Foto: EFE/Chema Moya
Moncloa ha sido escenario este jueves de la primera reunión entre el nuevo gobierno y los agentes sociales. Mariano Rajoy y la ministra de empleo, Fátima Báñez, se han reunido junto a los representantes de los sindicatos mayoritarios y la patronal para retomar el diálogo social, tal y como ya avanzó el propio presidente del Gobierno nada más ser investido.
Rajoy ha querido dejar claras las líneas rojas de su legislatura en las que espera se desarrolle el diálogo con los agentes sociales. Queda terminantemente prohibido salirse del marco presupuestario que debe permitir cumplir con el objetivo de déficit, así como contravenir cualquiera de las imposiciones dictadas desde Bruselas.
Uno de los pocos puntos concretos a tratar ha sido la proposición de Unidos Podemos de elevar el Salario Mínimo Interprofesional a 800 euros para 2017, aprobada esta semana por mayoría en el Congreso. Si la propuesta de UP se aprueba defintivamente, el Gobierno debería aplicarla.
Báñez ha manifiesto durante la reunión que estarían dispuestos a un aumento gradual en los próximos cuatro u ocho años, siempre y cuando antes se estudien las propuestas de sindicatos y patronal y se llegue a un acuerdo sobre la cuestión.
Una posición que es apoyada por Cs y hasta el mismo PSOE, que han manifestado que en la tramitación de la ley tratarán de que la subida se aplique con gradualidad. De esta gradualidad tienen experiencia los social-liberales del PSOE, ya la prometía Zapatero allá por el 2004, cuando hablaba de llegar a los 800 euros en 2008. Pero el mejor capote se lo han echado los dirigentes de CCOO y UGT, que han visto como aceptable pactar que dicha subida se fraccione en un periodo de tiempo más extendido que el de la proposición aprobada en las Cortes.
Más allá de esta cuestión, la reunión se ha zanjado sin ninguna propuesta por parte del gobierno. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, ha manifestado salir “lleno de incógnitas ante la falta de respuesta a propuestas concretas”, y Pepe Álvarez, líder de UGT, comentó que “sale de la reunión de la misma forma que ha entrado”. Los dos dirigentes sindicales han coincidido en que lo que el gobierno propone ahora son innumerables mesas de trabajo.
Toxo y Álvarez han lanzado también, durante la reunión, la propuesta de derogar la reforma laboral impuesta por el PP en 2012. Sin embargo, tanto Rajoy como la ministra han sido tajantes, confirmando que las reformas implantadas durante la pasada legislatura no se van a “tocar”. Esta es otra de las líneas rojas que el gobierno no está dispuesto a traspasar.
Ante la negativa del gobierno a hablar sobre una posible derogación, Álvarez recordó al salir de la reunión que “el "binomio negociación-movilización será una constante este curso político”. Toxo, por su parte, esgrimió que espera que "la voluntad del Gobierno se engrase con la movilización social".
Los diputados de Unidos Podemos, que presentaron la propuesta de subida del SIM, si no quieren que se quede en papel mojado, deberían denunciar esta negociación entre bambalinas entre gobierno, patronal, partidos sostén -Cs y PSOE- y burocracia sindical, que quiere dejar licuada la subida a 800 euros en 4 u 8 años. Toda lucha seria por una reivindicación como ésta, o contra la precariedad laboral, pasa por impulsar la movilización obrera y popular, en los centros de trabajo y las calles. Algo que, necesariamene, implica chocar con el rol de contención que vienen jugando las direcciones de los grandes sindicatos.
El nuevo gobierno aparece a ojos de miles como un ejecutivo deslegitimado socialmente. Engendrado bajo el dictado de la democracia del IBEX35, el ejecutivo de Rajoy debe sacar adelante una agenda de recortes y reformas estructurales muy dura, amén de los 10.000 millones de ajuste que debe aplicar para los próximos dos años según la exigencia de Bruselas. La clase trabajadora, sin duda, volverá a ser la pagana de todos estos ataques, precarizándose y empobreciéndose aun más.
A pesar de esta declaración de guerra anunicada, que hace urgente prepararse para retomar la movilización social y la lucha en las calles, los dirigentes sindicales siguen dejando pasar el tiempo, y con él los ataques.
Tal y como vienen haciendo desde 2012, se muestran prestos a retomar un diálogo social del que sólo pueden salir nuevos ataques -como el que se cocina ya en materia de pensiones- o migajas a cambio de dejar pasar todos los recortes y pérdida de derechos de los últimos años. Las insinuaciones de llamar a movilizaciones se quedan en meras palabras de cara a la galería o como una presión impotente en las innumerables mesas con las que el gobierno promete enredar en los próximos meses para lograr pasar unos presupuestos y contrarreformas que pueden dejar pequeños los sufridos en la primera legislatura Rajoy.
La pérdida de convenios, condiciones, de salario (un 10% de media desde 2012, y más de un 30% si se miran los salarios menores a 900 euros)... exigen romper toda negociación con el gobierno y preparar un plan de lucha para revertir todo lo perdido en los últimos años. No es suficiente plantear en mesas de negociaciones la derogación de la reforma laboral de 2012. La clase trabajadora en su conjunto necesita unas direcciones sindicales prestas a luchar en defensa de los derechos de miles de trabajadores, contra la precariedad laboral y los despidos masivos y que imponga en la calle la derogación de las reformas laborales, tanto del PP como del PSOE.
Es necesario reorganizar las filas obreras en los lugares de trabajo e imponer a las direcciones de los sindicatos que abandonen la pasividad de los últimos años. La izquierda sindical y los sectores combativos de CCOO y UGT deberían empezar a prevenir del peligro que entraña esta nueva tanda de diálogo social. Hay que prepararse e impulsar asambleas en los centros de trabajo, reuniones de delegados y activistas, para luchar contra la política de la burocracia sindical de mantener la división de las filas obreras, la desorganización y desmovilización en los centros de trabajo, y por la plena organización de todos los sectores de trabajadores; nativos, extranjeros, jóvenes y mujeres.
Solo así, luchando desde los centros de trabajo y desde las calles, junto a la juventud y los sectores populares, podremo plantar cara a la nueva ofensiva capitalista que prepara el PP con el apoyo de Cs y el PSOE y hacer retroceder todos los ajustes impuestos. |