El paro de brazos caídos que llevan a cabo los trabajadores de la estatal Ferrominera del Orinoco (FMO) lleva más de dos semanas y promete extenderse hasta que se cumplan las exigencias mínimas que plantean, entre ellas, una nueva hoja de cálculo.
Además de denunciar los despidos masivos de trabajadores por sumarse al paro, el dirigente sindical sostiene que "Nos quieren quitar el hospital, las cuatro escuelas y el comisariato... Nos tenemos que hacer sentir porque esta es una violación flagrante"; recordando que las exigencias mínimas que levantan los trabajadores que decidieron mantenerse en "brazos caídos" son la revisión de la hoja de cálculo, dotación del comisariato, funcionamiento del Hospital (Américo Babó) y entrega de juguetes para sus hijos.
Esta legítima medida de presión tomada por los trabajadores se rebela contra la "medida cautelar innominada" del tribunal quinto de Primera instancia del Trabajo en Puerto Ordaz, que declara -a pedido de la gerencia- la ilegalidad de la paralización, prohibiendo la entrada a las instalaciones de la empresa a quienes emprendan acciones de protesta "escalonada y/o intercalada y/o continuada que impida el cierre total y/o parcial de los accesos y/o portones... hasta que dure el presente proceso de amparo", así mismo Isaías Suárez Chourio, presidente de la industria declaró "ilegal" el sindicato.
En un reciente artículo para este diario habíamos denunciado lo aberrante de esta medida reaccionaria del gobierno que recurre a los tribunales y a toda una legislación anti-obrera para cercenar el derecho a la protesta y arremeter contra los representantes sindicales de los trabajadores cuando asumen una medida de lucha.
La orden de despido de 146 trabajadores no puede menos que ser repudiada por todos los asalariados como un ataque contra su legítimo derecho a la protesta, y esta solidaridad debe expresarse en organización consciente para luchar contra los despidos y la medida cautelar, así como también contra el desconocimiento (e ilegalización) del sindicato por parte de la directiva de la empresa amparada por el Estado y el gobierno.
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