En el día de ayer la Cámara Baja votó modificaciones a la legislación penal que afectan directamente al régimen de excarcelaciones. Los proyectos fueron presentados en conjunto por los bloques del oficialismo (UCR-Cambiemos) y del Frente Renovador. La votación resultó en 118 votos afirmativos, 63 negativos y 7 abstenciones.
El texto presentado por los diputados Sergio Massa, Carlos Américo Selva y Raúl Joaquín Pérez busca reducir abruptamente la libertad de las personas que aún no poseen condena y ni siquiera están en proceso judicial.
El tratamiento fue express y sin escuchar a ningún tipo de organismo de derechos humanos. Por eso mismo, tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria y otras tantas organizaciones están en contra de esta ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se expidió contra uno de los puntos: el de “peligrosidad”.
El carácter de estos proyectos es cambiar la lógica de presunción de inocencia ante la justicia. Según estos textos, de espíritu reaccionario, represivo y xenófobo y de un gran carácter clasista, toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Los clichés y la realidad
Los argumentos esgrimidos por los diputados que votaron a favor se apoyaron en clichés y sentidos comunes que nada tienen que ver con el verdadero trasfondo de la norma. Hasta hubo quienes argumentaron apelando a la defensa de las mujeres víctimas de la violencia machista, intentando convencer sobre lo positivo de esta reforma para prevenir nuevos ataques de sus victimarios. Sin embargo el gobierno, impulsor de estas reformas, recorta y cierra los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, no da refugios ni licencias como se viene exigiendo desde el movimiento de mujeres. Obviamente su principal argumento fue el incremento de la “inseguridad” y el “narcotráfico”.
Lo que afirman los impulsores de estos proyectos es que la justicia y las cárceles poseen una “puerta giratoria”, pero todos los que estuvieron en contra de este proyecto mostraron datos empíricos y estadísticas irrefutables que demuestran lo contrario a lo reaccionario de esta ley.
Los datos demuestran que en el año 1997 había 29.690 personas encarceladas y en los siguientes 20 años aumentó a 70.000 personas privadas de su libertad, de las cuales un 60 % no tienen ningún tipo de condena. Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires tuvieron que dar a conocer que, por año, entran a las cárceles 2.200 personas mientras que los que egresan son apenas 700.
En la provincia de Mendoza, en los últimos cinco años, el aumento de las encarcelaciones es de un 69 % mientras que el delito aumentó un 19 %. En el caso del narcotráfico, el 97 % de la población carcelaria son por “mulas” y el 3 % restante serian “grandes narcotraficantes”. Obviamente el poder político y policial son partícipes necesarios de este negocio, no son parte de ese 3 %, ni tampoco de ese 97 %.
Los proyectos votados ayer dejan a la subjetividad de los jueces la posibilidad de dar o no dar la prisión preventiva. Asimismo exigen una cantidad de requisitos burocráticos para la excarcelación de las personas, como por ejemplo expedir un domicilio legal. Pero lo que no tienen en cuenta es que en las barriadas populares los pasillos no son reconocidos como domicilios legales.
Lo que logrará esta reforma es que antes de tener un juicio la persona ya sea declarada culpable y con una pena incierta sobre el tiempo en el cual va a estar presa. Por ende lo que logrará esto es un aumento exponencial de la población carcelaria en donde los presos viven en condiciones infrahumanas y sufren constantemente abusos de toda índole por parte del servicio penitenciario.
Se habla de “delitos” en general, no se expresa ningún delito puntual, por ende también entrarían el lavado de dinero, la corrupción y otros tantos más que están ligados al poder político de la burguesía. Si el bloque Cambiemos fuera consecuente tendría que pedir la renuncia de su dirigente y actual presidente Mauricio Macri que está procesado por múltiples causas, pero esto no es así, es una forma más de ejercer un dominio y un poder coercitivo contra la clase trabajadora y el pueblo pobre.
En su campaña Macri habló de “pobreza cero” y a eso va: encarcelando y reprimiendo a los trabajadores que día a día ven avasallados sus derechos y sus platos de comida están más vacíos.
El rechazo de la izquierda
Además de los ya mencionados organismos de derechos humanos, de la CPM y de la CIDH, las iniciativas del radicalismo y del massismo fueron rechazadas en el propio recinto durante la sesión. El Frente de Izquierda estuvo entre los más críticos en la fundamentación del voto en contra.
El diputado Pablo López (PO-FIT) dijo que esto es una nueva forma de criminalizar la protesta social, poniendo varios ejemplos que así lo demuestran.
Por su parte la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman dijo que “en primer lugar a las hipótesis de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación se agrega como supuesto de prisión preventiva ’el peligro para la víctima’. ¿Cómo se evalúa ese peligro? El artículo 5, además de tener elementos ’peligrosistas’, le da más poder al cuestionado Servicio Penitenciario ya que sus informes tendrán peso para evaluar la concesión o no de la libertad de un imputado. En esta ley vuelve a aparecer la Ley Antiterrorista”.
Además Bregman agregó que hay “46 genocidas prófugos y los policías culpables de los casos de gatillo fácil están sin detención o son prófugos en complicidad entre la Policía y el Servicio Penitenciario”. La referente de la izquierda finalizó con lo que expresa verdaderamente el pensamiento de Sergio Massa (seguramente aconsejado por su amigo Rudolph “tolerancia cero” Giuliani) y el macrismo: “La cárcel hoy es un castigo de hecho; y con esta ley la cárcel es un castigo de derecho”.
Es sabido que el actuar policial es nefasto. Se demostró en el caso de Fernando Carrera cómo son capaces de armar causas para justificar la necesidad de que ellos están “trabajando” o inculpar a otra persona con tal de no hacerse cargo de sus propios delitos.
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Los proyectos que se aprobaron ayer responden a una necesidad de punitivismo contra el pueblo trabajador, buscando un mayor disciplinamiento en tiempos de ajuste y crisis social.
Mientras se tenga una justicia clasista, que busca adoctrinar a los trabajadores, las mujeres y la juventud, se hace aún más necesaria la elección por el voto popular de jueces y fiscales y los juicios por jurado, que a lo largo de la historia han demostrado ser imparciales en distintas partes del mundo. | 
