Parte de quienes integraron la Concentración Nacional Universitaria (CNU) están siendo juzgados por ser considerados ideólogos y asesinos de estudiantes, profesores y profesionales en lo que se conoció como el “cinco por uno” tras la muerte de Ernesto Piantoni el 20 de marzo de 1975. Constituye el primer juicio en la ciudad donde ocho civiles y un militar retirado son juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos antes del último golpe cívico-militar-eclesiástico en Argentina.
La CNU fue una organización peronista de ultra derecha que comenzó a organizarse en La Plata a fines de la década del ‘60 y tuvo réplicas en Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata. Su objetivo fue eliminar a “la sinarquía comunista marxista”, según lo sostuviera su mentor Carlos Alberto Disandro. Esa caracterización englobaba a todo el arco de la izquierda, fuera dentro de “la tendencia” peronista o de sectores revolucionarios. Estuvo integrada por intelectuales, profesionales que le daban el marco ideológico y al mismo tiempo las órdenes a los operativos (lúmpenes) que marcaron a fuego y sangre el sello: cuerpos a la vera de rutas o caminos con muchísimos impactos de bala para mandar un mensaje claro a la sociedad. La impunidad se la dio su vínculo con la policía (liberaban zonas), militares (les daban armas) e integrantes de la justicia (no los investigaban o liberaban sin mayores trámites judiciales).
El juicio
El debate oral y público comenzó el 8 de junio del 2015 bajo la carátula de asociación ilícita y asesinatos, según lo definió el juez federal Santiago Inchausti al elevar la causa a juicio oral. El Ministerio Público Fiscal (MPF) está representado por el Dr. Daniel Adler, la Dra. Laura Mazzaferri y la Dra. Eugenia Montero.
A los aportes de los casi 200 testigos (tanto del MPF, las querellas y las defensas), publicaciones de la época en diarios o revistas, se sumó el material que acercó la Comisión Provincial por la Memoria con la desclasificación de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Allí se plasma tanto la existencia como el accionar de la organización parapolicial y paramilitar CNU y el rol de alguno de sus integrantes tanto en los años que son el objeto de proceso como los posteriores. Los informes de la DIPBA se iniciaron el 1940 y se extendieron hasta 1998.
Los acusados de los hechos son: Juan Pedro Asaro; Raúl Arturo Viglizzo; Juan Carlos Asaro; Raúl Rogelio Moleón; Mario Ernesto Durquet; Fernando Alberto Otero; Roberto Justel; José Luis Granel y Gustavo Modesto Demarchi. Resaltamos que Luis Roberto Coronel y Marcelo Arenaza fallecieron en el transcurso del juicio.
Los hechos: secuestros y asesinatos
Los casos por los que son juzgados incluyen a ocho víctimas de delitos de Lesa Humanidad. En la madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio del líder de la CNU en Mar del Plata, Ernesto Piantoni, un grupo armado irrumpió en la vivienda de España 856 en venganza por esa muerte. Enrique Elizagaray era el referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y esa noche estaba en la casa de sus tíos, la familia Videla. Cuando llegó el grupo armado intentó escapar por los techos, pero una ráfaga de balas lo alcanzó y murió de inmediato, tras recibir 23 impactos. Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. Sus cuerpos fueron hallados en el paraje Montemar. Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo 27, y su padre Jorge, 33.
Esa misma madrugada, un grupo de personas jóvenes armadas con ametralladoras secuestró al cirujano Bernardo Goldemberg de su casa ubicada en Falucho 3634, en presencia de su esposa. Su cadáver fue luego hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala.
El 25 de abril de 1975, sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo, se encontró un Peugeot 504 gris íntegramente quemado. En el asiento trasero se encontraba el cuerpo calcinado del contador público Daniel Gasparri. A unos metros, estaba tendido el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Stoppani con innumerables impactos de bala. Otra de las víctimas fue María del Carmen Maggi. Un grupo armado de civil secuestró a la decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica el 9 de mayo de 1975. Cuando apenas había pasado un mes de su secuestro, y aunque el cuerpo aún no había aparecido, se ordenó el archivo del sumario judicial. Y aunque su cadáver fue encontrado –de manera casual- en cercanías de la laguna de Mar Chiquita un día antes del Golpe Militar, la investigación no prosperó. Gustavo Demarchi era el fiscal federal que debió investigar todos los hechos y no lo hizo.
