En la jornada del viernes, la diputada saliente del PTS –FIT y dirigente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, se presentó en el Juzgado Federal N° 7 a cargo de Sebastián Casanello, para brindar testimonio en la causa conocida como “Proyecto X”, a raíz de la ampliación que Bregman y Alejandrina Barry, que integra también aquel organismo, realizaran en el mes de octubre tras la denuncia que diera a conocer el periódico Ambito Financiero, acerca del espionaje practicado por miembros de Gendarmería Nacional Argentina contra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y los dirigentes del PTS de Jujuy, Alejandro Vilca y Natalia Morales, que se abocaban a organizar una actividad en aquella provincia para denunciar el estado policíaco constituido por el gobierno de Gerardo Morales en esa provincia.
A los múltiples ataques denunciados en aquella ocasión por numerosos sectores de la provincia, y la continuidad de la prisión preventiva a Milagro Sala (hoy enjuiciada por un escrache al actual gobernador del que ni siquiera participó), se sumaron una serie de advertencias y amenazas a quienes habían organizado aquella actividad desarrollada los días 9 y 10 de septiembre, y una carta intimidatoria de los dueños del Ingenio Ledesma dirigida a Bregman por su denuncia en la Cámara de Diputados del rol de ese poderoso grupo empresario en la aplicación del plan genocida en la provincia en la década del ‘70.
El Proyecto X, denunciado originalmente en 2011, e implementado por Gendarmería Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación del gobierno kirchnerista, constituye una base de datos donde miembros de esa fuerza, centralizaban numerosos informes de inteligencia en torno a dirigentes obreros, políticos, de los derechos humanos, y amplios sectores de activistas.
La información recabada con el Proyecto X, tal como denunciaron en dicha ocasión el abogado Agustín Comas del CEPRODH y Bregman, se “blanqueaba” a través de causas judiciales contra algunos de estos luchadores sociales al encabezar medidas de protesta en las calles, como sucedía con delegados de Kraft Terrabusi, que llegaron a tener hasta 13 causas penales en su contra por encabezar acciones de lucha.
En los últimos años se evidenció escasa voluntad política y de la justicia federal en el avance de la investigación, con resoluciones favorables a investigar la inteligencia ilegal desarrollada, pero que dejaron la causa sin imputados, tras una primera imputación de dos agentes de Gendarmería que se infiltraban en protestas fingiendo ser periodistas para identificar manifestantes.
Un ejemplo grosero de ello: en momentos en que (mal y tarde) se disponía el allanamiento de dependencias en Campo de Mayo donde se almacenaba la información obtenida ilegalmente, dicha unidad fue colmada, por decisión del Secretario de Seguridad Sergio Berni, con decenas de manifestantes sociales detenidos (incluyendo niños) tras una protesta en la Autopista Panamericana, en una medida tan repudiable como inaudita, dado que esa dependencia militar no encerraba detenidos civiles desde cuando allí funcionaba uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país durante la dictadura.
Según la nueva denuncia publicada en octubre pasado por Ámbito Financiero, los informes recabados ilegalmente, por ejemplo en torno a las actividades del CEPRODH y otros organismos en Jujuy, son remitidos al Edificio Centinela que Gendarmería posee en la Ciudad de Buenos Aires, y al Ministerio de Seguridad de la Nación comandado por Patricia Bullrich.
En la declaración testimonial de Bregman que tuvo lugar ayer se destacó que, a diferencia de lo dictaminado por el fiscal Gerardo Pollicita tras la última denuncia, si bien los espías no necesariamente asignen un título a la inteligencia ilegal que realizan, estos nuevos hechos denunciados guardan plena identidad con aquellos que periodísticamente se conocieron en 2011 como Proyecto X, más allá de que entonces tampoco los informes ilegales eran calificados de ese modo por quienes los generaban, sino que dicha denominación tomó el nombre de uno de los modos establecidos por las autoridades policiales para introducir la información a las bases de datos.
El testimonio además dio cuenta de la persecución e intimidación sufrida por algunos diputados que llegaban el 9 de septiembre a la ciudad de San Salvador a recibir denuncias de los sectores perseguidos en la provincia, como fue el caso de Araceli Ferreyra (Mov. Evita) y de Raúl Godoy (PTS- FIT Neuquén), que debieron padecer, pese a sus fueros parlamentarios, exhaustivas requisas personales y de los automóviles en que se trasladaban. |
