Esta semana ha escalado enormemente la presión de la UE y el FMI hacia el gobierno griego, con discursos que no se escuchaban desde la firma del tercer memorándum, en julio de 2015. Son nuevos chantajes y aprietes para imponer más ajustes a los pensionistas y trabajadores, que ya llevan años soportando el peso de la crisis.
Todo comenzó hace unos días, cuando el gobierno de Syriza anunció una medida social modesta que, a pesar de no romper con los compromisos fiscales, desató la ira de los integrantes de la Troika + 1 (UE, BCE, FMI y MEDE).
El gobierno propuso utilizar 617 millones de euros del superávit del 2016 para realizar una paga extra de fin de año a los 1,6 millones de pensionistas que cobran menos de 850 euros, una medida elemental, aunque parcial, frente al deterioro de vida de este sector. Al mismo tiempo, anunció que bajaría unos puntos el IVA en las islas más afectadas por la llegada masiva de inmigrantes y refugiados.
A pesar de que los acreedores reconocieron que estas medidas no afectan el cumplimiento de las estrictas medidas fiscales, dijeron que reducían el “margen de seguridad” de que se seguirá cumpliendo a rajatabla los próximos años. Lo que más molestó, según varios analistas, fue el carácter inconsulto de la medida, ya que en julio de 2015 Alexis Tispras se comprometió a no tomar ninguna medida “unilateral”, es decir, sin no decidir nada sin previa aprobación de la Troika.
Como represalia frente a la decisión del gobierno griego, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), decidió congelar las medidas “para aliviar la deuda griega” que se habían acordado a principios de diciembre. El mensaje es claro: seguirá apretando la soga a los pensionistas y trabajadores griegos, si el gobierno pretende salirse mínimamente del guion establecido.
En este marco, Tsipras se reunió el jueves con varios dirigentes europeos, en los pasillos de la cumbre de líderes en Bruselas, y el viernes se encontró a solas con Ángela Merkel. Las tensiones con Grecia mostraron a una UE dividida, con Alemania sosteniendo una política dura de “negociación cero”, mientras Hollande -profundamente desprestigiado en su país y en una crisis aguda a final de su mandato- hizo algunas declaraciones para que no se siga aumentando la presión sobre Grecia. Las negociaciones no han terminado, y continuarán los primeros meses del próximo año.
Un gobierno debilitado y una oposición desprestigiada
Las últimas encuestas indican que Syriza podría perder las elecciones si se realizaran en este momento, aunque cuenta a su favor con el hecho de que en la oposición parlamentaria no hay un partido que pueda ser una clara alternativa para formar gobierno. En este contexto, la limitada medida “social” de Syriza hacia los pensionistas fue apoyada por la mayoría de la oposición en el Parlamento, ya que todos buscan recuperar algo de credibilidad perdida.
Desde que Syriza llegó al gobierno se transformó en agente de las políticas de la Troika, avanzando con el plan de privatizaciones, recortes y ajustes. El compromiso de no tomar ninguna medida sin la aprobación de los organismos financieros y la UE significó la entrega directa de gran parte de la soberanía del propio Estado griego. Después de un año y medio de cumplir al pie de la letra las directivas imperialistas, Tsipras intentó recuperar un mínimo de “juego propio”, pero se chocó con las condiciones del “pacto de coloniaje” que él mismo aceptó e impuso, contra la voluntad de la mayoría de la población que votó “No” en el referéndum.
Hace una semana, las centrales sindicales del sector público y privado convocaron a la quinta huelga general bajo el gobierno de Syriza, una muestra que los trabajadores griegos no están dispuestos a aceptar sin lucha la liquidación de todas sus conquistas. El escenario del 2017 está abierto y todo indica que se preparan nuevos enfrentamientos. | 
