La Policía Federal y la fiscalía general de la República iniciaron este lunes (5) una nueva etapa de la Operación Lava Jato, operación judicial que investiga los entramados de corrupción en Petrobras. La Policía se presentó en las residencias del actual ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) Vital do Rêgo (PMDB) y del diputado petista Marco Maia (RS). El hecho de que haya alcanzado al TCU, que fue parte fundamental del golpe institucional, muestra que se abre un nuevo capítulo en la Operación que pretende mayores cambios en el régimen político.
La Operación fue autorizada por el juez de la Corte Suprema (STF), Teori Zavascki, miembro informante de la Operación Lava Jato en ese tribunal. El juez es integrante de las investigaciones de la Policía Federal y de la fiscalía general de la República en los procesos judiciales que realiza la Corte Suprema sobre la actuación de esos dos políticos para proteger a empresas contratistas en la Comisión Parlamentaria Mixta (CPI) de Petrobras realizada en 2014.
Vale recordar que el TCU fue clave en el golpe institucional realizado contra el gobierno de Dilma Rousseff, al rechazar las cuentas presentadas por la expresidenta. El hecho de verse ahora alcanzado por la operación judicial podría indicar una iniciativa del Poder Judicial, con el juez Sérgio Moro al frente, de avanzar en un camino cercano al “Mani Pulite” italiano, que alteró todo el régimen partidario.
La Policía Federal cumple, con apoyo de fiscalía general de la República, mandatos de búsquedas en las residencias de Maia y Rêgo y también en las empresas involucradas. Es la primera vez desde el inicio de la Operación que agentes de la Policía Federal cumplen un mandato en la residencia de un ministro del TCU, órgano que, entre otras funciones, es responsable por juzgar las cuentas del gobierno federal.
En julio de 2015 la Operación Lava Jato realizó búsquedas en la oficina y la residencia del abogado Tiago Cedraz, hijo del presidente del TCU Aroldo Cedraz, foco de otra investigación en la que está sospechado de haber recibido sobornos para favorecer a empresarios en los juicios en la Corte de cuentas.
En la mañana del lunes la Policía Federal estuvo en la casa de Maia, en un condominio en Canoas, estado de Rio Grande do Sul. El diputado no se encontraba. Estaban la hija y la mujer. Los agentes fueron detrás del parlamentario en Porto Alegre. La investigación fue iniciada en mayo en base al testimonio del “arrepentido” exsenador Delcídio Amaral, que acusó a Maia y a Vital de cobrar coimas de empresas contratistas investigadas en la operación Lava Jato a cambio de protección en la mencionada CPI.
En aquel momento se establecieron dos comisiones para investigar las irregularidades en la empresa estatal que se implementaron con la Operación Lava Jato, una en el Senado y otra Mixta. La Comisión del Senado concluyó sin votar un informe final y la comisión Mixta finalizó solicitando la imputación de 52 personas. Ninguna de las comisiones, sin embargo, citó a ejecutivos de las grandes empresas a declarar. Vital do Rêgo y Marco Maia eran, respectivamente, presidente e informante de la CPI Mixta.
En el pedido de apertura de la investigación el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, afirmó que los hechos narrados por Delcídio señalan delitos de concusión (cobro injustificado y arbitrario que hace un funcionario público en provecho propio) o corrupción pasiva, que están siendo investigados. El exsenador Gim Argello (PTB del Distrito Federal) está preso preventivamente desde abril y ya fue condenado por el juez Sérgio Moro a 19 años de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y obstrucción a la investigación de organización delictiva por también haber actuado para cobrar pagos de las empresas a cambio de protección en la CPI. Como no posee fueros, fue juzgado en primera instancia.
El expresidente de la empresa OAS, Léo Pinheiro, señaló también la presión de los dos políticos en sus intentos de negociar un acuerdo de colaboración a partir de declarar como arrepentido. En declaraciones al juez Sérgio Moro en setiembre, Pinheiro sostuvo que Maia lo había buscado en 2014 para tratar el asunto. “Tuvo una charla conmigo, planteando que podía ayudar porque el informe es fruto de todo un trabajo de investigación hecho durante el período (de la CPI) y el informe final es el que se vota. Entonces, me planteó que tendría condiciones de ayudar en el sentido de proteger a nuestra empresa”, relató. Según Pinheiro, Marco Maia le habría relatado una “dificultad muy grande” por el hecho de ser el relator de una investigación que afectaría a grandes empresas y este aspecto le implicaría contar con dificultades para conseguir donaciones para su campaña. El diputado le habría solicitado, según el empresario, ayuda financiera. “Quería solicitarle, a cambio de ayudarlo al momento de hacer el informe final de la CPI, una contribución de 1 millón de reales”, habría dicho el diputado según el empresario. Léo Pinheiro confirmó al juez Sérgio Moro que su empresa terminó haciendo el pago a un empresario indicado por el diputado y que actuaría para campañas políticas.
Además, la defensa del empresario entregó a la justicia en octubre facturas y comprobantes de transferencias de la empresa a una constructora en el interior de Paraíba que, según Pinheiro, fueron utilizadas para lavar 1,5 millón de reales de la denominada “caja 2”, por la que se asegura el financiamiento de campañas electorales con fondos ilegales, para la campaña de Vital do Rêgo para llegar al gobierno de aquel Estado en 2014. Vital do Rêgo fue derrotado y terminó abandonando el Senado para ir al TCU. Según el empresario, el valor que le pasaron a Vital es parte de los 2,5 millones de reales que la empresa OAS habría pagado al PMDB como parte del acuerdo con Vital y Argello para conseguir protección en las comisiones investigadoras. |
