Se trata de seis personas, una niña, un adolescente y el resto adultos, a los que “se busca proteger su derecho constitucional a la libertad personal y seguridad individual”, según señala el organismo.
El recurso de protección se presentó a raíz de los hechos sucedidos el 15 de noviembre pasado, cuando centenares de personas se manifestaban en apoyo a los presos políticos mapuche en la ciudad de Cañete, cuando fueron violentamente reprimidos por carabineros.
Entre otras cosas, se acusa el disparo de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de las personas que se manifestaban, además de una persona que “fue duramente golpeado y luego detenido cuando se disponía a defender a una de las asistentes a la manifestación, quien era víctima de maltrato por parte de efectivos policiales”.
Una niña de solo 5 años quedó traumatizada, luego de ver como carabineros golpeaba a su madre, mientras que un trabajador ambulante con discapacidad fue “apuntado por el carro lanza aguas recibiendo en forma directa, en su cuerpo y silla de ruedas, el chorro de agua que lo dejó completamente empapado y con temor por su integridad”.
Otro de los graves casos es el de un adolescente de 17 años, que fue “detenido, golpeado y presionado para que se “autoinculpara” de ser el responsable de una supuesta sustracción de un arma de servicio a un funcionario policial durante la manifestación, además de amenazado de que “le iban a cargar municiones” si no asumía su responsabilidad en la pérdida del arma. Luego de verificar su identidad, un funcionario policial le dice “¿por qué no dijiste que no erai mapuche?”. Fue dejado en libertad con múltiples lesiones en su cuerpo”. Dando cuenta del actuar represivo y racista de los funcionarios.
El INDH criticó el actuar de carabineros y señaló que se trata del “uso excesivo de la fuerza (uso desmedido de medios disuasivos sin tomar resguardos) y fueron ejecutadas al margen de la legalidad y de los derechos consagrados a los amparados en la Constitución Política y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados y vigentes en Chile”.
Estos hechos no son nuevos, ya que en múltiples ocasiones se han realizado denuncias contra la violencia ejercida por funcionarios de la institución en diversas manifestaciones, donde se golpea, reprime, encarcela y amenaza a los que luchan por sus derechos. | 
