El Registro Único de Casos (RUC), que depende de la Dirección de Género y Diversidad, informó a través de la subsecretaria de Desarrollo Social de la provincia, que 2128 mujeres sufrieron violencia hasta noviembre pasado. De esta cifra se desprende que el 63% tiene entre 25 y 44 años -misma edad se registra para los agresores- y en el 51% de los casos se registró violencia física.
Vale recordar que en Mendoza hubo 17 femicidios este año. Esta lamentable cifra ubica en cuarto lugar a la provincia, luego de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por mujeres asesinadas por violencia machista.
Si bien los datos arrojados por el RUC son parciales, porque no reflejan todos los casos que hay en Mendoza, el análisis de los mismos dice que el 45% de los agresores son las actuales parejas de las víctimas, mientras que el 40 % son las ex parejas. El 15% son padres, hermanos u otras relaciones. Además, el 50% de las mujeres que sufrieron violencia vive bajo el mismo techo que sus agresores.
A esto último se suma que más de la mitad de las mujeres registradas tiene problemas para acceder a la vivienda; el 85% trabaja de forma precaria y en el 82% de los casos las mujeres no cuentan con obra social.
En tanto, la violencia sufrida se detalló como psicológica en el 62% de los casos, física en el 51%, económica en el 29% y sexual en el 13% de las víctimas.
El Estado es responsable
Detrás de las estadísticas emerge la angustiante situación que soportan miles de mujeres mendocinas que trabajan en negro o en condiciones precarias, que no disponen de una vivienda, que no poseen cobertura médica y que cotidianamente sufren violencia de distinto tipo, que cuando llega al extremo, se cobra sus vidas.
Los brutales femicidios que ocurrieron este año llevaron a las calles a cientos de miles que exigieron NiUnaMenos, conquistando movilizaciones históricas en la provincia. En cada uno de estos reclamos estuvo presente la exigencia al gobierno para que declare la emergencia en violencia de género.
Lamentablemente, ni siquiera luego de conocerse estos alarmantes registros oficiales, el gobierno de Alfredo Cornejo emitió palabra alguna sobre esta exigencia.
La Senadora Noelia Barbeito del Frente de Izquierda enfatizó al respecto, “el estado también es responsable de la violencia machista que se llevó a 17 mujeres este año en Mendoza. Necesitamos con urgencia que el gobierno declare la emergencia en violencia de género. No hace falta mostrar las estadísticas, la realidad y la enorme respuesta en las calles es suficiente para que se tomen cartas en el asunto. Emergencia ya. Es nuestro reclamo, es nuestra urgencia”.
Las legisladoras del FIT vienen reclamando medidas urgentes al Estado y presentaron en la legislatura un plan integral que contempla un régimen de asignaciones para las mujeres en situación de violencia; refugios transitorios y plan de viviendas; licencias laborales en el Estado y en privados; equipos interdisciplinarios para el acompañamiento y asesoramiento de las víctimas; registro único de casos, puesta en marcha del Observatorio en violencia contra las mujeres para contar con estadísticas reales; capacitación en perspectiva de género para todos los efectores públicos y la asignación presupuestaria necesaria para llevar adelante las medidas bajo control de las organizaciones de mujeres.
Este plan de emergencia en violencia de género propuesto por el FIT nunca fue tratado mientras el gobierno anunció que sólo destinará el 0.03% del presupuesto provincial al área de género, lo que equivale a $30 por mujer.
Por estos días se conocen los aberrantes casos de abusos sexuales a menores y jóvenes sordomudos, cometidos por curas católicos en la provincia. La bronca se multiplica al saber que en el presupuesto 2017 a la Secretaría de Culto se le asignaron casi $170 millones para repartir entre 140 arzobispos/obispos, 640 sacerdotes y 1200 seminaristas.
El contraste habla por sí solo. La absoluta vulnerabilidad en la que viven (y mueren) las mujeres mendocinas, es responsabilidad del Estado. | 
