A Dayana Gorosito su pareja la obligó a parir en un descampado de Unquillo la madrugada del último 19 de mayo. Luis Oroná se llevó a la hija de ambxs y a los pocos días la beba recién nacida apareció muerta por hipotermia en su casa. Desde entonces Dayana está presa en el penal cordobés de Bouwer acusada de “homicidio calificado por el vínculo” por omisión. Otra vez los engranajes del sistema de administración de justicia se activan con rapidez para encarcelar a mujeres y juzgarlas como “malas” madres. “No nos parece casual que se la haya acusado por omisión. Es una omisión de los deberes de madre. Se la juzga por que no pudo hacer nada para evitar la muerte de la beba, pero la fiscalía no tuvo en cuenta el contexto de violencia en el que parió y que vivía antes del parto”, dijo Melina Canesini a La Izquierda Diario, una de las abogadas que lleva adelante la defensa de la joven. El movimiento de mujeres organizado está reclamando su libertad a través de la campaña #LibertadParaDayana.
El caso de Dayana no es aislado, se repite calcado en otras historias. Forma parte de una trama común que solo mira con la lupa de la moral a las madres y no busca las huellas previas de la violencia machista que vivían estas mujeres antes de que sus hijas murieran. En muchos casos se trata de femicidios vinculados que no se nombran como tales y quedan solapados bajo eufemismos judiciales que criminalizan a las propias madres. En Buenos Aires, Yanina González y Celina Benitez son ejemplos de casos similares. Las dos vieron morir a sus bebas de dos años, Lulú y Milagros, en manos de sus parejas, varones violentos que las maltrataban. Ambas fueron acusadas por la misma fiscal: Carolina Carballido Calatayud, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género del Partido de Pilar, por “abandono de persona”. El acompañamiento del movimiento de mujeres logró revertir sus causas injustas.
Dayana, que ahora tiene 20 años, vivía con los Oroná desde los 15. Se había ido de su casa familiar por una situación de maltrato. Hace tres años tuvo a su primer hijo, Luisito, al que no ve desde que está presa. Este segundo embarazo estuvo marcado por la violencia machista: su pareja no creía que esa hija que ella llevaba en la panza era de él. El ensañamiento fue cada vez más feroz, hasta que Oroná la obligó a parir en la intemperie bajo amenazas.
La madrugada del 19 de mayo Dayana empezó con el trabajo de parto. Agarró su bolsa y sola caminó hasta el dispensario que había a unas cuadras. En ese trayecto Oroná la interceptó y le mintió: le dijo que la iba a llevar al hospital. La forzó a parir en un baldío y se llevó a la beba recién nacida. Ella volvió a su casa dos horas después con hemorragias y dolores. Su hija no estaba y Oroná le pidió, bajo amenazas, que sostuviera una ficción: que dijera que había parido en el Hospital Rawson de Unquillo y se la habían sustraído.
Mientras la familia de Orona sostenía la ficción de la búsqueda de la beba en apariciones mediáticas y denuncias policiales, Dayana soportaba las consecuencias de un parto sin asistencia médica ni el acompañamiento necesario. A los diez días fue al Hospital en busca de ayuda y sin solución de continuidad terminó en una celda del establecimiento penitenciario Nº3.
La fiscal Liliana Copello imputó a Dayana bajo la figura de "homicidio calificado por el vínculo". Luego, la fiscalía de instrucción de Violencia Familiar de Primer Turno, a cargo de María de las Mercedes Balestrini, pidió la elevación a juicio y el juzgado de Control 6 confirmó el pedido. Pero la defensa de Dayana apeló y ahora la Cámara de Acusación es la que tiene que resolver. Mientras tanto, Oroná también está preso acusado por homicidio agravado por el vínculo.
“La fiscalía no escuchó la voz de Dayana. Solo hizo caso a la familia Oroná. Estamos esperando que la Cámara resuelva pero, de todos modos, vamos a hacer un pedido formal de libertad. Dayana tiene que estar en libertad porque es inocente”, dijo la abogada Melina Canesini a La Izquierda Diario.
Doble castigo
Desde que está detenida, Dayana no ve a su hijo Luisito de tres años, su única familia. Hace 150 días que su único contacto es con el equipo de abogadxs que la está acompañando.
La detención de Dayana y el alejamiento de su hijo es un doble castigo para ella. Los estándares internacionales referidos a la situación de mujeres privadas de libertad embarazadas o que son madres de chicxs pequeñxs se han introducido y reglamentado, parcialmente, en el ámbito nacional por medio de la sanción de la ley Nº 26.472. La justicia puede disponer el arresto domiciliario para las mujeres embarazadas, para las madres de niñxs de hasta cinco años de edad, o que tengan a cargo a personas con discapacidad.
En su reciente evaluación del compromiso de los acuerdos internacionales, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) llamó la atención al Estado argentino respecto a las mujeres encarceladas. Los representantes del gobierno nacional reconocieron ante la CEDAW que en Argentina no se cumplen con las Reglas de Mandela, las normas mínimas de Naciones Unidas para personas detenidas.
La red de mujeres de vecinas de Unquillo que se acercaron al caso de Dayana fueron clave para poder empezar a empujar el pedido de justicia. Fueron ellas quienes llevaron la causa al equipo de abogadxs que ahora la defiende. También conformaron la mesa de trabajo para la #LibertadParaDahyana y abrieron una página en Facebook y en Twitter para poder difundirlo.
Este lunes la defensa de la joven presentará en los Tribunales de la provincia un petitorio y por la tarde, habrá una acción de visibilización en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba. Además en las redes sociales se hará una acción a través de un twittazo al mediodía. | 
