El presidente Michel Temer anunció un paquete de medidas económicas para, según declaró durante los anuncios, “reactivar la economía”. Bombardeado por los malos resultados de la economía divulgados a lo largo de la semana y por las incesantes acusaciones originadas a partir de las denuncias de la Operación Lava Jato, Temer busca mostrarse funcional a los empresarios con una serie de medidas que en teoría buscan generar empleo pero en realidad favorecen a las empresas.
Cuestión que queda en evidencia al observar que la principal medida presentada es el fin gradual de las multas que los empleadores deben pagar al despedir sin justa causa. A pesar de la poca atención que los medios masivos tradicionales brindaron a esta medida, se trata de un profundo ataque a los trabajadores pues a partir de ahora estarán más amenazados por el fantasma de los despidos.
Cualquiera que conozca la realidad de los empleos más precarizados, de ramas y sectores tercerizados como los operadores de telemarketing o los trabajadores de limpieza, saben que el fin de la multa por despidos es un respaldo para que los patrones puedan aumentar la presión sobre los trabajadores, pues estas empresas muchas veces evitan despidos para no asumir los costos. Con los cambios propuestos, los patrones contarán con mayores facilidades para despedir y sustituir a los trabajadores despedidos por otros con salarios más bajos, presionados a aceptarlos por el alto desempleo que asola al país y que el gobierno ilegitimo de Temer pareciera se esfuerza en superar.
El equipo económico de Temer, consciente de que esta propuesta causará una onda de despidos sin precedentes, propone el fin gradual de la multa: 1% al año hasta que sea extinguida completamente. Sin embargo, la reducción del 1% ya puede ser suficiente para incentivar una nueva tanda de despidos, especialmente en aquellos sectores tercerizados.
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Las patronales insatisfechas
Más allá del fin de la multa por despidos sin justa causa, el gobierno de Temer presentó otras propuestas, en su gran mayoría favorables a las patronales. Una de ellas permitirá que las empresas con capital de hasta R$300 millones puedan ser encuadradas como pequeñas empresas y tener acceso a condiciones especiales del crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), aumentando el número de burgueses que sacarán provecho de los recursos públicos.
Otras medidas, son los permisos para el refinanciamiento de las deudas con el gobierno, el lanzamiento de nuevos sistemas de facturación a nivel nacional, nuevos sistemas para el pago de impuestos laborales y jubilatorios y medidas de incentivo al crédito.
La única medida que afecta beneficiosamente a los trabajadores es el pequeño aumento en el ingreso del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS), que pasará del 3% por mes a casi el 6%. La liberación del uso de los recursos del FGTS para personas endeudadas, medida que fue evaluada por el gobierno y que podría ayudar a miles de trabajadores atrapados por la crisis económica, quedó excluida para evitar generar fricciones con los magnates de la construcción que no quieren que el trabajador use esos fondos disponibles para otros destinos, ya que el crédito inmobiliario vía el FGTS ha sido una de las principales fuentes de financiamiento.
A pesar de todo este esfuerzo para mostrarse como un presidente útil a la burguesía y los ajustes que le exigen, el paquete económico fue recibido con frialdad por los analistas de mercado y economistas. Alexandre Schwatzman, ex director del Banco Central y uno de los economistas predilectos de las patronales declaró que el efecto del paquete es "insignificante" y que "representa más un esfuerzo de relaciones públicas que cualquier otra cosa”. El especialista en finanzas públicas, Raul Velloso, fue aún más crítico: "Podemos llamarlo un paquete de menudencias porque no impulsa nada. ¿Cómo es posible que el gobierno ande con chucherías cuando la economía está deprimida y necesita miles de millones para reconstruirse?".
En medio de la peor crisis económica de los últimos treinta años y la mayor crisis institucional desde el golpe de 1964, Temer tiene dificultades para mostrarse como una alternativa viable y su creciente falta de apoyo viene exponiendo esta "crisis de confianza" entre Temer y la clase que lo instaló en su cargo actual.
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La crisis se profundiza y sólo los trabajadores pueden dar una salida que defienda sus intereses. Esto requiere un programa que sea independiente tanto de la burguesía golpista como del petismo que busca recomponerse, que no enfrentó el golpe y que a través de su influencia en los sindicatos mantienen la tregua negándose a organizar un plan de lucha contra las medidas y el gobierno. Es necesario que las centrales abandonen su parálisis y pongan sus fuerzas para organizar una huelga general, e imponer con la movilización una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para cambiar las reglas de juego, poner al frente las demandas de los trabajadores, de la juventud y del pueblo pobre, cuestionando de fondo a la casta de políticos privilegiados y todo este régimen político. | 
