La trabajadora de ordenanza, Laura Medrado, denunció a la jueza por obligarla a limpiar su casa en horario de trabajo como también a recoger a los hijos de la magistrada por el colegio.
A raíz de esta denuncia, se sumaron otras acusaciones de los trabajadores, quienes sostienen que era habitual que la jueza se dirigía hacia ellos con insultos y no les permitía ir al baño e inclusive llegó a tomar por el cuello a varios empleados en más de una ocasión.
Además, está acusada de adulteración de documentos públicos, Vitale firmaba sentencias a pesar de estar de viaje. Según denuncia una empleada del juzgado, la jueza obligaba a los empleados que ingresen en su sistema para fraguar su presencia en el Juzgado. Otro mecanismo de la jueza era firmar resoluciones con fechas posteriores para cubrir su ausencia cuando en realidad estaba de vacaciones.
No es la única violencia que sufren los empleados judiciales, como trabajadores del Poder Judicial Bonaerense tienen un salario inicial que no llega a cubrir la canasta familiar básica. Otro método de precarización laboral es el empleo de pasantes no rentados que vienen a complementar las labores dentro de los juzgados sin remuneración o cobertura.
La doctora Vitale pertenece a una casta privilegiada, por esto, desde el CeProDH rechazamos al Consejo de la Magistratura y su designación de magistrados y sostenemos que todo juez debe ser elegido por el voto popular, que sus cargos puedan ser revocados por sus electores y que todo juez gane lo mismo que en un docente. | 
