Al cumplirse otro aniversario más de la masacre del puente General Belgrano, es oportuno recordar que la lucha del pasado es la lucha del presente y del futuro. Segunda entrega.
Terragno, el ministro del Interior Storani y el designado interventor de Corrientes, Mestre
El presidente, el ministro del Interior, el juez y el gendarme
En diciembre de 1999 la clase trabajadora correntina no percibía sus haberes desde hacía cinco meses; la provincia, cuyo grado de corrupción en el pasado había llegado a niveles de escándalo y estaba gobernada por una administración de transición, no podía hacer frente a los reclamos y solicitaba urgentemente fondos al Estado Nacional, y el flamante gobierno del presidente recientemente asumido, Fernando De la Rúa, exhibía una alarmante falta de reacción frente a esta situación, en una tesitura que luego se demostraría habitual y que conllevaría el abandono apresurado del poder tan sólo dos años después. Todo esto, en el marco de la discusión en el Congreso de la inminente intervención federal a la provincia litoraleña, la cual prometía encauzar la situación una vez que se produjera el desalojo del puente. Era por tanto evidente que cualquier intento de desalojo por la fuerza sería, cuanto menos, peligroso. Desde distintos sectores del establishment económico y empresario y desde el ala más conservadora y reaccionaria del arco político se alzaban voces reclamando mayor firmeza frente a los cortes de ruta y otras manifestaciones similares de reclamo popular. A partir de ese momento la responsabilidad jurídica del desalojo se transfirió al Ministerio del Interior, ya que el juez ordenó la suspensión del mismo y solicitó al Ministro que adopte las medidas que estime conducentes para encauzar la situación; el Ministerio del Interior, al no ordenar a su vez a las fuerzas federales que aguardasen una orden concreta para actuar estaba dando carta blanca al Comandante Chiappe para que decidiera el momento propicio en orden al desalojo.
El día 17 de diciembre de 1999 el comandante mayor Ricardo Alberto Chiappe ordenó llevar adelante el desalojo. La maniobra, ejecutada por alrededor de 300 efectivos de Gendarmería hacia las 4:00 hs. de la madrugada, fue llevada a cabo con las características de una verdadera acción militar planeada por una fuerza de seguridad profesional, compuesta de tres elementos básicos: el factor sorpresa (pues la operación se efectuó en horario nocturno, violando lo dispuesto expresamente en el Pacto de San José de Costa Rica que prohibe toda represión en ese horario, y en la mayor oscuridad, lograda a través del estallido de la central de energía ubicada en Avenida Costanera), el efecto de disuasión logrado a través de la fuerza represiva (con el uso de lanzagases, de balas de goma y posteriormente de balas de plomo) y el poder logístico necesario para una acción de esa naturaleza, que incluyó la presencia de tres carros hidrantes y un avión de reconocimiento. Se trató sin dudas de un dispositivo preparado minuciosamente para dejar sin reacción posible a los manifestantes que ocupaban el puente a fin de lograr el desalojo del mismo, objetivo conseguido en tan sólo 20 minutos. Pero que no se limitó a producir el desalojo, sino que –al decir de gran cantidad de testigos- incluyó en su accionar la irrupción de las tropas de Gendarmería en los barrios aledaños, la intrusión en los domicilios particulares de algunos vecinos y la instalación de francotiradores –algunos con indumentaria de civil– en los techos de las casas y en las azoteas de los edificios contiguos a la Avenida 3 de Abril. Todo ello, a través de las cadenas televisivas que transmitieron en vivo y en directo las trágicas imágenes de la jornada del 17 de diciembre de 1999. Las numerosas heridas de las víctimas fueron causadas por los disparos intencionales de tiradores dispuestos en las posiciones recuperadas por la Gendarmería Nacional.
