Horas antes de que tuviera lugar la audiencia pública autoconvocada por la ley de bosques, el oficialismo valló la legislatura y convocó a una reunión de comisión sólo para legisladores.
Pasado el mediodía del martes comenzaron a ser valladas las calles de acceso a la legislatura y la Infantería se hizo presente en las puertas de acceso y en los pasillos. El motivo de este exceso de seguridad era la audiencia pública autoconvocada por legisladores de la oposición y diversos actores sociales que cuestionan el proyecto de modificación del mapa de zonas protegidas.
Sumado a esto, el oficialismo de Unión por Córdoba llamó a una reunión de Comisión de Agricultura y Recursos Renovables, a la misma asistieron tres técnicos que explicaron sobre la recolección de datos y los criterios que se tendrán en cuenta para la elaboración del nuevo mapa.
La perlita de esta comisión no sólo fue que se desarrolló al interior de un recinto vallado, sino que sólo podían asistir los legisladores y sus asesores habituales, nada de invitados, nada de especialistas, nadie por fuera. “Ese es el criterio que acordamos” sostuvo Oscar González, presidente provisorio de la Unicameral y legislador de UPC por el departamento San Javier ante el requerimiento de legisladores del Frente de Izquierda y de Córdoba Podemos.
Las parodias del diálogo
El “criterio” expresado por el legislador de UPC pone blanco sobre negro los intereses que privilegia el proyecto de modificación de ley de bosques: el agronegocio, la ganadería, la especulación inmobiliaria por sobre las necesidades del pueblo trabajador, que termina sufriendo los crímenes sociales de las inundaciones, y de los pequeños campesinos que son expulsados de sus lugares.
Es por la misma razón que la mesa de diálogo que se había conformado terminó siendo abandonada por el mismo gobierno, que la autoridad de aplicación pasó de ser la Secretaría de Ambiente al Ministerio de Ciencia y Tecnología y que serán los legisladores quienes asignaran las prioridades de conservación del bosque.
El secretismo y el lobby por sobre una invitación amplia a todos los sectores sociales involucrados, “esos 200 revoltosos que están ahí afuera”, según González.
Consultada la legisladora del PTS por el Frente de Izquierda, Laura Vilches expresó: “Quieren imponer una ley que avanza sobre el ya deteriorado bosque nativo, proponiendo un nuevo ordenamiento territorial a la medida de los desarrollistas urbanos y el agronegocio. Ya vimos con las inundaciones de Sierras Chicas en 2015 y con los períodos de sequía que hemos sufrido en otros años, cómo impacta el retroceso de nuestro bosque. Cualquier ley votada tiene que avanzar en la recuperación de las áreas deforestadas y no permitir que se desmonte una hectárea más en nuestra provincia. Buscan, por otro lado, legitimar el desmonte ilegal ya producido por barrios privados, sojeros, productores ganaderos bajo la actual ley con penalizaciones que serán perdonadas acorde al nuevo mapa que proponen. Cuando los sectores rurales aceptaron sin mucha queja el aumento del impuesto inmobiliario rural, dijimos que ésta podía ser la prenda de negociación con Unión por Córdoba. Hoy lo estamos confirmando”.
Asamblea pública y reclamos
Mientras se desarrollaba la Comisión, afuera de la Legislatura se concentraban unas 300 personas de distintas agrupaciones campesinas, sociales, políticas y ambientales de toda la provincia que se oponen a la nueva ley de bosques. Ante la imposibilidad de realizar la audiencia pública en el interior, se organizó una lista de oradores para que todos los presentes pudieran dar su opinión. Antes hablaron los legisladores que habían participado de la Comisión, quienes explicaron que el gobierno había decidido convocar a una audiencia pública oficial para el 22 de diciembre, en vísperas de las fiestas de fin de año. La mayoría de las agrupaciones presentes manifestaron que participarán de la misma y que se movilizarán ese día nuevamente.
Entre los presentes se encontraba el doctor en biología Aníbal Cuchetti, de la ONG Foro Ambiental. Esta organización se dedica sobre todo a colaborar con informes técnicos en las distintas luchas ambientales de Córdoba. Formaron parte de la mesa de diálogo que convocó el gobierno y que fue abruptamente cerrada semanas atrás.
Cuchetti explicó a La Izquierda Diario que el mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo de Córdoba se determina “sobre 8 capas de información en base a los 10 criterios que establece el Consejo Federal de Medio Ambiente, que son los mismos que tiene en cuenta la Ley Nacional de Bosques Nativos 26.331. El problema es qué información se va a usar en Córdoba para definir esas capas”.
Desde el punto de vista de Cuchetti, esto implica que, aunque el articulado de la Ley fuera óptimo, si el mapa se realiza en base a esta información tampoco sirve de ninguna manera para la protección y conservación del bosque nativo.
“Por ejemplo, el mapa de infracciones cometidas a la Ley de Ordenamiento Territorial que se votó en el 2010 es el que tiene la Policía Ambiental, pero ellos sólo tienen información desde el 2014. La Secretaria de Ambiente tiene la información previa, ¿por qué no usan eso? También quieren usar el mapa de cobertura vegetal de este año y no de años anteriores, justamente para que no se sepa en qué lugares hubo desmontes ilegales, que son muchos”, agregó.
El profesional planteó que estos reparos fueron presentados por Foro Ambiental y otras organizaciones al gobierno pero nunca fueron tomados en cuenta. En cuanto a los incendios, “sólo hay información desde 2003 a 2013, cuando hay organismos que controlan eso todos los años. Tal vez lo más insólito es que, según el potencial agrícola, todo el noroeste de la provincia está categorizado como tipo 7, es decir prácticamente desnudo, piedra. Esas zonas son en realidad tipo 6, ahí hay bosque. Si dicen que sólo hay piedra, desde ya que no lo van a categorizar como zonas a proteger”.
