Invitado por la propia Comisión Provincial por la Memoria (CPM), este diario participó del III Encuentro Nacional Familiares Víctimas de la Violencia Institucional, realizado el último fin de semana en el complejo turístico de Chapadmalal. Allí participaron cientos de víctimas y familiares de víctimas del gatillo fácil, torturas en cárceles y comisarías, causas armadas por policías, jueces y fiscales y demás formas de violencia estatal.
Hubo delegaciones de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, Córdoba, Chubut, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca y otras provincias argentinas; también participaron familiares de muertos a manos del aparato represivo del Estado de Chile y de Paraguay.
Casi como una ironía, a pocos metros de allí y por esas mismas horas Mauricio Macri y su Gabinete en pleno se zambullían en un “retiro espiritual” para resolver, entre otras cosas, cómo avanzar en políticas de ajuste y represión, es decir en más violencia institucional.
En el evento se presentó el Informe del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos, elaborado en común por la CPM, el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos el instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (encabezado por la socióloga Alcira Daroqui) y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Ese trabajo sistematiza, analiza y explica casi 25 mil hechos de torturas (en sus diferentes manifestaciones) en las cárceles federales y provinciales de todo el país entre los años 2011 y 2015.
Este diario entrevistó a decenas de familiares y víctimas, escuchó relatos de dolor, de angustia pero también de organización y lucha. Y registró también lo dicho desde las mesas de debate sobre las diferentes temáticas que se desprenden de aquello que desde hace décadas se denomina “violencia institucional”. A lo largo de los próximos días y semanas muchas de esas historias de vida (y de muerte) serán publicadas en este sitio, así como el análisis de gran parte de lo dicho durante el evento.
Postales y sonidos
La tercera edición de este encuentro nacional coincidió con las jornadas anuales “Jóvenes y Memoria” (también organizadas por la CPM, desde hace 15 años), donde 13 mil estudiantes secundarios de toda la Provincia de Buenos Aires se reunieron para mostrar sus producciones artísticas y culturales alrededor de los derechos humanos, la discriminación y diferentes problemáticas de la juventud.
En ese marco, y tal como informó este diario, el viernes (a horas de que cientos de familiares de la violencia institucional llegaran al predio) la gobernadora María Eugenia Vidal visitó sorpresivamente el predio y recibió un escrache de parte de un centenar de estudiantes del conurbano bonaerense.
Un funcionario de Vidal, el secretario de Derechos Humanos provincial Santiago Cantón, también tuvo su momento de incomodidad en Chapadmalal. Fue durante la primera mesa debate del Encuentro cuando, invitado por la CPM a disertar sobre “los desafíos en la lucha contra la violencia institucional”, se enfrentó a madres, padres y otros familiares de jóvenes asesinados por la Policía o el Servicio Penitenciario bonaerenses.
Desde si estaba de acuerdo con la campaña del Gobierno nacional (de su mismo signo político) para “rebajar” la cifra de desaparecidos por la dictadura, hasta qué pensaba sobre que en las barriadas populares los pibes sean verdugueados y perseguidos por los grupos de elite de la Bonaerense, Cantón se vio expuesto a varios cuestionamientos. A casi todos respondió con generalidades, buscando despegarse de Macri y su par nacional Claudio Avruj diciendo que para él “no hay discusión” sobre que fueron 30 mil, y aclarando con insistencia que su cargo, en verdad, tiene muy poca incidencia efectiva en la toma de decisiones del Gobierno de Vidal. Obviamente, pocos fueron los satisfechos con esas respuestas.
En esa misma mesa estuvo César Antillanca, el padre del joven Julián, asesinado por la Policía de Chubut. César se convirtió en un verdadero referente de la lucha contra la impunidad y es uno de los familiares que denuncian con mayor claridad la estructura clasista-racista-xenófoba del Estado capitalista, convirtiendo su denuncia en un alegato implacable contra el sistema de explotación y opresión imperante.
La cantidad de testimonios y las similitudes de los modus operandi de los victimarios (muchos uniformados y tantos otros de saco y corbata), configuraron un relato colectivo que no por horroroso anula el profundo sentido político-social de la represión y la impunidad estatal. Desde Mónica, la mamá de Luciano Arruga (La Matanza), hasta María Elena, madre de Jonatan Herrera (Rosario), pasando por la hermana de Pichón Escobar (Rosario), las madres de Omar Cigarán y Braian Mogica de La Plata y los padres de Enzo Giménez (Gualeguaychú) y Marito Salto (Quimilí, Santiago del Estero), todas y todos contaron sus historias particulares pero también remarcaron que sin organización y lucha no habrá jamás algo de Justicia.
