El golpe institucional tenía un claro objetivo: descargar la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores y los pobres, por medio de la implementación de planes de ajuste aún mayores a los que el PT ya venía aplicando. Para este propósito contó con la nada imparcial Operación judicial Lava-Jato y su selectividad previa al golpe que tenía, en su gran mayoría, a políticos del PT como blanco, un partido que adoptó los métodos de corrupción de la derecha. Lo que vemos en la actualidad es la implementación de estos planes de ajuste, no sin resistencia, en especial de la juventud, pero con una verdadera tregua de las centrales sindicales para con el gobierno golpista de Temer, que se niegan a movilizar verdaderamente a sus bases. La propuesta de enmienda constitucional (PEC 55), que congela el gasto público por más de 20 años, fue aprobada en primera votación en el Senado.
Simultáneamente, la Operación Lava Jato viene intentando enmascararse con un rostro menos "golpista" y apariencia menos "selectiva" pero sin cambiar de fondo las raíces de su accionar: cambiar un esquema de corrupción por otro. Estas operaciones conocidas como "Mani Pulite", que hemos visto en otros países como Italia, que terminaron recomponiendo el régimen político con gobiernos aún más de derecha, son sólo una de las razones para no depositar ninguna ilusión de que un cambio (o "limpieza") en la política pueda venir de manos de jueces y abogados. ¡No! Los cambios de raíz solo pueden darse por la acción de la clase obrera junto a la juventud y todos los sectores oprimidos.
El pasado martes 29 de presunto "duelo nacional" en el que la enmienda constitucional (PEC 55) fue aprobada, la Cámara de Diputados votó "10 medidas contra la corrupción" cambiando el texto original propuesto por la fiscalía (MPF), agregando puntos que son un ataque directo a los superpoderes de Corte suprema (STF), lo que ha generado indignación no solo entre jueces y fiscales sino también entre miembros de la Operación Lava-Jato.
Estos eventos "por arriba" expresan intereses que no son antagónicos. Por un lado, los políticos golpistas queriendo asegurar la estabilidad del gobierno Temer sobre la base de la impunidad de todos los corruptos. Por otra parte, la Corte Suprema y los miembros de la Operación Lava-Jato buscando proteger sus superpoderes y privilegios. Sin embargo, todos están unidos para implementar el plan de ajustes contra los trabajadores, protegiendo así a los empresarios que también son los grandes responsables de la crisis económica.
Las movilizaciones de calle a principios de este año para pedir la destitución de Dilma Roussef, dirigidas por grupos tales como el Movimiento Brasil Libre (MBL) o el "Vem Pra Rua" (Vamos a la Calle) con una amplia participación del PSDB y otros partidos de derecha, tenían como consigna principal la lucha contra la corrupción, una bandera que tiene eco especialmente en las clases medias y que la derecha utiliza de manera demagógica. Algunos sectores de la izquierda que apoyan la Operación Lava-Jato o directamente apoyaron el golpe institucional buscan dialogar con toda esta base, que sale a las calles contra la corrupción y en defensa de la Operación Lava-Jato.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción y los privilegios de los políticos, jueces y funcionarios de alto rango no se dará de manera desacoplada del combate hacia todo este sistema político podrido. Marchar junto a los manifestantes "verde-amarillo" significa profundizar la política de fortalecer el régimen desde adentro, defendiendo así la Corte Suprema y la Operación Lava-Jato, que son instituciones que al fortalecerse actúan más duramente contra los trabajadores y la juventud - acordémonos que la Corte votó recientemente una medida contra el derecho de huelga.
Los actos del próximo domingo 4/12 también son actos convocados por organizaciones de derecha, que fueron parte de la lucha a favor del golpe institucional y que defienden los planes de ajustes contra los trabajadores. Son los mismos sectores que aplaudieron en la Cámara de Diputados cuando clamaban contra las mujeres, los negros y los grupos LGBT y adoraban a los torturadores de la dictadura militar en Brasil.
Por lo tanto, los trabajadores y los jóvenes no deben participar de esta manifestación. No hay alianza posible con los que abogan por una salida de derecha y reaccionaria para el país. Es escandaloso que Luciana Genro (MES-PSOL) y otras corrientes de izquierda se manifiesten con tanta firmeza en la defensa de la Operación Lava-Jato y pretendan participar en estas manifestaciones. No confían en la clase obrera como sujeto político que puede transformar la sociedad en alianza con la juventud y todos los sectores oprimidos.
Hay que seguir el camino de los que lucharon contra el golpe institucional sin defender el gobierno de Dilma, que en aquel momento también aplicaba un plan de ajuste. Debemos confiar en la fuerza de la clase obrera y, sobre todo en este momento, de la juventud que toma escuelas, universidades y se moviliza en todo el país. Consideramos que es fundamental que las centrales sindicales rompan su subordinación a las direcciones del PT, y construyan la más amplia movilización contra la PEC 55 y todos los ajustes y ataques que quieren descargar sobre nosotros. Y que como parte de esta movilización los trabajadores y los jóvenes impongan una nueva Asamblea Constituyente, libre y soberana, para cambiar las reglas del juego, enfrentar la impunidad y los privilegios de los políticos; para que todo político cobre lo mismo que una maestra, que los crímenes de corrupción sean juzgados por jurados populares y para que todas las empresas sean estatizadas bajo la administración democrática de los trabajadores y de la población; así como para no entregar los recursos naturales al imperialismo o la corrupción. Una salida como la que proponemos solo podrá desarrollarse como consecuencia de la movilización, pero para esto es indispensable definir con quiénes podemos marchar y con quiénes no.
Traducción: Guillermo Cabernet | 
