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En dos días el Ayuntamiento de Manuela Carmena ha pasado de la aceptación el lunes de las imposiciones fundamentales del Ministerio de Hacienda en torno al techo de gasto recogido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, al rechazo de las mismas al día siguiente, martes, para los ejercicios de 2016 y 2017.
Sin embargo, sí parece que el Consistorio se plegaría a aceptar la devolución de los 17 millones de sobregasto que se produjeron en el año 2015, señalando que ese dinero está en la caja del Ayuntamiento disponible para realizar el correspondiente pago.
La alcaldesa ha destacado la importancia del diálogo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, aunque sosteniendo que este año y el que viene el gobierno municipal de Ahora Madrid no va a cumplir la regla del gasto.
Según los cálculos del concejal de Hacienda, Sánchez Mato, los presupuestos municipales van a superar la regla de gasto en 200 millones de euros para 2017 y en 2016 se prevé también un incremento de algo más de 300. Todo sumaría un total de “gasto desobediente” de 587 millones de euros en esos dos ejercicios. Un dinero que, según el concejal, se destinaría a partidas de gasto social. Sus últimas declaraciones señalaban que “la regla de gasto [del Ministerio] está impidiendo gastar el dinero para mejorar la vida de la gente”.
Para el Ministerio de Hacienda, sin embargo, las cifras son algo mayores. Calcula que el desfase total entre 2014 y 2016 ya se encuentra cerca de los 700 millones de euros y exige el cumplimento del techo de gasto cuyo límite viene marcado por el crecimiento de PIB medio previsto. Todo aún cuando el Ayuntamiento se encuentre en una situación financiera de superávit, y después de haber devuelto en poco más de un año nada menos que 1.000 millones de euros de deuda.
Del volumen de gasto del presupuesto total del Ayuntamiento, que en 2016 que alcanzó algo más de 4.400 millones de euros, casi el 25% se destinó a devolución de deuda. Un auténtico récord en cumplimiento, que contrasta con el tamaño de las partidas “desobediente” de los próximos dos años que están en el centro de la polémica. El incremento de gasto de 2016 y 2017 suponen respectivamente una quinta parte y un tercio de lo abonado en pago de la deuda en 2015, a todas luces una cifra insuficiente para cubrir las necesidades sociales de los sectores más desprotegidos.
Aún así la rectificación del martes respecto a las declaraciones del día anterior del gobierno municipal de Ahora Madrid, es un giro que despierta importantes dudas respecto a su intención final y sus objetivos políticos. Hasta el momento se está limitando a ofrecer una resistencia pasiva ante las amenazas del Ministerio de Hacienda, pero sin aclarar que sucederá en el caso de que desde el gobierno de Rajoy se decidan adoptar decisiones contundentes para hacer cumplir el techo de gasto.
Hasta ahora todo se limita a discusiones palaciegas y de salón con el ministro Montoro. Sánchez Mato señaló, cuando se inició el pulso con el gobierno a principios del mes de noviembre, que disponían de un plan alternativo en caso de que Montoro no acabara aceptando el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado y los presupuestos municipales. Sin embargo en ningún momento ha sido detallado.
Solo en el terreno del enfrentamiento institucional, el gobierno tiene todas las palancas de poder necesarias para imponer su decisión al Ayuntamiento: sanciones, “hombres de negro”, inhabilitación y destitución del concejal de Hacienda e incluso, en el peor de los casos, la disolución del equipo de gobierno del propio municipio.
Para realmente poder doblar el brazo a Montoro y el gobierno del PP, que cuenta en esta pelea con la incondiconal ayuda de Cs y el PSOE del artículo 135, sería clave no circunscribir la pelea a la mera contestación y resistencia pasiva institucional, sino impulsar políticas apoyadas en la movilización social que tendrían que incidir en la realización de un plan de inversiones y gasto social que atacara de raíz el desempleo y mejorara las condiciones de vida de los jóvenes, mujeres, ancianos y niños de la ciudad. Garantizando a todos vivienda, trabajo y prestaciones sociales suficientes. Mediante políticas de gasto social mucho más cuantiosas de lo que se están dirimiendo ahora con Montoro que son absolutamente insuficientes y no dejan de ser meros parches que no resuelven “los problemas económicos y sociales de la gente”, y que deberían extraer los recursos en primer lugar del no pago de la deuda municipal.
Sin embargo no es esta la hoja de ruta ni del Ayuntamiento y ni del Ministerio de Hacienda. Ni desde el grupo municipal, ni siquiera desde su sector más crítico con el moderantismo de Carmena, se está trabajando para impulsar una potente campaña de movilizaciones de los trabajadores y las clases populares en defensa del no pago de la deuda y la puesta en marcha de un vasto programa de gasto social.
Una campaña que promoviera la organización y movilización de todos los sectores afectados por la grave crisis social que azota la capital, de los trabajadores municipales y de las contratas, de los usuarios de los servicios públicos, de la juventud... Una situación que lamentablemente solo puede conducir a que se acabe cediendo y sometiéndose las cuentas del siguiente ejercicio, otro año más, a los dictados del gobierno central, esta vez el de la gran coalición PP-Cs-PSOE. | 