La Memoria y el futuro
Casi como algo lógico, las referencias a la represión y la impunidad de las últimas décadas se entremezclaron con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes cometidos hace cuarenta años por la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Y allí estuvo, con sus años a cuestas y su pañuelo blanco, Nora Cortiñas, Madre Línea Fundadora e incansable luchadora contra las violaciones a los derechos humanos.
Tras dos días de intercambio de experiencias, de testimonios hibridados de dolor y lucha tenaz y de análisis de estadísticas, el III Encuentro Nacional Familiares Víctimas de la Violencia Institucional dejó mucha tela para cortar. Entre otras cosas, queda planteado el desafío de cómo fortalecer la organización de las miles y miles de víctimas directas o indirectas de esa violencia sistemática y permanente ejecutada con decisión desde el Estado, gobierne quien gobierne. Confluyendo con todas las organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda que hace años luchan, de forma independiente al Estado y los gobiernos de turno, contra estas vejaciones intrínsecas al capitalismo.
Además del desafío de fortalecer la organización, queda por delante el debate sobre con qué programa y qué estrategia alcanzar ese anhelo que la mayoría de los presentes en el encuentro manifestaron: transformar este sistema de raíz. Porque sólo esa transformación radical dará como resultado que nunca más un pibe o una piba caiga por las balas policiales, los palos penitenciarios y las políticas de criminalización de la población trabajadora y pobre, llevadas adelante desde hace 33 años por todos los gobiernos radicales, peronistas y macristas.
En ese camino, la lucha de las víctimas y familiares de víctimas de la violencia estatal, de la tortura sistemática y de la impunidad sobre los culpables debe ser apuntalada y apoyada. Una lucha que, por su propio carácter, puede desenmascarar al Estado y sus brazos represivos, judiciales y carcelarios, socavándolo y mostrando su verdadero rol ante millones de personas.
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM y uno de las coordinadores del Encuentro, sobre el final de las jornadas dijo a La Izquierda Diario que “el balance del encuentro es positivo, se cumplieron nuestras expectativas. Cuando vemos que los familiares pudieron contar lo que traían y que se van más fortalecidos, estamos satisfechos”.
Sobre los desafíos hacia el futuro, García planteó que lo que se busca es “generar un gran movimiento social que dé una disputa en la sociedad argentina en relación a problematizar estos temas que siempre son tan simplificados con discursos de derecha que se compran, adoptan y reproducen. Porque no alcanza con el litigio judicial, con proponer iniciativas legislativas ni con generar presión sobre los gobiernos. Si los colectivos de familiares no se fortalecen y son un actor político importante que pueda disputar política y territorialmente va a ser muy difícil que esta realidad se transforme”.
En ese sentido, el secretario de la CPM dijo que ve “a este colectivo pudiendo ocupar el lugar que históricamente ocuparon en la sociedad argentina los organismos de derechos humanos, siendo los nuevos actores que tienen que irrumpir en la escena política y social para poder generar ciertos acuerdos o pisos básicos en relación a los derechos humanos. Sería importante poder generar eso a través de la movilización, ganando las calles y la discusión en todos lados”.
Finalmente Nora Cortiñas le dijo a este diario que al escuchar “tantos testimonios queda demostrado que Argentina está viviendo un verdadero retroceso. El Estado cada vez más hace la vista gorda a todos los horrores que vivimos. Así como pasa con el gatillo fácil, que el otro día estuve en la presentación de la Correpi, pasa con las mujeres que son llevadas para la trata o las niñas y niños que sufren violaciones, con cada vez más hechos que salen a la luz. Este Gobierno, cerrando los espacios de Memoria, promueve que pase lo que pasa sin hacerse nunca responsable. Mientras no se termine de aclarar el pasado, mientras haya silencio sobre lo que pasó con el terrorismo de Estado ni se abran todos los archivos se seguirá dando la oportunidad a que los hechos sigan ocurriendo”.
Como mensaje a tantos familiares, presentes o no en el Encuentro, Cortiñas les dijo “que hay que sumarse a hacer la lucha colectiva, salir a la calle y no bajar los brazos, no claudicar ni en ningún momento admitir que esto es así y no podemos cambiarlo. Esto hay que cambiarlo y se puede”.
Como ya se dijo, este diario publicará en lo sucesivo mucho de lo registrado, escuchado y visto durante el último fin de semana en Chapadmalal. Porque si “en democracia o dictadura el Estado te tortura” (así versaba uno de las banderas desplegadas en la gran carpa que alojó a los participantes), la visibilización y difusión de esos casos y esas luchas no es otra cosa que un aporte indispensable para el combate diario y permanente contra el Estado y sus instituciones. | 
