“La pobreza energética”, es decir la imposibilidad de asumir los gastos que suponen servicios esenciales como la luz o el gas, ya afectan en el Estado español a más de 5 millones de personas. Esto se puso en primer plano del debate por la trágica muerte de una anciana en Reus a la cual Gas Natural le cortó el suministro. La expresión de un verdadero crimen social.
El Gobierno argumenta que solo tiene una herramienta para luchar contra este drama que, con el invierno en ciernes, se hará más agudo: el bono social.
Este instrumento, que sólo se aplica a la luz y no a otros servicios como el gas o el agua, y que además no se concede por criterios de renta, consiste en descuentos del 25% para determinados colectivos como los pensionistas con las prestaciones mínimas, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y clientes con hasta 3 kilowatios de potencia en su primera residencia.
Sin embargo la verdad es que el gobierno ya había rechazado por la mayoría absoluta del PP en el congreso a finales de 2013 la propuesta de decretar una “tregua invernal” que evite los cortes de luz por impago. Propuesta que ha vuelto a ser desestimada por el gobierno un mes atrás, tras el crimen de Reus.
Pero el bono social tiene en entredicho su sistema de financiación, a cargo de las compañías eléctricas, porque ha sido recientemente tumbado, por segunda oportunidad, por el Tribunal Supremo. En su última sentencia el Alto Tribunal ha obligado al Gobierno a indemnizar a las eléctricas por el coste del bono, por un monto que excede los 500 millones de euros.
El ministerio busca una fórmula alternativa para mantener el único aliciente a esta tragedia.
Sin embargo desde la UE ya han pedido al flamante ministro que no sea Energía quien se haga cargo, sino los servicios sociales, que no dependen del Estado. La demanda de Bruselas es que la factura sea igual para todos y que, posteriormente sean las administraciones con competencias en servicios sociales quienes actúen como consideren. De esta manera no se modificarían, según su criterio, las condiciones del mercado.
Desde abril, la luz se ha encarecido un 28% y el bono social es el único recurso del Gobierno central para paliar sus efectos. De imponerse las tesis de Bruselas, las atribuciones para paliar la pobreza energética pasarían a depender únicamente de las comunidades autónomas, que en el Estado español tienen las competencias en materia de asistencia social.
Alvaro Nadal, el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, reconoce que esta medida puede ser tumbada por Bruselas.
Mientras tanto, cientos de miles de hogares ven interrumpidos sus servicios esenciales, como el agua o la luz o el gas. Mientras las compañías de energía españolas están a la cabeza de los cortes de servicios, aumentaron de forma notoria sus ganancias en plena crisis. En 2015, las tres grandes del sector eléctrico han ganado más de un 18% que en el año anterior.
Para evitar los cortes hay que imponer la prohibición inmediata de los cortes de servicios esenciales. Las compañías deben hacerse cargo de los impagos y del mantenimiento de los servicios.
En definitiva, hay que pelear en las calles por la exigencia de la nacionalización de todas las grandes empresas eléctricas bajo control de trabajadores y usuarios. Esos recursos elementales para la vida no deben estar al servicio de las ganancias privadas, sino al de satisfacer las necesidades de las mayorías. | 