El tribunal y los pedidos de penas
Los jueces que llevan adelante el debate oral y público son Víctor Bianco, Luis Imas y Alfredo Ruiz Paz que llegan cada quince días desde San Martín. Éste último era juez sustituto pero tras la renuncia de Elvio Osores Soler ocupó su lugar en el tribunal. Osores Soler en dos ocasiones presentó un certificado médico por problemas de salud (hipertensión arterial y trombosis retiniana) que derivó en que doctores le recomendaran evitar volar y como el tiempo de recuperación se extendía por fuera de los plazos fijados en el Art. 365, inciso 4º del Código Procesal Penal (10 días hábiles como máximo) dejó su lugar pese a planteos de que siguiera por videoconferencia las audiencias.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró en su alegato que con los testigos que comparecieron, la prueba documental aportada y las defensas materiales, puede afirmarse que no sólo los hechos han ocurrido sino que puede concluirse que la responsabilidad es de los acusados. El Dr. Daniel Adler, en las primeras jornadas sostuvo que “a partir de marzo del ’75 esta ciudad se convirtió en un desierto temeroso” y agregó que el significado de este juicio es una suerte de ratificación de un “Nunca Más de la violencia política paraestatal y paramilitar en las democracias debilitadas”.
Tanto el MPF como las querellas coincidieron en el pedido de pena para todos los acusados, sea por la asociación ilicita, los asesinatos o ambas. Para Gustavo Modesto Demarchi se pidió la pena de prisión perpetua, como jefe y organizador de esa asociación ilícita y coautor de los homicidios conocidos como "el 5x1", que tuvo como víctimas a Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorque Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, y la privación ilegítima de la libertad y posterior asesinato de María del Carmen Maggi. La misma pena se requirió para Mario Ernesto Durquet, acusado además de ser coautor de la asociación ilícita, por los homicidios del 5x1, de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, y de Maggi, previo secuestro violento.
A Juan Pedro Asaro se le requirió también prisión perpetua por la privación ilegítima de la libertad de Maggi y su posterior homicidio; mientras que a Raúl Rogelio Moleón se lo acusa de ser coautor de los homicidios de la noche del 5x1, al igual que a Raúl Arturo Viglizzo.
En tanto para Fernando Alberto Otero (militar retirado) se requirió la pena de prisión perpetua como partícipe de todos los homicidios juzgados pero no se lo acusó por la asociación ilícita porque ya fue condenado tras su participación en el crimen del diputado Ramón Rojas en San Juan. En aquella ocasión fue ultimado Carlos “flipper” Gonzáles (operativo) y Otero apresado. Se los encontró con tarjetas firmadas por Gustavo Demarchi, en aquellos años fiscal federal.
En tanto que José Luis Granel, Juan Carlos Asaro y Roberto Alejandro Justel son signados como coautores del delito de asociación ilícita y el pedido de penas es de nueve, cuatro y seis meses y 3 años, respectivamente con la inmediata detención.
Llegamos al momento en que el tribunal deberá exponer su valoración de las pruebas objetivas, los testimonios de los testigos, los alegatos y defensas materiales. Será el martes 20 de diciembre desde las 9 en el TOF1 (Av. Pedro Luro 2455) cuando los imputados hagan uso de las últimas palabras y luego -según lo expresó el presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz- le seguirá la deliberación de los jueces y si no surge “alguna medida para mejor proveer” se escuchará el fallo.
Desde HIJOS Mar del Plata y otros organismos de derechos humanos, están convocando a la comunidad marplatense a hacerse presentes en el tribunal desde las 8:30 hs para exigir cárcel común perpetua y efectiva para los integrantes de la banda para-militar.
| 
