Como viene reflejando La Izquierda Diario, se consolido en el máximo órgano político de la Facultad, la reforma del plan de estudios de esta carrera, a pesar de los cuestionamientos impulsados por estudiantes y docentes en distintas instancias, ahora solo resta su tratamiento en el Consejo Superior de la Universidad.
La carrera de ciencia política se creó en la década del ‘80 con la vuelta de la democracia, por la necesidad que tenía el Estado de formar técnicos y funcionarios adecuados al fortalecimiento de sus instituciones y de la democracia burguesa, la llamada ‘transición democrática’. Así, los fundamentos y objetivos de la carrera se concibieron completamente separados del contenido social y material que había tenido la etapa anterior, signada por el genocidio de clase que impuso la dictadura militar. Durante el menemismo, se hizo una reforma parcial de la carrera pero aún con esto, los estudiantes siguieron despojados de las herramientas para construir un conocimiento crítico, donde el cientista social tenga ligazón directa con los fenómenos y la realidad política, social y económica a nivel nacional e internacional. Durante los últimos 31 años desde que se creó la carrera el mundo ha protagonizado los más diversos fenómenos de la cual, la carrera se mantiene completamente aislada.
Resulta evidente entonces que la carrera de Ciencia Política, precisa hace rato una reforma de su plan de estudios. Pero en lugar de intentar revertir estos problemas, la reforma llevada a cabo únicamente fortalece el núcleo obligatoria agregando 4 materias, debilita aun mas las materias optativas, que se re reducen de 4 a 2, además de imponerse la obligatoriedad de las prácticas pre profesionales. Lejos está de incentivar el conocimiento crítico, para formar politólogos y politólogas que se propongan un análisis profundo de los fenómenos sociales, para desarrollar alternativas de intervención, que cuestione el status quo, el régimen político, económico y social, más bien lo contrario, busca fortalecer a las corrientes ideológicas que lo sostienen.
Para la gestión de la universidad, la facultad y la junta de carrera de ciencia política el problema no paso por ver que en los últimos 15 años no haya salido ni una producción teórica que intente analizar el fenómeno del 2001, por ejemplo, el primer gran fenómeno económico, político y social desde la creación de la carrera o el emerger del movimiento obrero como actor político durante estos años en Argentina, ni hablar de fenómenos de otra dimensión como la crisis de los gobiernos pos neoliberales o la polarización política y social en potencias de los dos lados del océano; sino, como plantean en sus fundamentos, la preocupación fue que el plan de estudios se adecuara la cantidad de horas de cursada a las requeridas por el Ministerio de Educación Nacional y la creación de materias de metodología de la investigación, corrigiendo el plan, se espera poder competir con las universidades privadas y ponerse a tono con las exigencias de la Ley de Educación Superior (LES).
Para la reforma se organizaron audiencias públicas para todos los miembros de la comunidad educativa, pero las mismas no fueron vinculantes, descartando cualquier aporte en el sentido de modificar profundamente la carrera. Incluso, los espacios de discusión del plan de estudios se fueron reduciendo cada vez más gracias a la casi nula difusión que tuvieron dichos eventos: pasaron de participar 800 personas en los debates por el plan de estudios a ser solo 300 en menos de dos años. En esta ocasión, la novedad vino de los que siempre quisieron levantar la bandera opositora dentro de la junta, el kirchnerismo, al igual que en el Congreso Nacional o las Legislaturas locales, los votos del FpV universitario le garantizaron a Cambiemos su plan para la educación. Repartidas las materias, ya contentas las partes, firmaron su acuerdo: votar por unanimidad esta triste reforma de carrera.
El método llevado a cabo para la reforma, es acorde con las intenciones de consolidar el contenido político e ideológico con el que surgió la carrera. En el ámbito de la Carrera solamente 15 miembros de junta tienen derecho a aprobar o no este proyecto. De los cuales 5 responden al claustro de profesores titulares de cátedra y adjuntos, 5 al claustro de graduados y 5 al claustro estudiantil. Es decir una ínfima porción de la comunidad académica, tiene el mismo peso que la inmensa mayoría, los estudiantes de la carrera, ni hablar del silencio al que son condenados los cientos de docentes ad-honorem que sostienen las clases todos los días y los trabajadores no docentes.
Una vez en el Consejo Directivo, que tiene un funcionamiento similar, recibido el dictamen sesgado de la junta de carrera, fue presentado por la minoría estudiantil a cargo del PTS/FIT, un dictamen que dio cuenta de la ausencia de debate profundo para llevar adelante esta reforma, proponiendo el regreso a la junta y el impulso de jornadas de debate vinculantes para que la reforma sea producto de un verdadero proceso democrático, donde cada estudiante y docente de la carrera tenga voz y voto, pero fue rechazado por los Consejeros de la Conducción del CECSo y el conjunto de los consejeros profesores y graduados.
Así se garantiza y desarrolla un gobierno universitario donde una casta privilegiada, en este caso las camarillas de Cambiemos y PJ-Kirchnerismo, toma a espaldas de la mayoría todas las decisiones de las carreras, la facultad y la universidad, poniendo los conocimientos académicos de toda la UBA al servicio de los empresarios, generando convenios y trabajo precario como el que se propone con las ‘practicas pre profesionales’ de Ciencia Política. Este sistema feudal, que bien podría ser materia de estudio en la carrera es lo que precisa una reforma y es la exigencia del PTS/Frente de Izquierda para que haya claustro único docente para incluir a todos los ad-honorem y mayoría estudiantil, para que tenga el peso decisivo quienes son la mayoría indiscutida de la universidad, con voz y voto para los no docentes, hoy invisivilizados. Solo así podremos pelear por planes de estudio decididos democráticamente, para que los conocimientos en la universidad estén al servicio de las necesidades de los trabajadores y los sectores populares. |
