A partir de la presentación de un oficio por parte de la defensa de la acusada Milagro Sala se podría postergar la sentencia que se esperaba para este miércoles, ante la falta de respuestas del mismo gobernador Morales. Lo que comenzó como un juicio producto de una farsa persecutoria, cada vez se vuelve más escandaloso.
El proceder de la querella muy floja de papeles, encabezada por el mismo gobernador Gerardo Morales, el actuar de los jueces y el presidente del Tribunal desconociendo el derecho a legítima defensa, a los gritos, entre otros episodios de lo que se ha transformado en un bochorno jurídico que confirma no solo la impericia de los jueces, sino que se trata de una Justicia armada a la medida del gobierno.
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“Pudimos presentar un informe en el que consta que desde el mes de septiembre está trabajando, ni más ni menos, que para la gobernación de Jujuy –explicó la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta-, en relación a René Arellano, el testigo que el primer día del juicio afirmó haber compartido una reunión con Sala en que la dirigente social organizó el escrache contra Morales. Y en la audiencia ante los jueces Arellano negó trabajar para la gobernación de Morales. Algo que se corroboró contrario y que pone de manifiesto que Arellano declara a favor de su empleador porque tiene un interés particular”, afirmó Alcorta.
“Lo que uno demuestra con esta nueva prueba es que Arellano miente”, agregó la letrada, y recordó que es el único testigo que declaró en contra de Milagro Sala y que durante su testimonio se le preguntó en dos ocasiones dónde trabajaba y respondió que lo hacía en una cooperativa. Incluso Paula Álvarez Carreras, también abogada de la defensa de Sala, le hizo una pregunta específica respecto a si trabajaba en el Estado y Arellano respondió que no.
La respuesta del oficio presentado por Alcorta está en manos, ni más ni menos, que del gobernador Morales querellante en la causa contra Sala. El mismo tiene que certificar, si es cierto o no, que el testigo Arellano es empleado suyo, como denunció la defensa.
Esta situación pone en aprietos, aún más, a Morales que hasta ahora tuvo en Arellano su principal testigo para incriminar a Sala en un escrache en el que la acusada no estuvo presente como confirmaron todos los testigos.
Servicios de Inteligencia detienen a militantes
Pero el escándalo de este juicio se esparce por las instituciones de gobierno. Los servicios de inteligencia provinciales en el día de ayer detuvieron a dos militantes de la Tupac Amaru que estaban en la manifestación de apoyo a Sala fuera del juzgado (TOF). Esto ocurrió a sólo dos semanas de otro hecho que conmocionó al país como fue el asesinato del interno joven Nelson Cardozo, sobrino de un dirigente de la Red de Organizaciones Sociales, también detenido en el Penal de Gorriti por negarse a declarar contra Sala.
A plena luz del día un grupo de servicios de inteligencia con ropa de civil detuvo a dos militantes de la Tupac Amaru. Se trata de Gustavo Flores y Enrique Cruz, quienes fueron subidos a una camioneta de la policía a plena luz del día y a metros del TOF ubicado en las calles céntricas de la Capital jujeña, informaron abogados de Sala.
El accionar impune de los servicios de inteligencia no parece tener fin. En el día de ayer a partir de las declaraciones de Jorge Fabio Zerpa, jefe de Trata de Personas y Leyes Especiales de la Brigada de Investigaciones de la policía local en 2009, quedó en evidencia que la Policía de la Provincia efectuó tareas de inteligencia sobre las organizaciones sociales sin contar con una orden judicial y que tampoco pudo fundamentar el motivo de las mismas y quién se las ordenó. Algo que está prohibido por Ley pero que, sin embargo, todos los gobiernos incumplen como denuncian distintos organismos de derechos humanos. Incluso a raíz del espionaje que recibieron en Jujuy cuando realizaron un encuentro en el mes de septiembre pasado.
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Mala jugada
En caso que se dilate la sentencia, como todo parece indicar, se estaría confirmado que la causa de los “huevazos” es una farsa jurídica propia de una persecución política contra Sala. Y como del bochorno no se vuelve la situación para el gobierno de Morales-Haquim se puede tornar cada vez más complicada, puesto que los organismos internacionales, siguen con atenta mirada lo que sucede en la provincia en materia de libertades democráticas avasalladas.
El otro escenario tampoco es bueno. De condenarla a Sala se profundizaría el desprestigio ganado por Morales ante la ONU y la OEA, por lo que en ambos casos, la jugada de Morales con este juicio ya le salió mal. | 
