declararon la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. El único que votó en disidencia fue el juez Fayt, en tanto consideró que la “desaparición forzada de personas” y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no eran aplicables al caso por no ser preceptos vigentes al momento de los hechos, muy por el contrario del voto del resto de los jueces que justificaron la procedencia de estas figuras en la vigencia de disposiciones internacionales de Derechos Humanos.
En el 2002, se solicitó un juicio político en su contra por "mal desempeño y posible comisión de delito" a raíz de su relación con el ex Presidente Carlos Menem y su rol frente a una causa vinculada con el Tribunal Superior de Justicia de la Rioja. También en ese año, fue acusado de cometer "dolo deliberado" por no declarar un plazo fijo de más de 200 mil dólares.
En sus últimos años, cobró notoriedad mediática a raíz del enfrentamiento que tuvo con el kirchnerismo. Basándose en su edad y los problemas de salud que esto pueda acarrear, el kirchnerismo buscaba forzar su renuncia para poder designar a un nuevo juez que sea más afín a sus intereses. Mientras que desde la oposición, cínicamente, pegaron el grito en el cielo para defender la "independencia" del poder judicial de los otros dos poderes.
La “independencia” de los jueces es más que cuestionable. Defensores de gobiernos de turno, encubridores de políticos corruptos, garantes de leyes antiobreras y con un poder que en los últimos años ha sido utilizado por opositores para jaquear gobiernos. Un claro ejemplo de esto último fue el impeachment realizado en Brasil contra el gobierno de Dilma para fortalecer un giro a la derecha en Latinoamérica.
A pesar de la retórica kirchrnerista de la “renovación” sobre el Poder Judicial, la Corte Surprema conserva todos sus privilegios. Tienen ingresos de alrededor de cien mil pesos mensuales, están eximidos del impuesto a la ganancias (aquel que el macrismo prometió quitar a los trabajadores durante su campaña), jubilaciones de privilegio y puestos que son de carácter vitalicio. Cualquier intento real de “renovación” debería empezar, mínimamente, por abolir este tipo de privilegios. | 