La acción oficial frente a la masacre
Cínicamente, el ministro Storani decía a un diario de la Capital Federal (Página/12, 18/12/99, Edición digital) que la directiva de reprimir “era una orden genérica dada originalmente por el Juez. Digo orden genérica porque dejaba la elección de la oportunidad, el momento, en manos del comandante de Gendarmería que estaba operando”. A medida que se difundían las noticias de muertos y heridos, el comandante Chiappe y los funcionarios nacionales, particularmente Storani y Mathov (quienes presuntamente estaban controlando la situación) reaccionaron responsabilizando de los hechos a un grupo de infiltrados entre los manifestantes, y a un número impreciso de tiradores –incluidos algunos menores- que supuestamente disparaban tanto a la multitud como a los gendarmes.
¿Podía confiarse ciegamente en el proceder de un hombre como Chiappe, sindicado por organizaciones de derechos humanos como activo partícipe en los centros de tortura de la última dictadura militar La Perla y Campo de Mayo, en donde se lo conocía por el apelativo de “el francés”? El caso de Chiappe es paradigmático, aunque no es el único: en 1997, la dotación de Gendarmería enviada para reprimir a los docentes y petroleros neuquinos fue comandada por el comandante mayor Eduardo Jorge, ex responsable del mayor centro de extermino de la provincia de Tucumán gobernada por el general Domingo Antonio Bussi. Su actuación fue descripta en el legajo 6667 de la CONADEP. Chiappe, Jorge y otros gendarmes de alta graduación denunciados por violaciones a los derechos humanos conformaban en 1999 el cuadro principal de la oficialidad de Gendarmería Nacional.
La sociedad argentina ha vivido uno de los capítulos más aberrantes de nuestra historia: la consagración absoluta de la impunidad para los responsables de la trágica jornada vivida por los correntinos –y los argentinos todos- el día 17 de diciembre de 1999. Ese día, un estado presuntamente democrático propició, directa o indirectamente, la muerte de dos de sus ciudadanos y los intentos de dar muerte a otros veintiocho. Posteriormente, el mismo Estado –a través de los órganos encargados de administrar justicia- ignoró los constantes reclamos de esclarecimiento de los hechos, pretendiendo desconocer lo sucedido y menospreciando la memoria de los correntinos al no proceder a una investigación judicial seria, exhaustiva e imparcial.
La asunción de De la Rúa en 1999
La denegación de justicia
Ante la falta de respuesta del poder judicial argentino, en un vergonzoso proceso judicial en el cual no se recepcionó hasta el día de hoy una sola declaración de imputado, las víctimas de la masacre denunciaron en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denegación de justicia por parte del Estado Nacional Argentino. Luego de numerosas idas y venidas, recién el 17 de septiembre de 2007 el Estado comunicó a la CIDH el ofrecimiento de arribar a una instancia de diálogo con los peticionarios. El 18 de octubre de 2012, finalmente, se suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa que luego diera lugar al Decreto Presidencial Nº 948 por el cual se reconoce la responsabilidad del Estado Nacional Argentino por la violación de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica). Amén de que se encuentra bajo estudio, conforme se conviniera en el referido instrumento, la determinación de las reparaciones pecuniarias a los peticionarios, la impunidad criminal por los hechos de la masacre del 17 de diciembre de 1999 sigue en pie, no obstante se comprometiera el gobierno de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a dar impulso a las investigaciones en tal sentido. Ello no ha ocurrido y se presume que no ocurrirá en la actual administración del presidente Mauricio Macri, habida cuenta de que su “política sobre derechos humanos” tiende más bien a profundizar la represión y criminalización de la protesta social, así como la persecución de los militantes sociales.
Al cumplirse otro aniversario más de la masacre del puente General Belgrano, es oportuno recordar que la lucha del pasado es la lucha del presente y del futuro, y ello nos lleva de los autoconvocados correntinos al conjunto de los trabajadores y los cientos de miles de oprimidos y marginados por el capitalismo. Por ello, hay que tener presente la experiencia y el legado de la clase trabajadora correntina, surgida al calor de revueltas, debates, asambleas, vivencias concretas de real y genuino fervor de transformación social, como la toma del puente General Belgrano cuyo trágico saldo nunca se olvidará.
